La jugada animalista de Peñalosa

Impulsar un proyecto de ley para proscribir las corridas o, al menos para evitar el maltrato a los toros, es una jugada a dos bandas del alcalde Enrique Peñalosa. No solo le permite mostrarse consecuente con su oposición a la tauromaquia, también da un golpe de opinión estratégico justo ahora que su administración está a punto escoger al organizador de la temporada taurina de 2017, algo que le ha generado la antipatía de mucho animalista, por más de que él y los suyos han explicado que no lo hacen por voluntad propia.

Su gobierno cumple un mandato de la Corte Constitucional para que los toros regresen a la Plaza de Santamaría, ya que, desde 2013, allí no hay faenas debido al veto que impuso el entonces alcalde Gustavo Petro.

Los taurinos, después del pleito que se armó, tienen el camino despejado para festejar en enero y febrero próximos. Solo esperan, por una parte, que se terminen las obras de reforzamiento estructural en el emblemático escenario y, por otra, que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) adjudique el contrato mediante el cual una empresa se encargará de la plaza por esos días y organizará la nueva temporada. El único oferente es un consorcio que integran las corporaciones taurinas de Bogotá y de Manizales. El viernes se sabrá si cumple los requisitos y se queda con el contrato.

Peñalosa, al respaldar públicamente el proyecto que radicará el senador Carlos Fernando Galán (Cambio Radical) en las próximas semanas, también les hace un guiño a los animalistas sin generar los traumatismos que en su momento provocaron las intentonas de Petro por sacar la lidia de Bogotá.

Este último revocó de forma unilateral el contrato de arrendamiento que mantenía el Distrito con la Corporación Taurina de Bogotá para que administrara la Santamaría. Perdió en los tribunales, así que intentó meterle pueblo a su causa promoviendo una consulta popular que, a punto de celebrarse, le tumbó el Consejo de Estado.

El actual mandatario optará por la vía legislativa (Petro siempre la descartó), que es la que ha recomendado la Corte Constitucional. El senador Galán explicó que aún no se define si presentará un proyecto para modificar el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, que salva de sanciones por maltrato animal las corridas, el coleo y el rejoneo, entre otras actividades, o si presenta una ley nueva que busque eliminar el trato cruel a los toros. Admitió que se inclina más por la segunda.

Natalia Parra, animalista del grupo Plataforma Alto, admitió que ir al Congreso es el único camino que les queda después de los intentos fallidos del pasado. De hecho, recordó que el proyecto de ley, que contará con el aval del alcalde, se sumará a otros tres que cursan en el Congreso. Uno, del senador Armando Benedetti (Partido de la U), que busca “prohibir los espectáculos con animales tales como el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas, las tientas y las riñas de gallos”; es decir, los exceptuados en la Ley 84 de 1989. Otro es del representante conservador Nicolás Echeverry, que pretende prohibir el uso de instrumentos que les hagan daño a los animales en esos espectáculos, con el fin de mitigar el maltrato. Uno más, de congresistas liberales, del Polo y la Alianza Verde, propone acoger la sugerencia de la ONU, de prohibir el ingreso de menores de edad a corridas y corralejas.

La líder antitaurina, aunque saluda el anuncio del alcalde, se pregunta si Cambio Radical en pleno acompañará el proyecto hasta el final. Esa duda, sin embargo, puede ampliarse más, pues el Congreso, y no solo ese partido, tradicionalmente, se ha mostrado reacio a legislar contra las corridas. “Allá nos vemos”, le dice Felipe Negret, presidente de la Corporación Taurina de Bogotá, a Peñalosa.

Este abogado taurófilo acepta que es el Capitolio donde se debe dirimir la controversia, aunque considera que solo en caso de que se pretenda morigerar el sufrimiento del animal, pues, a su juicio, con la protección que le ha dado la Corte a la tauromaquia como tradición, no es dado pretender la prohibición de las corridas. Su disgusto por el anuncio del alcalde es evidente: “Esto es político. Le preocupa, a sus nueve meses de mandato, la falta de resultados y la campaña de revocatoria que Petro impulsa en su contra. Es tan político el tema que, hace 16 años, él, como alcalde, nos entregó en arriendo la Santamaría y nos condecoró al final de su primer mandato”.

Peñalosa, en efecto, promulgó el Decreto 1091, del 22 de diciembre de 2000, que le otorgó a la Corporación Taurina la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá en el grado de Gran Oficial porque mantenía la tradición en la Santamaría, le daba oportunidad a matadores y novilleros colombianos y hacía que, en temporada, se generara empleo y se promocionara la ciudad. Ha pasado un tiempo considerable, pero los taurinos se lo cobran al tiempo que los animalistas, sin confiarse del todo, aplauden este nuevo intento por darles una estocada a las corridas.

