Rumba de alto voltaje en el barrio El Restrepo en Bogotá

A las 10:00 p.m. del sábado, el estruendo de la música se mezcla con los gritos de los jaladores. “Acá sí hay trago barato, siga que hay niñas solas”, dicen mientras acorralan a transeúntes que buscan un lugar para rumbear. En la calle 18 Sur con carrera 17, en el barrio Restrepo, sur de Bogotá, se forma una multitud frenética frente a bares, discotecas y locales de striptease.

Jóvenes en bandada, algunos con gafas de sol pese a la noche, aguardan en las esquinas frente a avisos de neón que anuncian minutos de celular y licores. Tienen botellas en la mano, forcejean amistosamente y se abrazan. Su edad aparente no es motivo de suspicacias. A nadie parece importarle. Hay mujeres embutidas en blusas ombligueras y jeans apretados que no sobrepasan los 20 años. La escena raya en el estereotipo: están recostadas sobre una pared, sostienen un cigarrillo a la altura de la boca y cada tanto aspiran profundamente, al tiempo que mascan chicle.

En la antesala de lo que prometen ser los “paraísos de la fiesta” consumen cigarrillos de marihuana y huelen frascos de colores. Y cuando estalla una riña, avanzan dos patrullas de la Policía. Los más jóvenes emprenden la huida y a los que atrapan los meten sin condescendencia a los vehículos.

Esta situación, que se vive cada fin de semana en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, puede repetirse en cualquier zona de rumba de Bogotá. No obstante, en este punto del sur de Bogotá, residentes, comerciantes e incluso el alcalde local, Eduardo Silgado, han llamado la atención sobre los presuntos excesos que se registran especialmente los fines de semana entre las calles 17 y 19 Sur y las carreras 16 y 17.

Pocos se atreven a denunciar con nombre propio y algunos dueños de bares se pronunciaron sobre lo que, según su perspectiva, sucede en este lugar, pero con la condición de que su nombre permaneciera en el anonimato. “Hay toda una mafia detrás de muchos bares, de venta de drogas, de trata de personas y presencia de pandillas. Pero, eso sí, no son todos los establecimientos”, dice uno de ellos.

Quien sí se atrevió a poner en evidencia esta problemática fue el alcalde local. Desde la puesta en vigor del Código de Policía, el 30 de enero, ha desarrollado 18 operativos de vigilancia y control, principalmente para proteger los derechos de menores de edad. Así, han sellado 22 establecimientos comerciales que están ubicados en un mismo polígono. “Parece que la zona de rumba del Restrepo se volvió el receptáculo del sur de Bogotá en materia de personas que consumen drogas, tienen riñas y andan armadas. Es supremamente peligrosa”, reconoce el mandatario.

“La Policía nos deja solos”

Cuando realizan las intervenciones, un grupo de funcionarios de la Alcaldía local llega hasta los puntos establecidos y sellan al menos un negocio cada semana. En los registros sorpresa, aseguran, han hallado estupefacientes, botellas de bóxer y de licor adulterado. “También caletas con menores de edad en los que retienen a siete u ocho jóvenes y, en una ocasión, hasta un chaleco antibalas. Se evidencia además que puede haber una red de trata de menores de edad, en términos de prostitución. Con el ICBF hacemos todo el protocolo de restablecimiento de derechos, pero el problema es bastante grande”, agrega Silgado. Saben que cuando los menores ven chaquetas azules se enfrentan a una estampida de más de cien personas que resultan incontrolables.

Dice, asimismo, que ha encontrado una actitud tímida de la Policía de Antonio Nariño en los operativos. “Nos dejan solos, no están allí prestos para el servicio. Cuando llega el operativo, uno ve a los señores de la Policía hablando con el uno y con el otro, e incluso abrazando a los dueños de los bares, y nosotros, solos, haciendo la tarea administrativa”.

