Los proyectos que enfrentan a los indígenas y el Distrito

 

Este pleito ha llevado a que el cabildo indígena interpusiera una tutela ante el Tribual Administrativo de Cundinamarca, en la que le exige al Ministerio del Interior y al Distrito suspender la ejecución de los proyectos hasta que no se cumpla con la norma. Vale la pena recordar que la consulta previa es un derecho que tienen los pueblos indígenas a expresar su opinión frente a decisiones, proyectos u obras que afectan sus territorios.

 

Sin embargo, en el fallo, que salió la semana pasada, la decisión de los magistrados le dan la razón al Distrito y al Ministerio del Interior. El Tribunal niega que se les haya violado este derecho fundamental, pues hay una consulta previa que inició en 2009 y además las obras de los proyectos ni si quieran han comenzado, según las pruebas entregadas por todas las entidades. La sala consideró, entonces, que “las entidades demandadas sí han realizado las actuaciones para proteger el derecho a la consulta previa de la comunidad demandante”.  

 

Esta decisión, por supuesto, ha generado una inconformidad en el cabildo. Según los Muiscas, a pesar de que ya los planes son un hecho, ellos quieren determinar cuáles son los impactos de compartir su territorio y las estrategias de las entidades para conservar su identidad y cultura. Además, dicen los indígenas, después de que se aprobaron estos proyectos, algunos urbanizadores ilegales se han aprovechado la situación para venderles a personas muy humildes algunos terrenos, en donde hoy están asentados, y hasta ahora ni el Distrito ni el Gobierno los han ayudado a resolver este problema que ya se les está saliendo de las manos.

 

 

Los indígenas muiscas han estado desde el siglo XVII, intermitentemente, en las veredas de San Bernardino y San José, en la localidad de Bosa. Desde 1999, el Ministerio del Interior les reconoció su identidad indígena y sus derechos como comunidad. Esto incluye, por supuesto, la consulta previa para proteger sus tradiciones y los territorios donde están ubicados. En 2006 y 2011 el Distrito adoptó dos urbanizaciones llamadas Edén- El Descanso y Campo Verde. 

 

Por un lado, está el plan parcial del Edén- El Descanso. En este caso, las entidades sí comenzaron una consulta previa, que empezó tres años después de haber adoptado dicho plan, es decir, en 2009. Aunque fue después de ser aprobado, el Ministerio del Interior aseguró que se debía empezar con las mesas de trabajo cuanto antes. Desde ese momento hasta ahora se han reunido para dialogar.

 

El Distrito asegura que ha seguido juiciosamente con las citas e insiste en que no se ha violado el derecho, porque hasta ahora en el Edén- El Descanso no se ha ejecutado obra alguna. A pesar de esto, los indígenas manifiestan que desde hace un año no hay encuentro y que la última vez, solo asistió el cabildo. Además, según ellos, ya se empezó a construir paraderos para el Sistema Integrado de Transporte y una cicloruta en la Alameda de Porvenir, que estaba dentro del plan parcial.

 

Por otro lado, se encuentra el plan parcial de Campo Verde, el cual se ha llevado a cabo sin la consulta previa. Actualmente, la Administración está adelantando allí la construcción de 3.600 viviendas, del programa Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores. Metrovivienda, una de las instituciones demandadas, afirma que no es cierto que el territorio donde se desarrolla Campo Verde sea de los indígenas, por esto, no es necesaria ninguna consulta previa. Por el contrario, el cabildo insiste en que sí pertenece a su territorio, de acuerdo con el reconocimiento del Ministerio del Interior.

 

Ante esta demanda, la Secretaría de Planeación, otra de las entidades involucradas, dice que en la tutela se evidencia que lo que pretende los demandantes es adquirir una vivienda de los proyectos, “a través de una equivocada manipulación de sus antepasados”, según su defensa.

 

Por su parte, el Ministerio del Interior expresa que los indígenas no han sufrido de un perjuicio irremediable y que ellos fueron quienes incumplieron con el “requisito de inmediatez”, ya que ha pasado mucho tiempo y debieron poner en conocimiento la situación  cuando comenzó y no siete años después.

 

A pesar de esto y de que el Tribunal le dio la razón al Distrito y el Ministerio del Interior, los indígenas no dudan de que la construcción de estas viviendas tendrán un impacto social y sobre todo cultural que debe ser tenido en cuenta, si se quieren conservar las tradiciones ancestrales. Para los Muiscas, puede existir una lesión a su identidad y a su derecho de vivir en comunidad, en gran parte, porque los urbanizadores ilegales se han aprovechado de la situación y han vendido parcelas a personas de escasos recursos. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Gobierno, en las áreas de los planes parciales hay 1.278 ocupaciones ilegales, que han afectado la zona de protección de los indígenas. 

 

Según el cabildo, la invasión ilegal del territorio ha afectado el ecosistema, pues se han construido canales de desagüe de aguas negras, han colapsado los que fueron construidos por los indígenas para el riego de sus cultivos y para los vertimientos de las familias indígenas. Por supuesto, esto también ha traído problemas de orden público, ya que los indígenas raizales y las familias engañadas por urbanizadores piratas discuten constantemente por esta situación.

 

En vista de que el fallo no dejó muy contentos a la comunidad muisca, estos decidieron impugnarlo. Las obras de los proyectos por ahora están quietas, mientras que el Consejo de Estado decide qué hacer con ellas y cómo resolver esta pelea que tiene enfrentadas a estas partes.