Otro rumbo para la licitación de las basuras en Bogotá

 Colombia ya cuenta con una nueva normativa que rige la prestación del servicio de aseo en sus grandes ciudades. Fue aprobada la semana pasada y comenzará a regir el primero de enero de 2016. Es una noticia de trascendencia nacional que tiene especial importancia en Bogotá por una razón: la administración de Gustavo Petro había exigido una nueva regulación para abrir una licitación para elegir las empresas que se encargarán de recoger las basuras y las áreas donde operarán. El argumento para la exigencia era que la norma vigente impedía que, en caso de adjudicar los contratos, se reconociera el trabajo de los recicladores. Sin embargo, ahora que se cumplió la petición, sigue pareciendo difícil que el Distrito avance en la licitación, pues mantiene sus críticas.

El recién aprobado marco tarifario incluye la remuneración a los recicladores como un punto más de la factura. “Ese pago ya se viene haciendo. Lo nuevo es que el usuario sabrá cuánto le cobrarán en su factura por eso”, explica Julio César Aguilera, director de la Comisión de Regulación y Agua Potable (CRA), entidad encargada de la regulación. También se crean descuentos de hasta el 4% de la tarifa para los ciudadanos que separen en sus casas los residuos reciclables de los no reciclables y depositen los primeros en bolsas blancas y los otros, en bolsas negras.

Son puntos que se venían discutiendo desde hace meses a partir de los borradores del nuevo marco, y sobre los que el Distrito se ha pronunciado por medio de críticas. En una audiencia ante la Corte Constitucional en marzo, por ejemplo, el alcalde Gustavo Petro manifestó que esa norma “no recoge los beneficios ambientales que generan los recicladores”, pues no considera el aprovechamiento de los residuos, sino su enterramiento.

Aguilera responde que el componente ambiental está por fuera de las funciones de la CRA y, por ende, esa petición no puede tenerse en cuenta para esta regulación. Apunta, sin embargo, que el Plan Nacional de Desarrollo que acaba de entrar en vigencia incluye en su artículo 88 un artículo en el que se prevé una regulación en ese sentido.

El caso es que al Distrito no le satisface ni la actual regulación ni la que entrará a regir, y el alcalde, como es sabido, ya dijo incluso que una nueva licitación de las basuras no se necesita (a pesar de que la ley lo exija). El trasfondo de esta posición, como lo informó El Espectador en dos informes de marzo pasado, es que la Alcaldía ha logrado avanzar por su cuenta en el reconocimiento de la labor de los recicladores: le paga, los ha censado, les ha entregado cédula, ha logrado que se distribuyan para trabajar en la mayor parte de la ciudad.

Y sí: la ley exige la licitación y por eso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le había ordenado al Distrito que por tardar en marzo regularizara el servicio, que no era otra cosa que adjudicar los contratos. Hoy el sistema funciona y un operador público (Aguas de Bogotá) presta el servicio junto con tres operadores privados (Ciudad Limpia, Lime y Aseo Capital). Sin embargo, estos no operan con base en los contratos de concesión con los que operaron entre 1998 y 2012, sino como cualquier contratista al que se le adjudica y se le renueva un contrato por un tiempo determinado.

Fue esto lo que la SIC ordenó que cambiara desde marzo pero, pocos días antes de que se cumpliera el plazo, la Corte Constitucional le dio un respiro al Distrito: en un auto del 26 de marzo suspendió la orden de la Súper hasta que sus magistrados estudiaran una serie de documentos que les solicitó a entidades relacionadas con la regulación y aplicación de la política pública de aseo en Bogotá. La intención del alto tribunal era verificar de qué manera los logros de la administración Petro con los recicladores podían incluirse en el nuevo marco regulatorio. Y aunque este ya fue expedido, como se informó más atrás, este diario supo que los magistrados siguen estudiando la documentación requerida, por lo que está pendiente un nuevo pronunciamiento. La expectativa es grande porque en los últimos dos autos la Corte le ha dado espaldarazos a los logros de Petro.

De todas formas hay que tener en cuenta que cuando el tribunal constitucional suspendió el plazo que había dado la SIC, le pidió al Distrito que avanzara en la estructuración de la licitación, dando a entender que, de todas formas, esta será necesaria en algún momento. El Espectador se comunicó con la Uaesp, entidad encargada de adelantar a licitación, para conocer en qué va el proceso, pero no fue posible obtener una respuesta. Es previsible, sin embargo, que si aún no existe un pronunciamiento de la Corte y que si el Distrito mantiene sus críticas a la regulación del servicio de aseo, se haya avanzado en estructurar una licitación.

