Seguridad: ¿Qué mantendrán los candidatos a la Alcaldía de Bogotá de los planes de la administración?

Desde finales del siglo pasado se hizo evidente el crecimiento de la inseguridad urbana a escala mundial, manifestado en el crimen violento. Un fenómeno explicado por la interacción de la urbanización con variables relacionadas con la población, la gestión pública y el entorno de las ciudades. Ante esto, estrategias basadas en aproximaciones reactivas y parciales han dado paso a un consenso sobre la necesidad de políticas preventivas, estructurales y flexibles.

Ricardo Rocha García
01 de octubre de 2019 - 02:59 a. m.
El Espectador
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Según una identificación no exhaustiva, la administración saliente ha buscado enfrentar los desafíos de la seguridad desplegando una estrategia relacionada con las funciones de policía, justicia, mujeres, espacio público, movilidad, cultura ciudadana y educación, entre otros, considerando 60 actividades.

En materia de seguridad, los candidatos con más propuestas son Claudia López, Miguel Uribe y Carlos F. Galán, con 34, y Hollman Morris con 15. De estas, muchas coinciden con las de la actual administración. Las principales están en el tema de policía con el liderazgo del alcalde, el uso de sistemas de información, la articulación, el uso de cámaras, la iluminación, el control del microtráfico y bandas criminales. En cuanto a justicia, el equipamiento y las casas de justicia. En la protección de las mujeres, las casas refugio, la prevención de la violencia familiar y el transporte público.

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Pero es evidente que hay varias que no los retoman, como la evaluación de la política, la descentralización de la justicia, la prevención del crimen juvenil, la Cárcel Distrital, los programas de apropiación del patrimonio cultural, la línea púrpura para la protección femenina, la recuperación del espacio público y la infraestructura cultural.

Sobre el contexto de la ciudad, el ataque del Eln a la Escuela General Santander y las disidencias de las Farc evidencian los riesgos del terrorismo sobre la infraestructura de la ciudad. La inmigración venezolana también involucra posibles riesgos sobre la convivencia y seguridad, dadas las precarias condiciones socioeconómicas y la elevada inseguridad en los asentamientos. Mientras que localmente el creciente desempleo y la polarización política plantean eventuales amenazas para el orden público.

De lo anterior, surgen preguntas para los candidatos como: ¿Qué hacer ante los riesgos asociados al terrorismo, la inmigración y el orden público?, ¿Ante el desplazamiento y contagio del crimen?, ¿Cómo sería la articulación con la Nación y los alcaldes vecinos?, ¿Qué mejorarían de los programas actuales?, ¿Abandonarían los que no mencionan?, ¿Qué harían para mejorar la percepción de inseguridad? La ciudad espera sus respuestas.

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Por Ricardo Rocha García

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