Fantasmas del carrusel de los alimentos

Dos empresas ambientales con experiencia en reforestación terminaron ganándose un millonario contrato de provisión de alimentos en la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y pasados unos pocos días lo incumplieron. El caso, del que se siguen denunciando irregularidades, se está convirtiendo en un problema político para la administración distrital, por cuenta de las semejanzas que tiene con al menos dos de los casos denunciados por Gustavo Petro a finales de 2010, en el informe que destapó parcialmente el escándalo del cartel de la contratación.

En los últimos días de julio el concejal Juan Carlos Flórez denunció que el Consorcio Alimentación Social 2013 había incumplido la entrega de insumos para preparar comidas y refrigerios en muchos de los 110 jardines infantiles y 17 centros de cuidado a población vulnerable que están a cargo de la Secretaría de Integración Social en siete localidades del occidente de Bogotá. Por esta tarea se había firmado un contrato de $18.253 millones a comienzos de junio.

En su momento, la SDIS admitió las demoras en la ejecución del contrato y el subsecretario Harolh Gómez anunció la apertura de un proceso de seguimiento por posible incumplimiento. Sin embargo, esta semana, durante un debate de control político que se le realizará a la secretaria Teresa Muñoz, el concejal Flórez buscará demostrar que detrás del contrato de crudos —como se llama a los insumos de las comidas— hay más problemas que un simple incumplimiento en la entrega de suministros.

Luego de varias semanas de pesquisas, el equipo de investigadores llegó a Villavicencio, sede la Corporación Ambiente Colombia (Coramcol), una de las dos empresas que conformaron el consorcio. La Fundación Multiactiva Emprendiendo, su socia, fue fundada en 1998 en Cartagena. Dada la poca experiencia que mostraban ambas empresas en la logística del suministro de alimentos y a que, además, la única que acreditaban juntamente era un contrato de reforestación en el departamento de La Guajira, Flórez rastreó el origen de las dos empresas que, durante el proceso de licitación, habían acreditado la experiencia de Corporación Ambiente en el sector alimenticio.

Según consta en las carpetas del proceso licitatorio, Consorcio Alimentar y Cosurmeta, dos empresas con domicilio en Villavicencio, fueron presentadas por parte de Coramcol ante la Secretaría de Integración Social como prueba de su experiencia en el sector. Para ello proporcionó las actas de liquidación de dos contratos para suministro de alimentos, uno firmado con Cosurmeta en 2009 y otro con Consorcio Alimentar en 2011.

Un elemento inicial llamó la atención de los investigadores. Aunque se trataba de dos contratos firmados con dos años de diferencia y con dos empresas distintas, ambas actas de liquidación presentaban un formato y un orden de presentación semejantes, si no iguales. Y además compartían un sospechoso error: como se puede apreciar en el facsímil publicado con este artículo, ambas fueron firmadas por Mario Iván Moreno Corredor, supuesto representante legal de Coramcol, pero según certificado de Cámara de Comercio, el representante legal de esa empresa se llama Mario Iván González Corredor.

Tras los hallazgos en las actas de liquidación, Flórez y sus asesores resolvieron viajar hasta Villavicencio para hacer contacto con ambas empresas. Sin embargo, como se lee en un informe que hará público el concejal esta semana, se encontraron con que la dirección registrada por Consorcio Alimentar queda en Araguaney, un conjunto residencial multifamiliar donde, “según el portero, no hay oficinas de ningún tipo”. De la misma forma, Cosurmeta queda localizada, según consta en el mismo informe, en el Condominio La Fontana.

El Espectador llamó a los teléfonos que aparecen registrados en las actas de liquidación con las dos empresas, pero al cierre de esta edición no había logrado hacer contacto con ninguna de ellas.

“Resulta sorprendente que la Secretaría de Integración Social no haya detectado la serie de irregularidades e inconsistencias en la experiencia específica que certificó Coramcol para ganar el contrato”, asevera el reporte de Flórez.

Si bien las denuncias de Flórez han sido consistentes y reconocidas por la SDIS, un hecho en particular ha extendido un manto de duda y ha sido incluso utilizado por los partidarios de la administración para desestimar las pesquisas del concejal.

Se trata de Lucero Téllez Hernández, una mujer que se presentó durante el proceso de adjudicación del contrato de crudos como veedora ciudadana y que fue la primera en denunciar la falta de experiencia del Consorcio Alimentación Social 2013. De hecho, el mismo concejal Flórez hizo eco de las denuncias de Téllez durante una de las audiencias del proceso de selección abreviada. En él, Téllez advirtió que la razón social de la empresa no correspondía al objeto del contrato y que, como lo ocurrido con Mauro’s Food en el caso de la malla vial, o en el escándalo del contrato de ambulancias, “estas son conductas que en el pasado han originado hechos de corrupción”.