La administración Petro está en lo suyo, y aunque a los privados les genera incertidumbre no operar como concesionarios sino como simples contratistas a los que las reglas del juego les pueden cambiar más fácilmente, también se han quitado cargas presupuestales como la facturación. Este asunto, sin duda, será resorte del próximo alcalde.

chernandez@elespectador.com

 Colombia ya cuenta con una nueva normativa que rige la prestación del servicio de aseo en sus grandes ciudades. Fue aprobada la semana pasada y comenzará a regir el primero de enero de 2016. Es una noticia de trascendencia nacional que tiene especial importancia en Bogotá por una razón: la administración de Gustavo Petro había exigido una nueva regulación para abrir una licitación para elegir las empresas que se encargarán de recoger las basuras y las áreas donde operarán. El argumento para la exigencia era que la norma vigente impedía que, en caso de adjudicar los contratos, se reconociera el trabajo de los recicladores. Sin embargo, ahora que se cumplió la petición, sigue pareciendo difícil que el Distrito avance en la licitación, pues mantiene sus críticas.

El recién aprobado marco tarifario incluye la remuneración a los recicladores como un punto más de la factura. “Ese pago ya se viene haciendo. Lo nuevo es que el usuario sabrá cuánto le cobrarán en su factura por eso”, explica Julio César Aguilera, director de la Comisión de Regulación y Agua Potable (CRA), entidad encargada de la regulación. También se crean descuentos de hasta el 4% de la tarifa para los ciudadanos que separen en sus casas los residuos reciclables de los no reciclables y depositen los primeros en bolsas blancas y los otros, en bolsas negras.

Son puntos que se venían discutiendo desde hace meses a partir de los borradores del nuevo marco, y sobre los que el Distrito se ha pronunciado por medio de críticas. En una audiencia ante la Corte Constitucional en marzo, por ejemplo, el alcalde Gustavo Petro manifestó que esa norma “no recoge los beneficios ambientales que generan los recicladores”, pues no considera el aprovechamiento de los residuos, sino su enterramiento.

Aguilera responde que el componente ambiental está por fuera de las funciones de la CRA y, por ende, esa petición no puede tenerse en cuenta para esta regulación. Apunta, sin embargo, que el Plan Nacional de Desarrollo que acaba de entrar en vigencia incluye en su artículo 88 un artículo en el que se prevé una regulación en ese sentido.

El caso es que al Distrito no le satisface ni la actual regulación ni la que entrará a regir, y el alcalde, como es sabido, ya dijo incluso que una nueva licitación de las basuras no se necesita (a pesar de que la ley lo exija). El trasfondo de esta posición, como lo informó El Espectador en dos informes de marzo pasado, es que la Alcaldía ha logrado avanzar por su cuenta en el reconocimiento de la labor de los recicladores: le paga, los ha censado, les ha entregado cédula, ha logrado que se distribuyan para trabajar en la mayor parte de la ciudad.

Y sí: la ley exige la licitación y por eso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le había ordenado al Distrito que por tardar en marzo regularizara el servicio, que no era otra cosa que adjudicar los contratos. Hoy el sistema funciona y un operador público (Aguas de Bogotá) presta el servicio junto con tres operadores privados (Ciudad Limpia, Lime y Aseo Capital). Sin embargo, estos no operan con base en los contratos de concesión con los que operaron entre 1998 y 2012, sino como cualquier contratista al que se le adjudica y se le renueva un contrato por un tiempo determinado.

Fue esto lo que la SIC ordenó que cambiara desde marzo pero, pocos días antes de que se cumpliera el plazo, la Corte Constitucional le dio un respiro al Distrito: en un auto del 26 de marzo suspendió la orden de la Súper hasta que sus magistrados estudiaran una serie de documentos que les solicitó a entidades relacionadas con la regulación y aplicación de la política pública de aseo en Bogotá. La intención del alto tribunal era verificar de qué manera los logros de la administración Petro con los recicladores podían incluirse en el nuevo marco regulatorio. Y aunque este ya fue expedido, como se informó más atrás, este diario supo que los magistrados siguen estudiando la documentación requerida, por lo que está pendiente un nuevo pronunciamiento. La expectativa es grande porque en los últimos dos autos la Corte le ha dado espaldarazos a los logros de Petro.

De todas formas hay que tener en cuenta que cuando el tribunal constitucional suspendió el plazo que había dado la SIC, le pidió al Distrito que avanzara en la estructuración de la licitación, dando a entender que, de todas formas, esta será necesaria en algún momento. El Espectador se comunicó con la Uaesp, entidad encargada de adelantar a licitación, para conocer en qué va el proceso, pero no fue posible obtener una respuesta. Es previsible, sin embargo, que si aún no existe un pronunciamiento de la Corte y que si el Distrito mantiene sus críticas a la regulación del servicio de aseo, se haya avanzado en estructurar una licitación.

La administración Petro está en lo suyo, y aunque a los privados les genera incertidumbre no operar como concesionarios sino como simples contratistas a los que las reglas del juego les pueden cambiar más fácilmente, también se han quitado cargas presupuestales como la facturación. Este asunto, sin duda, será resorte del próximo alcalde.

chernandez@elespectador.com