De acuerdo con su versión, en algunas ocasiones ofician a la Policía para que los acompañe. Sin embargo, dice Silgado, “curiosamente (el operativo) se conoce en todo el sector de rumba y los resultados son bajos. Pero si lo hacemos de sorpresa o con policías de otro sector, los efectos son distintos”. Y agrega: “Una vez le dije a una teniente: ‘Es que a ustedes les da como pena salir con nosotros. Pareciera que los delincuentes somos nosotros, porque ustedes salen y de inmediato se intimidan’”.

Pero su inventario de inconformidades es más amplio. Dice que cuatro o cinco efectivos los acompañan en una zona tan compleja que hay temor por cuenta de los uniformados para tomar decisiones o que los comparendos son llenados de manera poco sólida. Sin embargo, aseguran que no cuentan con el material probatorio suficiente para poner estos hechos en conocimiento de los organismos de control.

En ese mismo sentido se pronuncia un reconocido comerciante que tiene un bar de salsa. No quiere revelar su nombre porque asegura que detrás de muchos de esos establecimientos hay mafias que controlan la rumba. “Hay vehículos desde los cuales venden licor adulterado a los locales. Y a los que se niegan a comprarles, les hacen la guerra, les bloquean los clientes o los amenazan”.

Por su cuenta, la Policía de Antonio Nariño asegura que, desde la entrada en vigencia del Código de Policía, se han adelantado 94 comparendos con suspensión temporal de la actividad económica, por permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los establecimientos públicos en la zona de rumba. Y en los operativos que han realizado han impuesto dos comparendos por armas neumáticas y tres por licor adulterado, entre otros. Además destacó que en lo corrido del año se ha registrado una reducción en los delitos de lesiones personales (24 menos) y homicidios (seis menos), respecto a las cifras del año pasado.

Ante esta problemática, que parece ser un secreto a voces, Luis Fernando Echavarría, experto en seguridad, considera que es necesario fortalecer el trabajo de inteligencia y vigilancia por cuenta de las autoridades, tanto policiales como civiles: “No podemos seguir esperando a que la gente denuncie para actuar”.

Los comerciantes que aseguran cumplir con todas las normas piden que se aplique la ley con todo el rigor a aquellos que están inmersos en una presunta mafia que hasta el momento —según denuncian— ha sido dura de desmantelar.

A las 10:00 p.m. del sábado, el estruendo de la música se mezcla con los gritos de los jaladores. “Acá sí hay trago barato, siga que hay niñas solas”, dicen mientras acorralan a transeúntes que buscan un lugar para rumbear. En la calle 18 Sur con carrera 17, en el barrio Restrepo, sur de Bogotá, se forma una multitud frenética frente a bares, discotecas y locales de striptease.

Jóvenes en bandada, algunos con gafas de sol pese a la noche, aguardan en las esquinas frente a avisos de neón que anuncian minutos de celular y licores. Tienen botellas en la mano, forcejean amistosamente y se abrazan. Su edad aparente no es motivo de suspicacias. A nadie parece importarle. Hay mujeres embutidas en blusas ombligueras y jeans apretados que no sobrepasan los 20 años. La escena raya en el estereotipo: están recostadas sobre una pared, sostienen un cigarrillo a la altura de la boca y cada tanto aspiran profundamente, al tiempo que mascan chicle.

En la antesala de lo que prometen ser los “paraísos de la fiesta” consumen cigarrillos de marihuana y huelen frascos de colores. Y cuando estalla una riña, avanzan dos patrullas de la Policía. Los más jóvenes emprenden la huida y a los que atrapan los meten sin condescendencia a los vehículos.

Esta situación, que se vive cada fin de semana en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, puede repetirse en cualquier zona de rumba de Bogotá. No obstante, en este punto del sur de Bogotá, residentes, comerciantes e incluso el alcalde local, Eduardo Silgado, han llamado la atención sobre los presuntos excesos que se registran especialmente los fines de semana entre las calles 17 y 19 Sur y las carreras 16 y 17.

Pocos se atreven a denunciar con nombre propio y algunos dueños de bares se pronunciaron sobre lo que, según su perspectiva, sucede en este lugar, pero con la condición de que su nombre permaneciera en el anonimato. “Hay toda una mafia detrás de muchos bares, de venta de drogas, de trata de personas y presencia de pandillas. Pero, eso sí, no son todos los establecimientos”, dice uno de ellos.