No obstante, poco tiempo después, en la Secretaría de Integración Social se percataron de que la veedora es hermana de Stella Téllez Hernández, dueña de Alimentos Spress, empresa que se presentó a competir en el mismo proceso de selección abreviada para ganarse una de las dos zonas de provisión de crudos.

La aparición de las hermanas Téllez ha enrarecido aún más la discusión en torno a este contrato y le ha permitido a la secretaría y algunos progresistas cuestionar los señalamientos de Flórez y apuntar que detrás de las denuncias de Téllez Hernández se esconden intereses indebidos.

Pero quienes rodean a Flórez aseguran que no conocen a Téllez y que llegaron al problema hace un mes, gracias a los administradores de jardines y hogares de paso que comenzaron a quejarse de que la comida no llegaba. Además cuestionan el que la secretaría, “en lugar de resolver el problema e investigar al contratista, busque desestimar las denuncias de una veedora que ellos mismos reconocieron como tal”.

El Espectador intentó contactar al subsecretario Harolh Gómez, pero al cierre de esta edición había sido imposible. Fuentes extraoficiales de la entidad, sin embargo, le dijeron a este diario que los problemas encontrados en la ejecución del suministro de alimentos hacen parte de las dificultades que ha tenido la administración para desmontar el monopolio que existía en el pasado en la provisión de alimentos en el Distrito.

“Fue esta la razón por la que se liquidó un contrato de crudos que había sido otorgado a dedo al Grupo Torrado en 2009 y se abrió este proceso y dividió en dos zonas, para que más empresas pudieran competir”, aseguró una fuente en la SDIS.

Lo irónico es que mientras la zona uno se le adjudicó al cuestionado Consorcio Alimentación Social 2013, la zona dos de este mismo contrato se la llevó la empresa Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, propiedad del Grupo Torrado, denunciados en el informe de contratación del hoy alcalde Gustavo Petro como dueños del “carrusel de los alimentos” en el Distrito.

El próximo jueves, mientras sigue cocinándose una moción de censura en su contra, la secretaria Teresa Muñoz buscará explicar que detrás de los inconvenientes en la provisión de alimentos en los programas del Distrito se encuentra el esfuerzo de la administración por desmontar los monopolios y carteles que existieron en el pasado. Entre tanto, Flórez buscará recordarle a la secretaria que justamente este proceso tiene los mismos signos de irregularidad que han caracterizado la tenebrosa era de corrupción que ha vivido Bogotá.

jmaldonado@elespectador.com

@donmaldo

Dos empresas ambientales con experiencia en reforestación terminaron ganándose un millonario contrato de provisión de alimentos en la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y pasados unos pocos días lo incumplieron. El caso, del que se siguen denunciando irregularidades, se está convirtiendo en un problema político para la administración distrital, por cuenta de las semejanzas que tiene con al menos dos de los casos denunciados por Gustavo Petro a finales de 2010, en el informe que destapó parcialmente el escándalo del cartel de la contratación.

En los últimos días de julio el concejal Juan Carlos Flórez denunció que el Consorcio Alimentación Social 2013 había incumplido la entrega de insumos para preparar comidas y refrigerios en muchos de los 110 jardines infantiles y 17 centros de cuidado a población vulnerable que están a cargo de la Secretaría de Integración Social en siete localidades del occidente de Bogotá. Por esta tarea se había firmado un contrato de $18.253 millones a comienzos de junio.

En su momento, la SDIS admitió las demoras en la ejecución del contrato y el subsecretario Harolh Gómez anunció la apertura de un proceso de seguimiento por posible incumplimiento. Sin embargo, esta semana, durante un debate de control político que se le realizará a la secretaria Teresa Muñoz, el concejal Flórez buscará demostrar que detrás del contrato de crudos —como se llama a los insumos de las comidas— hay más problemas que un simple incumplimiento en la entrega de suministros.

Luego de varias semanas de pesquisas, el equipo de investigadores llegó a Villavicencio, sede la Corporación Ambiente Colombia (Coramcol), una de las dos empresas que conformaron el consorcio. La Fundación Multiactiva Emprendiendo, su socia, fue fundada en 1998 en Cartagena. Dada la poca experiencia que mostraban ambas empresas en la logística del suministro de alimentos y a que, además, la única que acreditaban juntamente era un contrato de reforestación en el departamento de La Guajira, Flórez rastreó el origen de las dos empresas que, durante el proceso de licitación, habían acreditado la experiencia de Corporación Ambiente en el sector alimenticio.

Según consta en las carpetas del proceso licitatorio, Consorcio Alimentar y Cosurmeta, dos empresas con domicilio en Villavicencio, fueron presentadas por parte de Coramcol ante la Secretaría de Integración Social como prueba de su experiencia en el sector. Para ello proporcionó las actas de liquidación de dos contratos para suministro de alimentos, uno firmado con Cosurmeta en 2009 y otro con Consorcio Alimentar en 2011.

