Siete alcaldes de Cundinamarca enfrentan procesos de revocatoria

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, no es el único mandatario que se enfrenta a un proceso de revocatoria. Aunque su caso es el más sonado y el que tiene el mayor número de comités promotores inscritos ante la Registraduría (tres), en el departamento de Cundinamarca hay más alcaldes que enfrentan el mismo proceso. Se trata de los  mandatarios de Pandi, La Calera, Tocancipá, Zipacón, Girardot, Facatativá y Madrid. Su opositores recogen firmas para tratar de anular sus mandatos en las urnas.

Según las resoluciones de la Registraduría Nacional, el comité de Madrid aún está en proceso de elaboración del formulario; en Facatativá hay dos grupos que promueven la salida del alcalde Pablo Emilio Malo García y en el resto de municipios ya están en proceso de recolección de firmas. En total, son ocho promotores en siete municipios.

Los motivos que esgrimieron los comités para soportar su campaña revocatoria son variados, pero en términos generales se soportan en las dos razones que plantea la Ley 1757 del 2015, que dicta las reglas sobre la promoción y protección del derecho a la participación democrática. La norma indica que una revocatoria solo se puede promover bajo las siguientes premisas: incumplimiento del Plan de Gobierno y el descontento generalizado de la ciudadanía.

El Espectador tuvo acceso a los motivos presentados por siete de los ocho comités de revocatoria inscritos en Cundinamarca (el de Madrid aún no tiene formulario). Según revelan, en el caso de Pandi, las principales razones son la falta de servicios médicos y agua potable, el mal estado de las vías y la alta tasa de desempleo. En el caso de La Calera, el supuesto mal manejo de los recursos públicos, además de denuncias en temas de salud, educación, medio ambiente y movilidad. En Tocancipá, el comité alega demoras en la ejecución de los programas sociales, artísticos y deportivos.

Los motivos de los comités de revocatoria continúan. En Zipacón acusan al alcalde Gustavo Cortés de negligencia administrativa, atropello a la comunidad, falta de gestión y desviación de rubros, entre otros. En Facatativá, donde hay dos comités, dicen que supuestamente el gobernante ha incumplido el Plan de Ordenamiento Territorial y no ha invertido en escenarios deportivos ni malla vial.

Girardot tiene un capítulo aparte. Su alcalde, César Fabián Villalba Acevedo, fue arrestado en septiembre del año pasado por los presuntos delitos de concierto para delinquir, constreñimiento al sufragante y peculado por apropiación. Aunque Villalba está en libertad, continúa apartado del cargo y sigue vinculado al proceso. Ante esta situación, el comité promotor asegura que hay un descontento generalizado por el hueco administrativo que dejó.

Todas estas razones están siendo evaluados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) junto a otros 93 procesos de revocatoria que se adelantan en el país. La entidad será la encargada de avalar o no los motivos de los promotores. “Garantizaremos el debido proceso con cada caso. No basta que los comités digan que se está incumpliendo el programa de gobierno o que la gente no esté contenta con el alcalde. Hay que decir por qué y tener pruebas”, indicó Alexánder Vega, presidente de la entidad.

¿Qué dicen los alcaldes?

Las opiniones de los alcaldes varían. Mientras algunos sostienen que los procesos en su contra son jugadas políticas de sus contrincantes en las elecciones del 2015, otros plantean la posibilidad de que sea una estrategia para obtener beneficios económicos. Ana Lucía Escobar, alcaldesa de La Calera, indicó que los argumentos presentados en su contra ante la Registraduría no tienen ninguna validez y todo se trata de un ataque de las fuerzas políticas tradicionales del municipio.

“Los motivos de los promotores no son sólidos, porque nada tienen que ver con mi plan de desarrollo. Este es un ataque político. Hay personas que no toleran que una mujer les haya ganado las elecciones. Tomaré las acciones legales y constitucionales necesarias para hacer respetar la decisión de las personas que votaron por esta administración”, señaló Escobar.

Por su parte, el alcalde de Tocancipá, Walfrando Forero, indicó que el proceso de revocatoria en su contra no prosperará, porque el verdadero fin de sus promotores es presionarlo para obtener algún tipo de beneficio económico o puestos públicos. “No es un tema de persecución política. Ellos (los promotores) simplemente están buscando dinero y yo no voy a caer en su juego. Me preocupa que el registrador municipal les dé su aval cuando, en realidad no cumplen con los motivos que exige la ley. Espero que el CNE tome la decisión correcta”, dijo.

