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Mientras el alcalde Enrique Peñalosa dice que los afectados por el conflicto armado son la columna vertebral del posconflicto, la relación entre el Distrito y los representantes de las víctimas pasa por su peor momento. Hace tres semanas, la Mesa Distrital de Víctimas se retiró de las reuniones en las que se construía el Plan de Acción Distrital (PAD), documento clave que define el camino que seguirá la administración para atender a esta población. Según ellos, por falta de garantías para su participación.
De acuerdo con la ley, en el PAD se definen los proyectos de inversión que ejecutará la administración de turno y se debe construir con los líderes de las víctimas. Sin embargo, en Bogotá no fue así. Tras seis intentos fallidos para llegar a un acuerdo, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, con Ángela Anzola a la cabeza, decidió estructurar la propuesta por su cuenta.
Fueron dos diferencias las que rompieron la relación entre los afectados por el conflicto y el Distrito. La primera fue la discusión por la periodicidad de las sesiones del comité de víctimas, conformado por 144 delegados, distribuidos en una mesa distrital, 14 mesas locales y tres mesas autónomas (mujeres, indígenas y afrodescendientes). Mientras los líderes proponían cuatro reuniones al mes y, apoyados en la ley pedían una compensación de $34.000 por sesión a cada delegado, el Distrito propuso un encuentro cada dos meses.
La segunda fue el transporte para asistir a los encuentros. Mientras los líderes pedían $20.000 por sesión a cada delegado para llegar en taxi (alegando condiciones de seguridad), el Distrito les ofreció $18.000 mensuales para desplazarse en SITP.
Esto tiene una implicación: como la Alta Consejería elaboró por su cuenta el PAD, las víctimas señalan que no se incluyeron sus propuestas para fijar las metas en los temas que más les preocupan: acceso a vivienda, empleo y atención psicológica.
A pesar de esto, el Distrito someterá hoy el documento a aprobación del Comité Distrital de Justicia Transicional, que preside el alcalde Enrique Peñalosa y en el que tienen asiento 26 integrantes, entre funcionarios del Distrito (11), Fuerza Pública (2), entes de control (3), delegados de las víctimas (6), el ICBF (1), SENA (1) y dos delegados de entidades nacionales de víctimas. Para poder realizar la sesión se necesita la presencia de al menos 14 de ellos, y para aprobar el PAD, la mitad más uno de los votos. Aunque la administración tiene la mayoría y se prevé que el documento se aprobará, lo harán sin la presencia de los delegados de las víctimas. Ellos confirmaron que no asistirán y pondrán en conocimiento de los organismos de control todo lo ocurrido.
Ante este panorama, El Espectador habló con la alta consejera de las víctimas, Ángela Anzola, para conocer su versión.
El desencuentro con las víctimas fue por el monto del apoyo a la participación. La Mesa Distrital dice que la ley contempla 1,5 salarios mínimos diarios por sesión ($34.471). La Alta Consejería dice que eso excede la norma. ¿Por qué?
La Ley de Víctimas (1148 de 2011) nos exige establecer con claridad espacios de participación para ellos. Sin embargo, para nosotros es un marco de referencia. Sus resoluciones sólo aplican para la Mesa Nacional de Víctimas, no para la Distrital. Además, no precisa cuándo, cómo ni cuánto debe ser el apoyo de participación. La pasada administración expidió el decreto 035 de 2015 y esta administración pretende modificarlo, porque tiene muchas fallas.
¿Cuáles son las diferencias con las víctimas?
La Mesa Distrital pide cuatro sesiones al mes, mientras que la ley exige cuatro al año. La propuesta de ellos supera los $4.000 millones, sin contar los $20.000 que piden por sesión para el taxi. Yo entiendo su lucha: muchos llegan a Bogotá con habilidades del campo y aquí les cuesta conseguir empleo, pero la participación no se puede convertir en su trabajo.
¿La discusión es sólo por plata?
El tema no es sólo plata. Imaginemos que algún cooperante dona el dinero que ellos piden. Yo lo rechazaría. Les recomendaría que lo gasten en ayuda humanitaria para las víctimas, procesos de retornos, educación superior, reparación colectiva para los militantes de la Unión Patriótica. Si los líderes de las víctimas se vuelven asalariados del Distrito, se acaba su legitimidad. Piense en una víctima de Ciudad Bolívar, que vive en una invasión: ¿se sentirá representado por unas personas que tienen a la Alta Consejera como jefe y dependen de ella para el sustento diario? La participación es voluntaria o no es. Esa plata es para el beneficio de unos pocos: los 144 líderes que conforman la mesa, pero mi compromiso también es con las 365.000 víctimas de Bogotá.
¿Cuál es la propuesta de la Alta Consejería para garantizar la participación de ellos?
Nosotros reconocemos que históricamente las víctimas no han incidido en las políticas públicas para su atención. Por eso, y teniendo en cuenta que el modelo de Bogotá es base para el resto de ciudades del país, proponemos que se realicen seis sesiones al año, dos más de lo exigido por ley, y que sean compensadas con el monto que ellos piden con 1,5 salarios mínimos diarios por sesión. Vamos a incrementar el apoyo de transporte para que asistan a las reuniones, de $12.000 a $18.000 en pasajes de SITP. Esto cubre la Mesa Distrital, las 14 mesas locales y las tres mesas autónomas (afrocolombiana, mujer e indígena). Hacemos más de lo que pide la Nación: las mesas locales no existen en ninguna otra parte del país.
La Mesa sigue en huelga y hoy se discutirá la aprobación del PAD. ¿Se puede aprobar el documento sin la participación de las víctimas?
El PAD está hecho y entregado. Las víctimas perdieron una oportunidad de oro en un momento histórico. En lo que va del año me he reunido con ellos en ocho ocasiones, con la intención de hablar de los temas que más les preocupan (vivienda, desarrollo económico y salud), pero se gastaron seis hablando de garantías de participación. No discutimos los temas gruesos que impactan a las miles de víctimas por estar hablando de taxis, de refrigerios y de sesiones. Esa pelea se podía dar después. No podía esperarlos más, tenía a los órganos de control encima pidiendo el PAD.
Uno de los temas prioritarios es la vivienda. ¿Qué propone el PAD en este sentido?
En este tema tenemos grandes problemas. El centro de nuestra propuesta es trabajar en la gestión de suelos, porque en Bogotá no hay dónde levantar una casa. Antes la capital ponía el suelo y la Nación el ladrillo. Ahora la Nación sólo construirá en áreas rurales. También vamos a cambiar el modelo. Las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas. La administración pasada dejó urbanizaciones como Plaza de la Hoja, Metro 136 - Nuevo Usme, Villa Karen y Colores de Bolonia, que mezclan víctimas de la violencia, desmovilizados y damnificados de desastres naturales. Allí se formaron guetos. Sabemos que ellos nunca habían vivido en casas de propiedad horizontal, por eso no vamos a replicar ese modelo.
Otro tema crucial es la generación de empleo. ¿Cuál es el plan de acción?
Diría que el pilar del PAD es dar herramientas a las víctimas para que no tengan la mano estirada. El Instituto para la Economía Social (Ipes) tiene bodegas llenas de máquinas de coser, mesas y computadores, de proyectos que se cayeron en la pasada administración. La idea es reactivarlos. No basta con preguntarles a las personas qué quieren hacer, hay que capacitarlas para que manejen su negocio y lleven una contabilidad. Hemos comprobado que si uno apoya un emprendimiento, pero no hace seguimiento, la persona abandona el proyecto.