Bogotá

12 Aug 2013 - 9:00 p. m.

Piden protección para líderes comunales

En la madrugada del 5 agosto fue asesinado Gerardo Pinzón, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio El Cauce, ubicado en la localidad de Bosa. Tan sólo 19 días atrás había muerto Belisario Aya Montaño, quien era presidente de la JAC del barrio Chapinerito, Usme.

Redacción Bogotá

 En lo que va de 2013 han muerto cuatro líderes comunales, según lo registra el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac).

Desde enero de 2012 hasta hoy se han presentado los asesinatos de nueve líderes comunales de la ciudad. Ante las constantes denuncias por parte de los representantes, que aseguran sentirse desprotegidos, el subdirector de asuntos comunales del Idpac, José Cuesta, señaló: “Le hemos solicitado al fiscal general de la Nación que rinda un informe para la familia comunal de Bogotá: son un millón de afiliados y 1.785 JAC en la ciudad. Además, le hemos insistido a la Unidad Nacional de Protección de Víctimas un estudio de riesgos y medidas de protección a miembros y organizaciones comunales”.

De hecho, el 16 de julio el Idpac radicó un derecho de petición en donde “reitera con urgencia” al director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, que se haga el estudio de riesgos. En concreto, la entidad solicita “realizar un diagnóstico a los miembros de las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de Juntas y Federación de Acción Comunal de Bogotá, para la definición de medidas de protección, en coordinación con los organismos competentes. Como consecuencia de lo anterior, que se articulen y coordinen medidas para la prestación del servicio de protección a los dignatarios y/o afiliados amenazados que han sido víctimas de atentados contra su integridad personal”. Hasta ahora, según el Idpac, no hay respuestas concretas.

En respuesta, Villamizar señala que “la comunicación que envió ese señor no sirve para nada. Allí aparecen los muertos pero no las personas que él cree que necesitan protección, es decir, no hay ningún caso individualizado. El señor Cuesta no puede pretender que cualquier comunal tenga protección. Son miles en toda la ciudad. Nosotros los protegeremos frente a amenazas claras”.

Mientras se definen las medidas de protección, el Distrito, a través del Idpac, ha entregado 10 “botones de vida” (dispositivos electrónicos conectados con la central de riesgos de la Policía): “Estamos a la espera de 50 botones más para ampliar la cobertura. También hemos implementado el programa de relocalización. En el caso de Hugo Plazas, quien sufrió un atentado en la localidad de Usaquén, lo relocalizamos con su familia en un sitio absolutamente seguro”, explica Cuesta.

Sin embargo, la seguridad de los líderes no depende solamente del Distrito. Según Cuesta, los problemas que hay detrás de estos asesinatos ameritan la participación de la Policía, de la Unidad Nacional de Protección y de la Fiscalía: “Uno de los asesinatos en Sumapaz tuvo que ver con un caso que Asojuntas Sumapaz declaró como falso positivo. Otro caso importante es el de Germán Buitrago, quien renunció a la presidencia de la JAC del barrio San Bernardo por un atentado en su contra. Él se había comprometido con ayudar a clausurar el sector de la Ele y 15 días después de haberse posesionado lo hirieron con tres disparos”.

En el caso de Belisario Aya Montaño, Cuesta señala: “Venía adelantando una serie de tareas sobre el microtráfico en Usme. A raíz de su muerte los líderes han denunciado presuntas asociaciones entre las unidades policiales y el microtráfico. Sabemos que varios líderes comunales han perdido la confianza en las autoridades policiales”.

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