Un elemento inicial llamó la atención de los investigadores. Aunque se trataba de dos contratos firmados con dos años de diferencia y con dos empresas distintas, ambas actas de liquidación presentaban un formato y un orden de presentación semejantes, si no iguales. Y además compartían un sospechoso error: como se puede apreciar en el facsímil publicado con este artículo, ambas fueron firmadas por Mario Iván Moreno Corredor, supuesto representante legal de Coramcol, pero según certificado de Cámara de Comercio, el representante legal de esa empresa se llama Mario Iván González Corredor.

Tras los hallazgos en las actas de liquidación, Flórez y sus asesores resolvieron viajar hasta Villavicencio para hacer contacto con ambas empresas. Sin embargo, como se lee en un informe que hará público el concejal esta semana, se encontraron con que la dirección registrada por Consorcio Alimentar queda en Araguaney, un conjunto residencial multifamiliar donde, “según el portero, no hay oficinas de ningún tipo”. De la misma forma, Cosurmeta queda localizada, según consta en el mismo informe, en el Condominio La Fontana.

El Espectador llamó a los teléfonos que aparecen registrados en las actas de liquidación con las dos empresas, pero al cierre de esta edición no había logrado hacer contacto con ninguna de ellas.

“Resulta sorprendente que la Secretaría de Integración Social no haya detectado la serie de irregularidades e inconsistencias en la experiencia específica que certificó Coramcol para ganar el contrato”, asevera el reporte de Flórez.

Si bien las denuncias de Flórez han sido consistentes y reconocidas por la SDIS, un hecho en particular ha extendido un manto de duda y ha sido incluso utilizado por los partidarios de la administración para desestimar las pesquisas del concejal.

Se trata de Lucero Téllez Hernández, una mujer que se presentó durante el proceso de adjudicación del contrato de crudos como veedora ciudadana y que fue la primera en denunciar la falta de experiencia del Consorcio Alimentación Social 2013. De hecho, el mismo concejal Flórez hizo eco de las denuncias de Téllez durante una de las audiencias del proceso de selección abreviada. En él, Téllez advirtió que la razón social de la empresa no correspondía al objeto del contrato y que, como lo ocurrido con Mauro’s Food en el caso de la malla vial, o en el escándalo del contrato de ambulancias, “estas son conductas que en el pasado han originado hechos de corrupción”.

No obstante, poco tiempo después, en la Secretaría de Integración Social se percataron de que la veedora es hermana de Stella Téllez Hernández, dueña de Alimentos Spress, empresa que se presentó a competir en el mismo proceso de selección abreviada para ganarse una de las dos zonas de provisión de crudos.

La aparición de las hermanas Téllez ha enrarecido aún más la discusión en torno a este contrato y le ha permitido a la secretaría y algunos progresistas cuestionar los señalamientos de Flórez y apuntar que detrás de las denuncias de Téllez Hernández se esconden intereses indebidos.

Pero quienes rodean a Flórez aseguran que no conocen a Téllez y que llegaron al problema hace un mes, gracias a los administradores de jardines y hogares de paso que comenzaron a quejarse de que la comida no llegaba. Además cuestionan el que la secretaría, “en lugar de resolver el problema e investigar al contratista, busque desestimar las denuncias de una veedora que ellos mismos reconocieron como tal”.

El Espectador intentó contactar al subsecretario Harolh Gómez, pero al cierre de esta edición había sido imposible. Fuentes extraoficiales de la entidad, sin embargo, le dijeron a este diario que los problemas encontrados en la ejecución del suministro de alimentos hacen parte de las dificultades que ha tenido la administración para desmontar el monopolio que existía en el pasado en la provisión de alimentos en el Distrito.

“Fue esta la razón por la que se liquidó un contrato de crudos que había sido otorgado a dedo al Grupo Torrado en 2009 y se abrió este proceso y dividió en dos zonas, para que más empresas pudieran competir”, aseguró una fuente en la SDIS.

Lo irónico es que mientras la zona uno se le adjudicó al cuestionado Consorcio Alimentación Social 2013, la zona dos de este mismo contrato se la llevó la empresa Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, propiedad del Grupo Torrado, denunciados en el informe de contratación del hoy alcalde Gustavo Petro como dueños del “carrusel de los alimentos” en el Distrito.

El próximo jueves, mientras sigue cocinándose una moción de censura en su contra, la secretaria Teresa Muñoz buscará explicar que detrás de los inconvenientes en la provisión de alimentos en los programas del Distrito se encuentra el esfuerzo de la administración por desmontar los monopolios y carteles que existieron en el pasado. Entre tanto, Flórez buscará recordarle a la secretaria que justamente este proceso tiene los mismos signos de irregularidad que han caracterizado la tenebrosa era de corrupción que ha vivido Bogotá.

jmaldonado@elespectador.com

@donmaldo