Impulsar un proyecto de ley para proscribir las corridas o, al menos para evitar el maltrato a los toros, es una jugada a dos bandas del alcalde Enrique Peñalosa. No solo le permite mostrarse consecuente con su oposición a la tauromaquia, también da un golpe de opinión estratégico justo ahora que su administración está a punto escoger al organizador de la temporada taurina de 2017, algo que le ha generado la antipatía de mucho animalista, por más de que él y los suyos han explicado que no lo hacen por voluntad propia.

Su gobierno cumple un mandato de la Corte Constitucional para que los toros regresen a la Plaza de Santamaría, ya que, desde 2013, allí no hay faenas debido al veto que impuso el entonces alcalde Gustavo Petro.

Los taurinos, después del pleito que se armó, tienen el camino despejado para festejar en enero y febrero próximos. Solo esperan, por una parte, que se terminen las obras de reforzamiento estructural en el emblemático escenario y, por otra, que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) adjudique el contrato mediante el cual una empresa se encargará de la plaza por esos días y organizará la nueva temporada. El único oferente es un consorcio que integran las corporaciones taurinas de Bogotá y de Manizales. El viernes se sabrá si cumple los requisitos y se queda con el contrato.

Peñalosa, al respaldar públicamente el proyecto que radicará el senador Carlos Fernando Galán (Cambio Radical) en las próximas semanas, también les hace un guiño a los animalistas sin generar los traumatismos que en su momento provocaron las intentonas de Petro por sacar la lidia de Bogotá.

Este último revocó de forma unilateral el contrato de arrendamiento que mantenía el Distrito con la Corporación Taurina de Bogotá para que administrara la Santamaría. Perdió en los tribunales, así que intentó meterle pueblo a su causa promoviendo una consulta popular que, a punto de celebrarse, le tumbó el Consejo de Estado.

El actual mandatario optará por la vía legislativa (Petro siempre la descartó), que es la que ha recomendado la Corte Constitucional. El senador Galán explicó que aún no se define si presentará un proyecto para modificar el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, que salva de sanciones por maltrato animal las corridas, el coleo y el rejoneo, entre otras actividades, o si presenta una ley nueva que busque eliminar el trato cruel a los toros. Admitió que se inclina más por la segunda.

Natalia Parra, animalista del grupo Plataforma Alto, admitió que ir al Congreso es el único camino que les queda después de los intentos fallidos del pasado. De hecho, recordó que el proyecto de ley, que contará con el aval del alcalde, se sumará a otros tres que cursan en el Congreso. Uno, del senador Armando Benedetti (Partido de la U), que busca “prohibir los espectáculos con animales tales como el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas, las tientas y las riñas de gallos”; es decir, los exceptuados en la Ley 84 de 1989. Otro es del representante conservador Nicolás Echeverry, que pretende prohibir el uso de instrumentos que les hagan daño a los animales en esos espectáculos, con el fin de mitigar el maltrato. Uno más, de congresistas liberales, del Polo y la Alianza Verde, propone acoger la sugerencia de la ONU, de prohibir el ingreso de menores de edad a corridas y corralejas.

La líder antitaurina, aunque saluda el anuncio del alcalde, se pregunta si Cambio Radical en pleno acompañará el proyecto hasta el final. Esa duda, sin embargo, puede ampliarse más, pues el Congreso, y no solo ese partido, tradicionalmente, se ha mostrado reacio a legislar contra las corridas. “Allá nos vemos”, le dice Felipe Negret, presidente de la Corporación Taurina de Bogotá, a Peñalosa.

Este abogado taurófilo acepta que es el Capitolio donde se debe dirimir la controversia, aunque considera que solo en caso de que se pretenda morigerar el sufrimiento del animal, pues, a su juicio, con la protección que le ha dado la Corte a la tauromaquia como tradición, no es dado pretender la prohibición de las corridas. Su disgusto por el anuncio del alcalde es evidente: “Esto es político. Le preocupa, a sus nueve meses de mandato, la falta de resultados y la campaña de revocatoria que Petro impulsa en su contra. Es tan político el tema que, hace 16 años, él, como alcalde, nos entregó en arriendo la Santamaría y nos condecoró al final de su primer mandato”.

Peñalosa, en efecto, promulgó el Decreto 1091, del 22 de diciembre de 2000, que le otorgó a la Corporación Taurina la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá en el grado de Gran Oficial porque mantenía la tradición en la Santamaría, le daba oportunidad a matadores y novilleros colombianos y hacía que, en temporada, se generara empleo y se promocionara la ciudad. Ha pasado un tiempo considerable, pero los taurinos se lo cobran al tiempo que los animalistas, sin confiarse del todo, aplauden este nuevo intento por darles una estocada a las corridas.