Forero aseguró estar a favor de los procesos de revocatoria como herramienta de participación ciudadana, pero opinó que en los últimos años se han convertido en un arma política que polariza a la ciudadanía y en la mayoría de los casos no tiene una justificación.

Se quedan en intenciones

Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), en los últimos 20 años ningún proceso ha logrado revocar a un alcalde. Ante este panorama, queda claro que los 101 comités revocatorios inscritos en el país tienen un arduo trabajo para no fracasar. Sin embargo, al final, solo el CNE, las firmas de apoyo y los votos en las urnas dirán si alguno tendrá éxito o no.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, explica que la mayoría de los procesos no superan el umbral de firmas necesarias y los pocos que sí lo hacen no sobreviven a las urnas, porque los ciudadanos no salen a votar. “Es importante que la gente entienda que este es un mecanismo para destituir a un mandatario que no está cumpliendo con su plan de gobierno y no una herramienta para fines políticos. Lastimosamente hemos notado que las campañas de revocatoria de alcaldes coinciden con el año preelectoral del Congreso y son utilizadas para hacer política, especialmente para la Cámara de Representantes”.

Como arma política o con genuina causa, la única verdad es que los comités promotores continúan recogiendo firmas. Por el momento, mientras se conoce la determinación del CNE respecto a la validez de los motivos, los siete mandatarios municipales seguirán acompañando al alcalde Enrique Peñalosa en el banquillo de los revocables. Hay que esperar si alguno llega a las urnas y triunfa en ellas o simplemente todos entran a inflar las cifras de procesos revocatorios fallidos. 

Radican firmas

El comité promotor de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa hará hoy una entrega parcial de las firmas que han recogido en lo corrido del año. De acuerdo con sus líderes, a la fecha cuentan con 660.000 firmas, de las cuales 400.000 ya están verificadas.
Aunque pretendían entregarlas todas el próximo mes, harán la entrega parcial debido a que la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá hoy y posiblemente tocará el tema de los procesos de revocatoria. “Vamos a radicar 660.000 firmas escaneadas en su totalidad. Hay sectores convencidos de que el CNE podría cometer este martes una arbitrariedad. Vamos a entregar las firmas con un oficio aclarando que esta es una entrega parcial”, indicó Carlos Carrillo, uno de los promotores de la revocatoria.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, no es el único mandatario que se enfrenta a un proceso de revocatoria. Aunque su caso es el más sonado y el que tiene el mayor número de comités promotores inscritos ante la Registraduría (tres), en el departamento de Cundinamarca hay más alcaldes que enfrentan el mismo proceso. Se trata de los  mandatarios de Pandi, La Calera, Tocancipá, Zipacón, Girardot, Facatativá y Madrid. Su opositores recogen firmas para tratar de anular sus mandatos en las urnas.

Según las resoluciones de la Registraduría Nacional, el comité de Madrid aún está en proceso de elaboración del formulario; en Facatativá hay dos grupos que promueven la salida del alcalde Pablo Emilio Malo García y en el resto de municipios ya están en proceso de recolección de firmas. En total, son ocho promotores en siete municipios.

Los motivos que esgrimieron los comités para soportar su campaña revocatoria son variados, pero en términos generales se soportan en las dos razones que plantea la Ley 1757 del 2015, que dicta las reglas sobre la promoción y protección del derecho a la participación democrática. La norma indica que una revocatoria solo se puede promover bajo las siguientes premisas: incumplimiento del Plan de Gobierno y el descontento generalizado de la ciudadanía.

El Espectador tuvo acceso a los motivos presentados por siete de los ocho comités de revocatoria inscritos en Cundinamarca (el de Madrid aún no tiene formulario). Según revelan, en el caso de Pandi, las principales razones son la falta de servicios médicos y agua potable, el mal estado de las vías y la alta tasa de desempleo. En el caso de La Calera, el supuesto mal manejo de los recursos públicos, además de denuncias en temas de salud, educación, medio ambiente y movilidad. En Tocancipá, el comité alega demoras en la ejecución de los programas sociales, artísticos y deportivos.

Los motivos de los comités de revocatoria continúan. En Zipacón acusan al alcalde Gustavo Cortés de negligencia administrativa, atropello a la comunidad, falta de gestión y desviación de rubros, entre otros. En Facatativá, donde hay dos comités, dicen que supuestamente el gobernante ha incumplido el Plan de Ordenamiento Territorial y no ha invertido en escenarios deportivos ni malla vial.

