La inesperada visita a las dependencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarilla de Bogotá (EAAB), que este miércoles efectuaron funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, en busca de documentos sobre el nuevo modelo para la recolección de basuras que pretende poner en marcha del alcalde Gustavo Petro, dejó en evidencia que el asunto va más allá de la puja por un negocio que vale $26 mil millones mensuales y que se ha convertido en la manzana de la discordia entre los gobiernos distrital y nacional, cuyas relaciones pasan por su peor momento.
Muestra de esta crisis fue el discurso pronunciado en horas de la noche de este miércoles por el alcalde Gustavo Petro, quien respondió con vehemencia al desafío del Gobierno Nacional, que ha argumentado que la administración distrital está configurando un monopolio e irrespetando la libre competencia para la prestación del servicio de aseo en la capital, discusión que aún hoy no ha concluido (y que no ha habido quién la zanje).
Defendiendo esa premisa, la Superintendencia ingresó al Acueducto. Sin embargo, para varios funcionarios de la administración, consultados por El Espectador, la diligencia se desarrolló de manera “abusiva”, sin aviso previo y solicitando “acceso a los computadores, claves de los correos corporativos y personales, y buscadores”.
No tardó mucho la respuesta del alcalde, quien, al enterarse de la intervención, se desplazó a la sede de la EAAB y, como si se tratara de un acto de defensa de la soberanía, no sólo sesionó allí con su gabinete en pleno, sino que anunció que se quedaría a dormir allí.
Las primeras brisas que presagiaban el agitado huracán político que se desató este miércoles comenzaron a soplar a las 7 de la mañana. Gina Parody, en entrevista con Blu Radio, lanzó una amenaza: el Gobierno Nacional podría intervenir el Acueducto de Bogotá si el 18 de diciembre no garantizaba el servicio de recolección de basuras.
Y la advertencia se cumplió. Por eso, Petro convocó a las cuatro centrales obreras, a organizaciones de derechos humanos, a los recicladores y a la juventud a una masiva movilización para comenzar una férrea defensa de las empresas públicas de la ciudad.
“Estamos dispuestos, como lo dijimos en el discurso de posesión, a construir unas relaciones dignas con el Gobierno Nacional, pero sin vender nuestros principios”, advirtió.
Luego aseguró que espera que “el Gobierno Nacional recapacite”, aunque anunció que “las buenas relaciones (con el gobierno Santos) se destruyeron”.
El ambiente en el recinto subió de temperatura cuando el mandatario expresó que “en la paz es esencial que se respete la voluntad popular, así como respetamos la elección de Santos, el Gobierno Nacional tiene que respetar una ideología diferente de gobernar en Bogotá”.
Petro fue más duro al mirar por el espejo retrovisor y prevenir del peligro de que renaciera “el intento fachista de masacrar a quien piensa diferente. Así no podremos decirle al mundo que como sociedad tenemos derecho a alcanzar la paz”. Y como epílogo de su discurso sentenció: “Convoco a la movilización pacífica, pero firme. No retrocedemos, el alcalde de Bogotá se respeta, los recicladores se respetan, la Constitución Política se respeta”, mientras una muchedumbre hacía eco de sus palabras.
La gota que rebosó la copa
Bogotá vive desde hace algunas semanas una intensa guerra mediática, jurídica, económica y política por cada una de las bolsas de basura que los capitalinos producen. Una guerra que este miércoles llegó a su punto más crítico.
Por semanas había sido evidente, desde el anuncio del alcalde Petro de formar una empresa pública de aseo, que su administración había entrado en franca confrontación con las pretensiones de Ciudad Limpia, Lime, Atesa y Aseo Capital. Estas últimas —con el respaldo de la Comisión Reguladora de Agua Potable y la Superintendencia de Servicios Públicos— se han mantenido en la tesis de que en Bogotá primará, desde el próximo 18 de diciembre, la libre competencia en la prestación del servicio de aseo, según dicta la Ley 142 de 1994.
Pero el alcalde Petro ha controvertido incansablemente esta posición. Ha dicho que el auto de la Corte Constitucional de 2011 le ordenó al Distrito incluir en el esquema de aseo a los operadores. Y que esto sólo puede ser posible a través de la permanencia de áreas de servicio exclusivo que sean gestionadas por el Distrito, ya sea a través del Acueducto o las empresas privadas.
El choque de visiones entre ambos bandos se había evidenciado en los medios de comunicación y la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes (donde se desarrolla un debate de control político). Sin embargo, la diligencia adelantada ayer por los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio fue la mecha que prendió un polvorín de tensiones, acumuladas durante semanas.
La visita de la Superindustria al Acueducto hizo que en la tarde el alcalde perdiera los estribos y se lanzara por redes sociales a acusar al Gobierno Nacional de proteger los intereses de los operadores privados (con nombre propio mencionó a Alberto Ríos y William Vélez) y de chuzarles las llamadas a él y a su gabinete. Y luego denunció públicamente que hacía varias semanas que había perdido la línea de diálogo con el presidente, hasta el punto que a todas las reuniones Gobierno-Distrito “llegaba sola Gina Parody (alta consejera presidencial para Bogotá).
Una intervención anunciada
El anuncio de intervención, que en la mañana hiciera Gina Parody, provocó una reacción inmediata del gabinete distrital. Y mientras la contienda temblaba al son de trinos en Twitter, en la localidad de Kennedy, en el Coliseo Cayetano Cañizares, se llevaba a cabo un cabildo abierto con 1.200 recicladores. En aquella reunión el Distrito ultimaba los detalles para que en diciembre los recicladores entraran al negocio de la basura de la capital.
Eran las tres de la tarde. Henry Romero, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, con micrófono en mano, les comunicaba a los recicladores la estrategia del Distrito. Estaba en su discurso cuando Aura Ruiz, directora de la Indpac, le arrebató el micrófono y lanzó una sentencia: “La Superintendencia de Industria y Comercio allanó el Acueducto. Esta es una guerra frontal, en donde el Gobierno Nacional quiere sacar a los recicladores del negocio. Unámonos. Los invito a que vayamos al Acueducto y defendamos el derecho al interés público”.
Y así fue. Un ejército de recicladores en zorras, en buses y camiones se movilizaron y se agolparon a la entrada del Acueducto. Luego llegó Petro. Luego el pleno de su gabinete. Después los senadores Luis Carlos Avellaneda, Plinio Olano, Gilma Jiménez, Camilo Romero y Carlos Baena, quienes conforman la comisión especial para hacerle seguimiento al caso.
Y entonces Petro convocó a la asamblea general de los sindicatos del Acueducto y la Empresa de Teléfonos de Bogotá. Y Gina Parody citó a rueda de prensa. Y Petro a cabildo de recicladores. Y los congresistas al superintendente de Industria y Comercio. Todos los eventos a realizarse hoy jueves.
¿Cabe duda de que será un día movido?