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La respuesta institucional a una crisis de seguridad generalmente se estructura a partir de anuncios de reacción inmediata enfocados en el castigo a los perpetradores de actos criminales y en acciones para la superación de los factores que se dieron origen. En lo que respecta a los responsables, la respuesta está enfocada en la aprehensión y judicialización de los ejecutores del crimen, con mayor posibilidad de trazabilidad y probabilidad de captura. Lograr este objetivo tranquiliza al ciudadano y fortalece las instituciones, aún manteniéndose vigentes las estructuras criminales.
Sobre la superación de los factores que detonan las crisis, de manera sistemática se hacen anuncios que buscan demostrar la recuperación inmediata del control del entorno ciudadano y la capacidad institucional de respuesta frente a quienes desafían su autoridad y mandato. Restricción al parrillero, desarmes ciudadanos, planes anti-migrantes, persecución a consumidores de sustancias psicoactivas, etc.
En las crisis de seguridad los ciudadanos exigen respuestas inmediatas y los políticos ven oportunidades electoreras, condicionando la respuesta de las instituciones. Parece ser imposible para un gobernante o un comandante policial informar que es necesario investigar estructuras, causas y facilitadores de la acción criminal, para la concreción de una solución sostenible. Lo valorado es el anuncio rápido, aún sin claridad sobre su provecho.
Más que criticar esta dinámica ineludible, resulta clave detenerse a analizar el efecto que tiene en la construcción de condiciones de estabilidad y seguridad sostenibles para acabar con el suplicio de enfrentar semana tras semana el pedido de auxilio ciudadano con medidas que dejaron de ser creíbles hace tiempo.
La ciudad de Bogotá está secuestrada por esta formula de pocos resultados que ha causado un desgaste reputacional creciente de las instituciones, ha debilitado la confianza de los ciudadanos y empieza a erosionar su competitividad. Esta última determinante para superar los desastres de la pandemia y de la primera línea. Uno de los asuntos que sugieren un análisis crítico y frío para superar las trampas de la inmediatez y el lenguaje condicionado por el desespero justificado de las víctimas es el de las campañas de desarme, anunciadas por enésima vez la semana anterior.
De acuerdo con registros del sistema SIEDCO de la Policía Nacional en la ciudad capital durante el periodo comprendido entre 2017 y julio de 2021 fueron incautadas 6.965 armas de fuego. Tomando como referencia a la investigadora Manuela Suárez, que estimó en 4.974.000 las armas en manos de civiles a nivel nacional en 2017, las campañas de desarme realizadas durante 4 años y medio en Bogotá permitieron recoger sólo el 0,14% del estas. Siendo esta la ciudad más poblada de la nación, el resultado es insignificante.
Otra visión corresponde a su uso. En 2020 el 59,5% de los homicidios ocurridos en Bogotá fueron con armas de fuego, el porcentaje más alto desde 2016 según SIEDCO. En lo corrido del 2021 hay similar tendencia. De otra parte, Suárez encontró que mientras que 2019 fue el segundo año de mayor incidencia de armamento en delitos diferentes al homicidio, también fue el año de menores incautaciones tras una caída sostenida de una década.
Estos indicadores son clave para suponer que la campaña de desarme anunciada la anterior semana será un esfuerzo improductivo contra la violencia y el crimen, a menos que parta de supuestos novedosos y estrategias especializadas como el desmantelamiento de armerillos del crimen, judicialización de redes de comercialización, afectación de fuentes de financiamiento de organizaciones delincuenciales y captura de reclutadores de delincuentes.
Las campañas de desarme son una práctica ineficaz para proteger la vida de los ciudadanos, desgastan las capacidades operativas policiales, mantienen intactas a las estructuras delincuenciales y son una muestra fehaciente de la incomprensión de los desafíos que el mercado negro de armas impone a nuestra sociedad. Las instituciones buscando una aguja en un pajar.
Capítulo aparte representan las armas de fogueo, sobre las cuales aumenta razonablemente la preocupación sobre su libre acceso y oferta disponible. En este caso, su control es determinante para debilitar la ocurrencia de hurtos y extorsiones. Un control que abarque desde la importación pasando por la comercialización y la plena identificación de su uso final, con obligaciones como las de los tenedores legales de armas de fuego.
Para recuperar el rumbo de la seguridad en la ciudad es definitivo disminuir la cantidad de armas disponibles para el crimen. Lograrlo requiere un esfuerzo en acciones que generen cambios estructurales del contexto de seguridad, asimismo resistirse a la respuesta inmediata como salida de emergencia.