Piden investigar a concejales de Bogotá por caso Odebrecht

Siguen creciendo la lista de salpicados por el caso Odebrecht. Ni los concejales de Bogotá se salvaron. A través de un derecho de petición dirigido al Fiscal General de la Nación, Juan Carlos Calderón España le pidió al jefe de ente acusador adelantar indagaciones para establecer si presuntamente recibieron dineros de la multinacional brasilera.

Según el documento de cinco folios, pide investigar a los concejales Antonio Sanguino y Julio César Acosta, así como a los exconcejales Jorge Ernesto Salamanca y Fernando López “por presuntamente haber recibido dineros de la multinacional en los contratos relacionados con el túnel Tunjuelo-Canoas, y se interrogue al contratista Julio Gómez y Emilio Tapia para que declaren si estos concejales recibieron coimas por la intermediación ante el acueducto de Bogotá para la adjudicación del contrato en mención”.

Aunque algunos de los políticos mencionados han desestimado el derecho de petición de Calderón España, como el concejal Acosta, quien indicó que no hablaría del tema hasta no tener una comunicación directa de la Fiscalía, otros como el concejal Sanguino sí expresaron su molestia y anunciaron medidas legales. A través de un comunicado de prensa, el concejal de la Alianza Verde, calificó el derecho de petición como “calumnioso, de mala fe y sin prueba”.

Por esta razón rechazó “esta patraña fabricada por el señor Calderón España. Por tal razón, hoy he interpuesto ante el despacho del Fiscal General de la Nación una acción penal en su contra, por injuria, calumnia y falsa denuncia, que conduzca a esclarecer y castigar su temeraria conducta, la cual atenta contra la reputación y el buen nombre que he forjado en mi vida pública”, indicó Sanguino.

Aclaró que él no ha tenido ninguna relación con la empresa Odebrecht ni sus funcionarios y recordó que, por el contrario, desde 2009 ha advertido sobre el riesgo y la inconveniencia de la presencia de Odebrecht en la contratación de obras y recursos de la ciudad, “en particular con relación al interceptor Tunjuelo/Canoas y la ampliación de la PTAR Salitre”.

De Calderón España, quien firma el derecho de petición, se presenta como presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, constituida en Bogotá en noviembre de 2015. Además, en 2013, durante la administración de Gustavo Petro, tuvo un contrato con el Cuerpo de Bomberos como asesor del director, así como contratista con otras alcaldías locales como Ciudad Bolívar y Suba.

Aunque el año pasado la Fiscalía archivó investigaciones contra algunos concejales que estaban siendo investigados por el carrusel, con el caso Odebrecht y el contrato Tunjuelo-Canoas, al menos, se abre un nuevo capítulo con preguntas por resolver.

Siguen creciendo la lista de salpicados por el caso Odebrecht. Ni los concejales de Bogotá se salvaron. A través de un derecho de petición dirigido al Fiscal General de la Nación, Juan Carlos Calderón España le pidió al jefe de ente acusador adelantar indagaciones para establecer si presuntamente recibieron dineros de la multinacional brasilera.

Según el documento de cinco folios, pide investigar a los concejales Antonio Sanguino y Julio César Acosta, así como a los exconcejales Jorge Ernesto Salamanca y Fernando López “por presuntamente haber recibido dineros de la multinacional en los contratos relacionados con el túnel Tunjuelo-Canoas, y se interrogue al contratista Julio Gómez y Emilio Tapia para que declaren si estos concejales recibieron coimas por la intermediación ante el acueducto de Bogotá para la adjudicación del contrato en mención”.

Aunque algunos de los políticos mencionados han desestimado el derecho de petición de Calderón España, como el concejal Acosta, quien indicó que no hablaría del tema hasta no tener una comunicación directa de la Fiscalía, otros como el concejal Sanguino sí expresaron su molestia y anunciaron medidas legales. A través de un comunicado de prensa, el concejal de la Alianza Verde, calificó el derecho de petición como “calumnioso, de mala fe y sin prueba”.

Por esta razón rechazó “esta patraña fabricada por el señor Calderón España. Por tal razón, hoy he interpuesto ante el despacho del Fiscal General de la Nación una acción penal en su contra, por injuria, calumnia y falsa denuncia, que conduzca a esclarecer y castigar su temeraria conducta, la cual atenta contra la reputación y el buen nombre que he forjado en mi vida pública”, indicó Sanguino.

Aclaró que él no ha tenido ninguna relación con la empresa Odebrecht ni sus funcionarios y recordó que, por el contrario, desde 2009 ha advertido sobre el riesgo y la inconveniencia de la presencia de Odebrecht en la contratación de obras y recursos de la ciudad, “en particular con relación al interceptor Tunjuelo/Canoas y la ampliación de la PTAR Salitre”.

De Calderón España, quien firma el derecho de petición, se presenta como presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, constituida en Bogotá en noviembre de 2015. Además, en 2013, durante la administración de Gustavo Petro, tuvo un contrato con el Cuerpo de Bomberos como asesor del director, así como contratista con otras alcaldías locales como Ciudad Bolívar y Suba.

Aunque el año pasado la Fiscalía archivó investigaciones contra algunos concejales que estaban siendo investigados por el carrusel, con el caso Odebrecht y el contrato Tunjuelo-Canoas, al menos, se abre un nuevo capítulo con preguntas por resolver.