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El próximo miércoles la administración distrital, en cabeza del alcalde encargado Rafael Pardo, radicará en el Concejo dos proyectos claves para los próximos años: la creación de la Secretaría de Seguridad y el cobro por congestión, una especie de peajes que aún no se sabe cómo serán implementados.
En estos días, el Concejo está enfocado en debates de control político. Pero, si la administración pretende que se discutan su par de iniciativas, deberá presentar antes del próximo miércoles la solicitud de sesiones extras que durarían hasta el próximo 30 de abril.
Los tiempos están muy justos, es lo que se comenta en los pasillos del cabildo. Una vez radicados los proyectos, pasarán 10 días hábiles para que los concejales escogidos para ser ponentes presenten sus proyectos.
Ahí, vendrían los debates en Comisión y luego pasarían a ser discutidos en plenaria. Si antes del 30 de abril no están aprobados por comisiones, los proyectos tendrían que comenzar de cero después del 2 de mayo. Sin embargo, el panorama es más claro para la creación de la Secretaría de Seguridad, que para la implementación de los cobros.
Desde 2011, cuando Clara López era alcaldesa encargada, la ciudad viene discutiendo sobre la conveniencia de una secretaría que ordene todo el gasto en seguridad que, al día de hoy, está repartido entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad, la Secretaría de Gobierno, Alcaldía y las mismas alcaldías locales.
Incluso, políticas públicas como las destinadas a prevenir la delincuencia en entornos escolares o en espacios públicos, o la atención a población vulnerable que tiene incidencia en índices de criminalidad, son financiadas por diversas autoridades distritales que no tiene una entidad que las coordine.
La administración de Gustavo Petro ya había adelantado el trámite del proyecto. Es más, en diciembre, hubo una mesa de concertación entre las distintas bancadas para la creación de la Secretaría de Seguridad que ya había arrojado un articulado que permitiría contar con una nueva entidad que ordene el gasto en esa materia que opere desde 2015.
No obstante, por los problemas de gobernabilidad desatados por la destitución del mismo Petro y, ante el mal clima que había en el Concejo hacia la administración, la iniciativa de la secretaría no había sido sometida a discusión.
El panorama es favorable para la rápida aprobación del proyecto pues la Unidad Nacional, además de tener el encargo de la Alcaldía Mayor, goza de mayorías en el cabildo. De 45 concejales, contaría con 25 (Siete de Cambio Radical, seis liberales, ocho del partido de la U, 3 conservadores, uno elegido por el Partido de Integración Nacional y uno de la Alianza Social Independiente)
Además, la Alianza Verde, compuesta por la bancada del antiguo Partido Verde y de Progresistas, estaría dispuesta a votar favorablemente la Secretaría de Seguridad “ pues ya está todo definido desde diciembre. Lo único que no aceptaremos es que Rafael Pardo se lleve el crédito por un proyecto que fue pensado por la Bogotá Humana”, dice Diana Rodríguez, vocera de esa colectividad.
El caso es contrario en el cobro. Varios factores incomodan a los verdes, e incluso, a los miembros de las otras bancadas que consideran que el costo político que los cabildantes tendrían que asumir ante la opinión pública y los bogotanos es muy alto.
“No están definidos que cambio va a tener el pico y placa, no está claro si los cobros se harán a través de un peaje, no están claros los beneficios que tendrían los usuarios. Tampoco cuales serían las vías que serían susceptibles de cobro. Discutir todo eso en tan pocas sesiones va a ser muy complejo”, dice Javier Palacio, quien pidió el desmonte de las medidas de pico y placa y de peatonalización que Gustavo Petro tomó en el centro de la capital.
En la Secretaría de Movilidad han dicho que, inicialmente, el cobro por congestión se aplicaría en la Avenida 72 o Chile y en la Av. Pepe Sierra o 116. Habría una etapa de prueba, pero aún no están claros los pasos a seguir, las distancias, el monto a cobrar y otros pormenores que, necesariamente, deberán ser negociados con el Concejo.
La bancada verde, y la del Polo Democrático, no se opondrán a la iniciativa únicamente porque no está claro el impacto y la planeación del cobro, sino porque pretenden encarar a la Unidad Nacional en el plano legislativo.
Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, marca el tono que está adquiriendo la argumentación de esos partidos: “No tiene lógica que, si Pardo va a tener que irse cuando nombren un alcalde encargado del movimiento del exalcalde Petro, estén presionando todos los ritmos. O se quieren quedar por meses, o quieren cobrar crédito por algo que estaba en el plan de desarrollo”.
Ahora, los debates estarán marcados por la disputa política que vienen dándose en la ciudad a raíz de la destitución de Gustavo Petro y, por otro lado, por la necesidad de tomar medidas efectivas en dos frentes que están en las prioridades de la ciudadanía: seguridad y movilidad.
@CamiloSeguraA