Opinión: la seguridad en el nuevo gobierno

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022 - 2026).

Foto: El Espectador - José Vargas

Con la elección de Gustavo Petro como presidente de la República terminan meses de una confrontación política tóxica que deja una sociedad partida a la mitad, con la necesidad de construir un camino para recuperar la confianza entre los ciudadanos y la urgencia de avanzar en el desarrollo de una visión compartida de futuro.

Conseguir esto le demanda al nuevo gobierno la solución expedita de asuntos como la sensación de inseguridad y el debilitamiento de la legitimidad de la Fuerza Pública, los cuales promovió para construir parte de su triunfo.

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Petro y su formación política imprimieron en su electorado un sentimiento arraigado de desconfianza y rechazo a las fuerzas del orden -en especial a la Policía Nacional-, tanto así que entre sus principales promesas de campaña están el desmonte del Esmad y la transformación de las funciones de Policía.

Dado que la inauguración del gobierno no se traduce en un sentimiento de confianza institucional trasladado automáticamente a las fuerzas del orden, el primer gran reto de su gobierno será recuperar la legitimidad de quienes por mandato constitucional velan por las libertades de los ciudadanos y el orden. Un asunto con sentido de urgencia dada la alta probabilidad de que se deteriore aún más la situación de orden público.

A diferencia de lo que muchos señalan, la conflictividad social está lejos de ser superada en un contexto global caótico con efectos directos sobre el bienestar de las personas, el cual se ve complejizado por las expectativas de un electorado ávido de inmediatez y efectividad en el cumplimiento de las promesas de campaña.

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En ese contexto, la gestión de conflictos sociales con las mismas fuerzas del orden que en el pasado deslegitimó enfrentará al nuevo gobierno a un dilema con un potencial de daño inmenso para la nación: enfrentar a su electorado en las calles o dejar su gobernabilidad en manos de quienes explotan el descontento para el crimen, la violencia y el control social.

Así las cosas, el nuevo gobierno tiene poco espacio y tiempo para devolver a las instituciones de seguridad la legitimidad en su existencia y actuación, bases fundamentales para el cumplimiento de su misión, así como la recuperación de la confianza ciudadana.

La legitimidad y la sensación de seguridad son elementos que se articulan para producir un ambiente político y ciudadano funcional a la ejecución de un plan de gobierno que se propone hacer transformaciones. El periodo inicial de gobierno de Álvaro Uribe ofrece buenas lecciones al respecto.

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Recuperar la sensación de seguridad excede el ejercicio discursivo. Depende de una lectura correcta de las amenazas, la estructuración de capacidades realistas para enfrentarlas y la consolidación de una ruta de superación de riesgos que aumente la cohesión entre instituciones y ciudadanos.

Para esto es necesario enfrentar, controlar y superar debilidades institucionales, retos criminales y desafíos socioeconómicos, evidenciados en reducciones objetivas de la violencia, el crimen y la tensión social. Sin seguridad material, que se transforme en sensación de seguridad, el éxito de un programa de gobierno es altamente improbable.

Dado que el deterioro del escenario de seguridad es una realidad latente, el nuevo gobierno deberá evaluar si su idea de refundar el sistema de seguridad no lo conducirá a un escenario de control criminal, violencia y mayor deterioro social.

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La desestructuración del sector defensa y seguridad, la redefinición de las funciones policiales, así como la ampliación del ecosistema de seguridad pública deteriorará la gobernanza de la seguridad, será un distractor para el cumplimiento de tareas que no dan tregua y ampliará las zonas grises que facilitan el robustecimiento del poder criminal y la violencia indiscriminada.

La construcción de seguridad está atada también a la disponibilidad de los medios necesarios para anticipar y neutralizar las amenazas. Instituciones de seguridad con capacidades limitadas son sinónimo de inefectividad en la protección de los ciudadanos y debilidad en la aplicación de la ley.

El silencio de la campaña y la ausencia de claves al respecto en el programa del presidente electo disparan los temores sobre una visión teórica impracticable de la generación de seguridad.

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A partir de su posesión, Petro se enfrentará a un choque entre su visión idílica de la “seguridad humana” y las exigencias ciudadanas de protección personal y aplicación de la ley efectiva. Quienes lo eligieron y quienes no, le brindaran un espacio muy corto para demostrar una reducción de la violencia, el crimen y la aplicación de la ley.

No habrá factores multidimensionales, ni justicia restaurativa, ni resolución pacífica de conflictos que validen un deterioro material de la seguridad y la inefectividad de las instituciones que ahora están bajo su direccionamiento estratégico. Al respecto, la transparencia en la información y la disponibilidad abierta de registros del sector seguridad y defensa son determinantes.

Petro y el Pacto Histórico debilitaron durante años las instituciones de seguridad para constituirse como fuerzas restauradoras de la nación. Ahora deben restaurar rápidamente su legitimidad si quieren construir el ambiente adecuado para ejecutar su visión de país.

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