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Estudiantes de seis departamentos expusieron este martes 29 de octubre la situación en la que se encuentra el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en sus instituciones. El evento, fue organizado por la Contraloría General de la Nación que, a través de la estrategia de Participación Ciudadana denominada “Control Fiscal Participativo” y de un trabajo mancomunado con la academia, logró entregar conclusiones sobre los retos que tiene en frente la implementación de ese programa nacional.
El ente de control aprovechó la ocasión para reconocer públicamente la gestión de los contralores estudiantiles de seis departamentos del país que llegaron hasta Bogotá para exponer los datos y la situación en la que está la implementación del PAE en sus colegios. Con esa intensión, les hizo entrega de un chaleco representativo con el logo de la entidad, para que ellos asuman el “poder” de ser los veedores en sus colegios.
El trabajo con los estudiantes, que viene implementando la Contraloría desde inicios de este año, consiste en capacitarlos y orientarlos para que ejerzan una correcta auditoria al funcionamiento del PAE en sus instituciones educativas.
Los 22 contralores que expusieron su diagnóstico conocen bien sus problemáticas, cuánto son los recursos que se destinan a este fin y los estándares de calidad que debe tener el proceso. Con estos jóvenes se ilustró la activación de una “Red Nacional de Contralores Estudiantiles” que acoge a pequeños veedores de 10 departamentos del país (San Andrés, Bolívar, La Guajira, Norte de Santander, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Vichada y Amazonas) y Bogotá.
Para la elaboración del diagnóstico sobre el PAE, se vincularon expertos académicos de la Universidad Nacional de Colombia, Uniminuto y Red Universitaria Anticorrupción que consolidaron y analizaron toda la información obtenida, no solo de representantes de la institución, sino de operadores, manipuladores, supervisores, interventores, entes territoriales y órganos de control.
Además, se hizo una verificación en campo de las problemáticas identificadas, a través de visitas de campo a 73 instituciones educativas urbanas y rurales de esos departamentos, y la aplicación de 127 encuestas semi-estructuradas sobre la percepción del programa por parte de algunos Entes Territoriales Certificados y no certificados, y los rectores de instituciones educativas.
El análisis evaluó el PAE desde cuatro ejes temáticos establecidos en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: calidad e inocuidad, cobertura y financiamiento, gestión territorial y transparencia; detectando como principales problemáticas que:
*En un 37,22% la infraestructura de comedores es insuficiente, existe deficiencia en la dotación de los restaurantes y hay falta de seguimiento del programa
*En un 34,51% no se cumplen los estándares de calidad, los insumos son insuficientes por parte de los operadores y los menús no cuentan con particularidades socioculturales y médicas de los niños.
*En 18,01% se detectaron irregularidades en contratación y pagos, los operadores incumplen las condiciones de los contratos y existen deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control.
*En un 6,34% se identificó insuficiencia de recursos para la adecuada operación del programa
*Y en 4,92% no hay cobertura para 100% de los estudiantes durante el año escolar.
“Luego de intervenciones previas con las comunidades educativas que mostraron falencias reiterativas del programa de alimentación escolar, se priorizó para el año 2019 una evaluación estructural con la ciudadanía al programa. Así nació este diagnóstico, que hace parte de la estrategia denominada Control Fiscal Participativo, con la cual la Contraloría General de la República, vincula a la ciudadanía en la gestión y vigilancia a los recursos públicos, que para este caso se realiza a los procesos de administración pública del PAE”, indicó el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.
Bogotá
Respecto a otras regiones que expusieron su panorama como Guajira o Chocó, el PAE en la capital cuenta con el 100% de cobertura para los 785.176 estudiantes matriculados en instituciones públicas.
Actualmente, se destinan $400 mil millones para este programa. De esa cantida, el 91% son recursos propios del Distrito y el 9% lo aporta el Gobierno Nacional. Es importante tener en cuenta que la ciudad cambió el modelo de contratación en alianza con Colombia Compra Eficiente y que la gestión del plan, en términos sanitarios, está a cargo del Invima y la Secretaría Distrital de Salud.
Además, según la exposición de dos estudiantes del colegio Robert F. Kennedy y el Panamericano, el programa tiene el apoyo de un equipo de profesionales como nutricionistas, ingenieros y administradores que hacen posible la operación.
En la capital como en los otros departamentos se implementan dos modalidades de complemento alimentario: refrigerios escolares y servicio integral de desayunos y almuerzos escolares. Cuando el estudiante está en la institución hasta 4 horas recibe 1 complemento alimentario que puede ser refrigerio, desayuno o almuerzo. Cuando permanece entre 4 y 8 horas se le otorgan 2 complementos diarios que pueden ser refrigerio o desayuno y/o almuerzo.
