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Una norma dictada hace dos días por el Ministerio de Vivienda ha encendido las alarmas en la administración de Gustavo Petro. El decreto 0075 del 23 de enero de 2012, firmado por el ministro Germán Vargas Lleras, sienta las reglas para determinar los modos y lugares donde cada ciudad y municipio del país debe construir viviendas de interés social (VIP) y prioritario (VIS). Es decir, vivienda para los pobres y los más pobres de los pobres.
El malestar del gobierno progresista radica en que la nueva norma dicta disposiciones para vivienda de interés prioritario exclusivamente en suelo con tratamiento de desarrollo, mientras que la vivienda de interés social se regula para el suelo con tratamiento de renovación urbana.
¿Muy confuso? En cristiano, lo que el distrito teme es que el decreto obligaría a las autoridades locales a construir la vivienda para los más pobres de los pobres en áreas no urbanizadas de la ciudad (es decir, las más lejanas) mientras que la vivienda de interés social (un poco más rentables, además, para los urbanizadores) se ubicarían en suelos ya urbanizados que vayan a ser renovados.
Para quienes han seguido de cerca la puesta en marcha del plan de vivienda del alcalde Petro, que busca redensificar buena parte del núcleo urbano de Bogotá, lo anterior no es otra cosa que un palo en la rueda para uno de los pilares del Plan de Desarrollo: la reducción de la segregación social. No en balde el duro tono con el que fue redactado el comunicado de prensa que publicó hoy la Secretaría de Hábitat y que —palabras más, palabras menos— acusaba al ministro Vargas Lleras de querer mandar al más necesitado sector de la población a los extramuros de la ciudad.
“Los hogares más pobres seguirán confinados a las zonas alejadas, con problemas de movilidad y de exclusión social”, reza el comunicado. En diálogo con El Espectador, el viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, negó tajantemente que el polémico decreto prohíba la construcción de vivienda de interés prioritario en suelo ya urbanizado. Según el ministro, tanto la Ley 1537 2012 como la ley 388 de 1997 incluyen dentro de la definición de vivienda de interés social la de vivienda de interés prioritario. Es decir que, al hablar el decreto de “los porcentajes de suelo para VIS en tratamiento urbanístico de renovación urbana” estaría incluyendo tácitamente la autorización para la construcción de VIP.
¿Cuestión de interpretación o sabotaje político? Mientras que el viceministro Henao le aseguró a este diario que su cartera está dispuesta a expedir un concepto que certifique la inclusión de la VIP en proyectos de renovación urbana, la secretaria de Hábitat anunció que demandará la norma.