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En la Secretaría de Integración Social (SDIS) son conscientes de los errores que se han cometido en la administración de los comedores comunitarios durante los últimos dos años: “Cuando llegué a la Secretaría verifiqué que lo que estaba diciendo el Concejo era cierto: había un consorcio temporal sin experiencia entregando alimentos, con un contrato por $18 mil millones a 10 meses. Hemos empezado a tomar medidas porque no estoy satisfecho”, dijo Jorge Rojas, secretario de Integración Social desde septiembre de 2013, en la presentación del modelo de alimentación que implementará el Distrito en 2014.
Los 150 comedores comunitarios (en donde atienden a 54.000 personas) que operan en la ciudad seguirán funcionado. Sin embargo, la Secretaría quiere ampliar la cobertura utilizando la modalidad de bonos canjeables por alimentos y de canastas complementarias (en 2014 ha invertido $35 mil millones en estas modalidades). Estas modalidades consisten en la entrega de una canasta complementaria de alimentos crudos para familias en condición de pobreza; “residentes en territorios con características diferenciales, como dispersión territorial o baja calidad de infraestructura sanitaria. Las canastas complementarias están compuestas por “cereales, tubérculos, raíces, plátanos, verduras, frutas, huevos, leguminosas, proteína animal, lácteos, grasas, azúcares y dulces”.
La administración creó la canasta indígena, rural, ROM, afrocolombiana y para zonas sin condiciones higiénico sanitarias. La Secretaría entregó, durante 2013, 45.764 bonos alimentarios; 7.476 canastas complementarias y atendió a 75.888 personas en los comedores comunitarios. En total, según la Secretaría, son atendidas 236.542 personas diariamente. El balance fue opacado por una denuncia proveniente de la misma Secretaría: “en anteriores contratos encontramos que los operadores le cobraban al Distrito los servicios de 8.000 personas que no aparecen en los registros”. El operador en cuestión es el Consorcio Alimentando Bogotá 2013, contratado por la SDIS en junio de 2013 para la entrega de crudos en 110 jardines infantiles y 17 centros de cuidado. Rojas reconoce que fue un error contratar a “un consorcio sin experiencia”; “ya procedimos a finiquitar el contrato de manera bilateral y se hizo efectiva la multa”.
De acuerdo con la Contraloría de Bogotá, hubo un sobrecosto de $3 mil millones en el contrato entre la SDIS y Alimentando Bogotá 2013. De hecho, la concejal Clara Lucía Sandoval señaló hace una semana que “se evidenció una mala planeación en la ejecución del contrato, se hizo un cambio en la modalidad de la entrega de bonos a canasta complementaria sin justificación; se estableció un incremento en el valor del contrato en un 9%, que no se ajusta al establecido por el DANE. Se realizaron pagos sin los soportes correspondientes y hubo gastos de refrigerios que no estaban contemplados dentro del contrato. Hubo un daño al erario público”. Así lo concluyó, también, la Contraloría.
Jorge Rojas hace énfasis en que estas irregularidades se presentaron antes de que él asumiera la cartera de integración social: “La concejal Clara Lucía Sandoval ha hecho un excelente debate en el Concejo, pero se refiere a meses anteriores. Ahora buscamos romper ese modelo según el cual se realizó ese contrato. Cómo es posible que a través de una licitación o una subasta gane un consorcio que no tiene capacidad para cumplir”. La Secretaría ha tomado las siguientes medidas: “En la contratación de comedores comunitarios se han implementado procesos públicos y transparentes. Existe una mesa de selección que permite estudiar y analizar a cada uno de los proponentes que quieran contratar con la entidad, así como la verificación de la historia de los mismos .Queremos eliminar la subcontratación con la asesoría de las Naciones Unidas, que cuenta con programas de transparencia y lucha contra la corrupción”. Actualmente, los 150 comedores son operados por 82 organizaciones.
De otro lado, la Secretaría la firmó un convenio con la cadena de supermercados Coratiendas, por un valor de $11.735.713.810. El objetivo de este convenio, que los habitantes en condición de vulnerabilidad de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar puedan reclamar los bonos alimenticios en alguno de los almacenes de la cadena (los bonos van desde $81.000 hasta $321.000)”. El convenio entrará en vigencia en marzo.
El balance no fue eclipsado solamente por los problemas con Alimentando Bogotá 2013. De acuerdo con lo expuesto con la concejal Clara Lucía Sandoval: “Con base en las respuestas de la misma administración se puede establecer que disminuyó el número de beneficiados: en 2012 se beneficiaron 292.809 personas y a corte de noviembre de año pasado 228.573. Además, es vergonzoso que la Secretaría de Integración Social le adeude a la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) más de 1.200 millones por la interventoría prestada a los comedores comunitarios”.