Para brindar este servicio, el Distrito dispone de 157 comedores escolares, de esos 149 están dentro de los colegios y 8 son cocinas móviles.
No es igual en todo el país
En la Guajira, por ejemplo, hay una cobertura del 75,7% y los estudiantes reportaron explotación laboral a las manipuladoras de alimentos; secretismo y complicidad institucional para no prestar atención a los requerimientos o reclamos que se hacen sobre el PAE e infraestructura precaria para recibir este servicio.
La situación de Norte de Santander también es más hostil. La mala condición de las vías terciarias hace prácticamente imposible el traslado de alimentos a lugares como el Catatumbo, catalogado como zona de conflicto. Además, existe una buena cantidad de población estudiantil flotante de niños y jóvenes venezolanos que no se está teniendo en cuenta por el programa.
Eduardo Rengifo, rector de la Institución Isaac Rodríguez Martínez del Chocó, contó que al estar ubicados en la zona más vulnerable de Quibdó (zona norte) ocurría que llegaban los furgones con la comida y los vándalos se robaban los alimentos de los niños.
Una mirada panorámica
En general, las problemáticas que más se destacaron por sus características de riesgo para una buena implementación de la calidad e inocuidad de los alimentos en el PAE y que preocuparon a la comunidad participante son, la entrega de insumos insuficientes por parte del operador (63%), los complementos alimentarios que no cumplen condiciones de calidad y porciones estandarizadas (57%), los menús que no tienen en cuenta particularidades médicas y socioculturales de los niños (50%), la inconformidad con las raciones y/o minutas establecidas en los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) (42%), los víveres e insumos que no cumplen con condiciones de calidad (36%) y desperdicios de comida (29%) y por último, la inadecuada organización de horarios para el consumo de los complementos alimentarios con un 16%.
Por otro lado, los recursos son insuficientes para garantizar la adecuada operación del programa. Por ejemplo, la mayoría de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) afirman que los recursos no alcanzan para cubrir lo que demanda la implementación adecuada del programa a lo largo de todo el periodo escolar. El PAE tiene problemas especialmente con los escolares de jornada única, los escolares de comunidades étnicas, aquellos en situación de discapacidad, los que han sido víctimas del conflicto armado y que se encuentran cursando preescolar.
Además, a niveles similares de cobertura, los costos promedio por estudiantes son muy distintos. De esta forma, si entre departamentos o ETC colindantes se asociaran para brindarle alimentación escolar a todos sus estudiantes, podrían aumentar la cobertura. Por ejemplo, si Huila se asocia con Tolima podría bajar su costo promedio de $2.630 a $1.739, con lo que lograría alimentar durante 171 días a todos los estudiantes huilenses.
Otra debilidad fue la infraestructura de comedores escolares (102%), la deficiencia en la dotación de equipos de cocina, utensilios y menaje (92%), la falta de conocimiento, apropiación y seguimiento del programa por parte de los distintos actores (42%), los hábitos alimenticios inadecuados, las debilidades en la capacidad institucional para atender el programa (8%) y por último con un 6% varias problemáticas como, la contratación no oportunidad del operador para la prestación del servicio, las dificultades para prestar el servicio en zonas dispersas o alejadas y las fallas en la focalización de titulares de derecho.
En términos de transparencia, se detectaron Dificultades relacionadas con la contratación del operador pues no existe un manual de contratación para el PAE, no se contempla un estudio de costos que permitan la ejecución adecuada del contrato, hay corrupción en procesos licitatorios pues hay operadores sancionados que cambian su representante legal y su razón social para volver a participar; y hay operadores poco idóneos y sin experiencias por falta de los lineamientos.
Recomendaciones
Para la Red Universitaria Anticorrupción -RedUVA es necesario que las Secretarías de Educación municipales se vinculen con la agencia Colombia Compra Eficiente (CCE), por medio de Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD) para que se eliminen costos de transacción y se disminuya la modalidad de contratación de compra directa.
Frente al incumplimiento constante de los operadores, también recomienda que las entidades contratantes implementen cláusulas sancionatorias en cada una de las actividades que realiza el contratista diferentes a las establecidas en la ley, tales como: aplicación de descuentos a los pagos destinados a los operadores y restricción de su postulación en próximas contrataciones a través de los informes del ejercicio de supervisión y/o interventoría realizado por las entidades competentes.
En materia de ejecución del PAE, recomiendan que los directivos de los colegios deben establecer canales de comunicación directa con los operadores del programa para reportar de forma anticipada cambios en la jornada estudiantil o actividades extracurriculares.