Quien sí se atrevió a poner en evidencia esta problemática fue el alcalde local. Desde la puesta en vigor del Código de Policía, el 30 de enero, ha desarrollado 18 operativos de vigilancia y control, principalmente para proteger los derechos de menores de edad. Así, han sellado 22 establecimientos comerciales que están ubicados en un mismo polígono. “Parece que la zona de rumba del Restrepo se volvió el receptáculo del sur de Bogotá en materia de personas que consumen drogas, tienen riñas y andan armadas. Es supremamente peligrosa”, reconoce el mandatario.

“La Policía nos deja solos”

Cuando realizan las intervenciones, un grupo de funcionarios de la Alcaldía local llega hasta los puntos establecidos y sellan al menos un negocio cada semana. En los registros sorpresa, aseguran, han hallado estupefacientes, botellas de bóxer y de licor adulterado. “También caletas con menores de edad en los que retienen a siete u ocho jóvenes y, en una ocasión, hasta un chaleco antibalas. Se evidencia además que puede haber una red de trata de menores de edad, en términos de prostitución. Con el ICBF hacemos todo el protocolo de restablecimiento de derechos, pero el problema es bastante grande”, agrega Silgado. Saben que cuando los menores ven chaquetas azules se enfrentan a una estampida de más de cien personas que resultan incontrolables.

Dice, asimismo, que ha encontrado una actitud tímida de la Policía de Antonio Nariño en los operativos. “Nos dejan solos, no están allí prestos para el servicio. Cuando llega el operativo, uno ve a los señores de la Policía hablando con el uno y con el otro, e incluso abrazando a los dueños de los bares, y nosotros, solos, haciendo la tarea administrativa”.

De acuerdo con su versión, en algunas ocasiones ofician a la Policía para que los acompañe. Sin embargo, dice Silgado, “curiosamente (el operativo) se conoce en todo el sector de rumba y los resultados son bajos. Pero si lo hacemos de sorpresa o con policías de otro sector, los efectos son distintos”. Y agrega: “Una vez le dije a una teniente: ‘Es que a ustedes les da como pena salir con nosotros. Pareciera que los delincuentes somos nosotros, porque ustedes salen y de inmediato se intimidan’”.

Pero su inventario de inconformidades es más amplio. Dice que cuatro o cinco efectivos los acompañan en una zona tan compleja que hay temor por cuenta de los uniformados para tomar decisiones o que los comparendos son llenados de manera poco sólida. Sin embargo, aseguran que no cuentan con el material probatorio suficiente para poner estos hechos en conocimiento de los organismos de control.

En ese mismo sentido se pronuncia un reconocido comerciante que tiene un bar de salsa. No quiere revelar su nombre porque asegura que detrás de muchos de esos establecimientos hay mafias que controlan la rumba. “Hay vehículos desde los cuales venden licor adulterado a los locales. Y a los que se niegan a comprarles, les hacen la guerra, les bloquean los clientes o los amenazan”.

Por su cuenta, la Policía de Antonio Nariño asegura que, desde la entrada en vigencia del Código de Policía, se han adelantado 94 comparendos con suspensión temporal de la actividad económica, por permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los establecimientos públicos en la zona de rumba. Y en los operativos que han realizado han impuesto dos comparendos por armas neumáticas y tres por licor adulterado, entre otros. Además destacó que en lo corrido del año se ha registrado una reducción en los delitos de lesiones personales (24 menos) y homicidios (seis menos), respecto a las cifras del año pasado.

Ante esta problemática, que parece ser un secreto a voces, Luis Fernando Echavarría, experto en seguridad, considera que es necesario fortalecer el trabajo de inteligencia y vigilancia por cuenta de las autoridades, tanto policiales como civiles: “No podemos seguir esperando a que la gente denuncie para actuar”.

Los comerciantes que aseguran cumplir con todas las normas piden que se aplique la ley con todo el rigor a aquellos que están inmersos en una presunta mafia que hasta el momento —según denuncian— ha sido dura de desmantelar.