La controversia por injerencia de las bacrim en Bogotá

El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos en Bogotá demuestra la falta de consenso institucional que existe respecto a la injerencia de bandas criminales (bacrim) en la capital del país. Según la Defensoría, grupos armados surgidos tras la desmovilización de las autodefensas, tales como el bloque Capital de las Águilas Negras y los Comandos Urbanos de los Rastrojos, establecieron alianzas con pequeñas organizaciones delincuenciales de los barrios periféricos con el fin de “seguir influyendo en las comunidades, deshacerse de adversarios políticos y continuar con la apropiación de recursos mediante la utilización de unidades sicariales y redes de inteligencia”.

En concepto de la entidad, esa estrategia responde al interés de las bacrim para “mantener su capacidad desestabilizadora sin tener que asumir los costos políticos y judiciales”, además de camuflarse para “generar la percepción de que sus crímenes no tienen nada que ver con el ejercicio de la violencia política o las hostilidades en el marco del conflicto armado”. Como prueba de ello recordó distintos hechos violentos ejecutados por esas estructuras en lo corrido del año, tales como la circulación de un panfleto amenazante firmado en febrero por las Águilas Negras y dirigido contra los hoy congresistas Iván Cepeda y Alirio Uribe, ambos del Polo Democrático. En él, los dirigentes fueron declarados objetivos militares y conminados a abandonar sus actividades políticas.

Además, 91 defensores de derechos humanos recibieron amenazas a través de tres correos electrónicos masivos. Los destinatarios de esos mensajes, dos de los cuales fueron enviados por las Águilas Negras, eran reconocidos líderes sociales y políticos del país, varios de ellos radicados en Bogotá. Durante 2014 también fueron amenazados el periodista Gonzalo Guillén; la entonces secretaria general del Partido Verde y hoy secretaria de Gobierno, Gloria Flórez; candidatos de la Unión Patriótica al Congreso; profesores sindicalizados e integrantes de Marcha Patriótica, la Asociación de Mujeres Afro por la Paz, la Ruta Pacífica de las Mujeres, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Mesa Distrital de Víctimas y la Fundación Nydia Erika Bautista, estos últimos cobijados con medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En cuanto a los funcionarios, cuatro concejales, ocho trabajadores de la rama judicial y 58 servidores públicos le solicitaron a la Unidad de Protección que tomara medidas para proteger su vida. Más grave aún, líderes comunitarios de las localidades San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Kennedy fueron asesinados entre enero y abril. Para la Defensoría, esas situaciones “dan cuenta de la existencia de un patrón sistemático de violencia orientado a silenciar expresiones ciudadanas conformadas por estudiantes, albañiles, amas de casa, administradores, abogados, ingenieros, políticos, arquitectos, aseadores, asistentes de ambulancias, comerciantes, mujeres, empleados de la justicia, desplazados, reclamantes de tierras, desempleados y testigos en procesos judiciales”.

Pese a ello, la dirección seccional de Fiscalías de Bogotá informó que en las localidades Ciudad Bolívar y Bosa, donde se han reportado reclutamientos, homicidios y amenazas, los responsables de esos delitos “son bandas de delincuentes que utilizan marcas de reconocidas organizaciones criminales para perpetrar los ilícitos”, una tesis que ha sido respaldada por la Fuerza Pública. En una junta extraordinaria, el Comando Integrado de Inteligencia contra las Bandas Criminales, el B2 del Ejército, la Fuerza Aérea, la Dirección Antinarcóticos de la Policía, la Sijín, el Gaula y el CTI determinaron que “en Bogotá no se cuenta con influencia de bandas criminales”. Igualmente, funcionarios de la administración Distrital le expresaron a la Defensoría que “en la ciudad no hay presencia de grupos armados ilegales que participen en el conflicto armado”.

Las fiscalías seccionales 32 y 171 también le informaron a la Policía que “en lo corrido del año no se han reportado episodios de violencia contra comunidades vulnerables, toda vez que las denuncias hacen referencia a amenazas fundamentadas en el uso de redes sociales, mensajes de texto y llamadas telefónicas”, lo cual significa que el ente investigador no consideró como hechos violentos los constreñimientos de que fueron víctimas esas personas. La discusión, que resulta fundamental para definir la política criminal de la ciudad, se complica aún más por la aparente falta de unidad de mando de esas estructuras delincuenciales y su constante dispersión y reconfiguración.

mflorez@elespectador.com
@elenaflorezr

El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos en Bogotá demuestra la falta de consenso institucional que existe respecto a la injerencia de bandas criminales (bacrim) en la capital del país. Según la Defensoría, grupos armados surgidos tras la desmovilización de las autodefensas, tales como el bloque Capital de las Águilas Negras y los Comandos Urbanos de los Rastrojos, establecieron alianzas con pequeñas organizaciones delincuenciales de los barrios periféricos con el fin de “seguir influyendo en las comunidades, deshacerse de adversarios políticos y continuar con la apropiación de recursos mediante la utilización de unidades sicariales y redes de inteligencia”.