Girardot tiene un capítulo aparte. Su alcalde, César Fabián Villalba Acevedo, fue arrestado en septiembre del año pasado por los presuntos delitos de concierto para delinquir, constreñimiento al sufragante y peculado por apropiación. Aunque Villalba está en libertad, continúa apartado del cargo y sigue vinculado al proceso. Ante esta situación, el comité promotor asegura que hay un descontento generalizado por el hueco administrativo que dejó.

Todas estas razones están siendo evaluados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) junto a otros 93 procesos de revocatoria que se adelantan en el país. La entidad será la encargada de avalar o no los motivos de los promotores. “Garantizaremos el debido proceso con cada caso. No basta que los comités digan que se está incumpliendo el programa de gobierno o que la gente no esté contenta con el alcalde. Hay que decir por qué y tener pruebas”, indicó Alexánder Vega, presidente de la entidad.

¿Qué dicen los alcaldes?

Las opiniones de los alcaldes varían. Mientras algunos sostienen que los procesos en su contra son jugadas políticas de sus contrincantes en las elecciones del 2015, otros plantean la posibilidad de que sea una estrategia para obtener beneficios económicos. Ana Lucía Escobar, alcaldesa de La Calera, indicó que los argumentos presentados en su contra ante la Registraduría no tienen ninguna validez y todo se trata de un ataque de las fuerzas políticas tradicionales del municipio.

“Los motivos de los promotores no son sólidos, porque nada tienen que ver con mi plan de desarrollo. Este es un ataque político. Hay personas que no toleran que una mujer les haya ganado las elecciones. Tomaré las acciones legales y constitucionales necesarias para hacer respetar la decisión de las personas que votaron por esta administración”, señaló Escobar.

Por su parte, el alcalde de Tocancipá, Walfrando Forero, indicó que el proceso de revocatoria en su contra no prosperará, porque el verdadero fin de sus promotores es presionarlo para obtener algún tipo de beneficio económico o puestos públicos. “No es un tema de persecución política. Ellos (los promotores) simplemente están buscando dinero y yo no voy a caer en su juego. Me preocupa que el registrador municipal les dé su aval cuando, en realidad no cumplen con los motivos que exige la ley. Espero que el CNE tome la decisión correcta”, dijo.

Forero aseguró estar a favor de los procesos de revocatoria como herramienta de participación ciudadana, pero opinó que en los últimos años se han convertido en un arma política que polariza a la ciudadanía y en la mayoría de los casos no tiene una justificación.

Se quedan en intenciones

Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), en los últimos 20 años ningún proceso ha logrado revocar a un alcalde. Ante este panorama, queda claro que los 101 comités revocatorios inscritos en el país tienen un arduo trabajo para no fracasar. Sin embargo, al final, solo el CNE, las firmas de apoyo y los votos en las urnas dirán si alguno tendrá éxito o no.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, explica que la mayoría de los procesos no superan el umbral de firmas necesarias y los pocos que sí lo hacen no sobreviven a las urnas, porque los ciudadanos no salen a votar. “Es importante que la gente entienda que este es un mecanismo para destituir a un mandatario que no está cumpliendo con su plan de gobierno y no una herramienta para fines políticos. Lastimosamente hemos notado que las campañas de revocatoria de alcaldes coinciden con el año preelectoral del Congreso y son utilizadas para hacer política, especialmente para la Cámara de Representantes”.

Como arma política o con genuina causa, la única verdad es que los comités promotores continúan recogiendo firmas. Por el momento, mientras se conoce la determinación del CNE respecto a la validez de los motivos, los siete mandatarios municipales seguirán acompañando al alcalde Enrique Peñalosa en el banquillo de los revocables. Hay que esperar si alguno llega a las urnas y triunfa en ellas o simplemente todos entran a inflar las cifras de procesos revocatorios fallidos. 

Radican firmas

El comité promotor de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa hará hoy una entrega parcial de las firmas que han recogido en lo corrido del año. De acuerdo con sus líderes, a la fecha cuentan con 660.000 firmas, de las cuales 400.000 ya están verificadas.
Aunque pretendían entregarlas todas el próximo mes, harán la entrega parcial debido a que la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá hoy y posiblemente tocará el tema de los procesos de revocatoria. “Vamos a radicar 660.000 firmas escaneadas en su totalidad. Hay sectores convencidos de que el CNE podría cometer este martes una arbitrariedad. Vamos a entregar las firmas con un oficio aclarando que esta es una entrega parcial”, indicó Carlos Carrillo, uno de los promotores de la revocatoria.