En concepto de la entidad, esa estrategia responde al interés de las bacrim para “mantener su capacidad desestabilizadora sin tener que asumir los costos políticos y judiciales”, además de camuflarse para “generar la percepción de que sus crímenes no tienen nada que ver con el ejercicio de la violencia política o las hostilidades en el marco del conflicto armado”. Como prueba de ello recordó distintos hechos violentos ejecutados por esas estructuras en lo corrido del año, tales como la circulación de un panfleto amenazante firmado en febrero por las Águilas Negras y dirigido contra los hoy congresistas Iván Cepeda y Alirio Uribe, ambos del Polo Democrático. En él, los dirigentes fueron declarados objetivos militares y conminados a abandonar sus actividades políticas.

Además, 91 defensores de derechos humanos recibieron amenazas a través de tres correos electrónicos masivos. Los destinatarios de esos mensajes, dos de los cuales fueron enviados por las Águilas Negras, eran reconocidos líderes sociales y políticos del país, varios de ellos radicados en Bogotá. Durante 2014 también fueron amenazados el periodista Gonzalo Guillén; la entonces secretaria general del Partido Verde y hoy secretaria de Gobierno, Gloria Flórez; candidatos de la Unión Patriótica al Congreso; profesores sindicalizados e integrantes de Marcha Patriótica, la Asociación de Mujeres Afro por la Paz, la Ruta Pacífica de las Mujeres, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Mesa Distrital de Víctimas y la Fundación Nydia Erika Bautista, estos últimos cobijados con medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En cuanto a los funcionarios, cuatro concejales, ocho trabajadores de la rama judicial y 58 servidores públicos le solicitaron a la Unidad de Protección que tomara medidas para proteger su vida. Más grave aún, líderes comunitarios de las localidades San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Kennedy fueron asesinados entre enero y abril. Para la Defensoría, esas situaciones “dan cuenta de la existencia de un patrón sistemático de violencia orientado a silenciar expresiones ciudadanas conformadas por estudiantes, albañiles, amas de casa, administradores, abogados, ingenieros, políticos, arquitectos, aseadores, asistentes de ambulancias, comerciantes, mujeres, empleados de la justicia, desplazados, reclamantes de tierras, desempleados y testigos en procesos judiciales”.

Pese a ello, la dirección seccional de Fiscalías de Bogotá informó que en las localidades Ciudad Bolívar y Bosa, donde se han reportado reclutamientos, homicidios y amenazas, los responsables de esos delitos “son bandas de delincuentes que utilizan marcas de reconocidas organizaciones criminales para perpetrar los ilícitos”, una tesis que ha sido respaldada por la Fuerza Pública. En una junta extraordinaria, el Comando Integrado de Inteligencia contra las Bandas Criminales, el B2 del Ejército, la Fuerza Aérea, la Dirección Antinarcóticos de la Policía, la Sijín, el Gaula y el CTI determinaron que “en Bogotá no se cuenta con influencia de bandas criminales”. Igualmente, funcionarios de la administración Distrital le expresaron a la Defensoría que “en la ciudad no hay presencia de grupos armados ilegales que participen en el conflicto armado”.

Las fiscalías seccionales 32 y 171 también le informaron a la Policía que “en lo corrido del año no se han reportado episodios de violencia contra comunidades vulnerables, toda vez que las denuncias hacen referencia a amenazas fundamentadas en el uso de redes sociales, mensajes de texto y llamadas telefónicas”, lo cual significa que el ente investigador no consideró como hechos violentos los constreñimientos de que fueron víctimas esas personas. La discusión, que resulta fundamental para definir la política criminal de la ciudad, se complica aún más por la aparente falta de unidad de mando de esas estructuras delincuenciales y su constante dispersión y reconfiguración.

mflorez@elespectador.com
@elenaflorezr