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Sin resolver el lío con los habitantes de calle que se regaron por la ciudad tras la intervención del Bronx, la Alcaldía adelantó otra operación que genera un choque más con poblaciones vulnerables: el desalojo de las familias que tenían cambuches en el cerro de Monserrate. Según la administración, la acción era necesaria, pues se trataba de casi 100 familias (36 de ellas incluidas en el registro nacional de víctimas) que estaban creando un barrio de invasión en el cerro, catalogado como reserva natural.
La justificación de la administración para el desalojo fue “el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado, que ordena prohibir y controlar construcciones, talas y levantamiento de cambuches en los cerros orientales, para proteger el patrimonio natural de la ciudad”. Sin embargo, hubo otro hecho que aceleró la decisión: en la zona se libraba la lucha territorial entre dos bandos (el de alias La Araña y el de alias El Caleño), que motivó hace un mes un fuerte enfrentamiento, en el que incluso hubo cruce de disparos. Según la Policía, “la batalla fue por una lucha territorial entre dos bandos que habitan en el mismo asentamiento”.
Estaba advertido
El desalojo no fue sorpresa. En diciembre, cuando se supo del caso de Freddy Valencia, el Asesino de Monserrate (quien mató y sepultó allí a once mujeres), la ciudad conoció de cerca datos de la invasión, que permanecía camuflada entre el bosque, sobre la avenida Circunvalar. Para entonces, en esta zona habitaban casi 60 familias, muchas víctimas de la violencia. Otros eran habitantes de calle que armaron su refugio en la colina. Eran construcciones improvisadas de madera, tejas de zinc y cartón. Se supo, incluso, que algunos llegaban a pagarles a sujetos como Valencia (temidos en la zona) un arriendo por asentarse en el sector.
A partir de ese momento fueron varios los intentos de la Alcaldía Local de Santa Fe por desalojar a esas familias. El 14 de junio, luego de identificar que más gente se había asentado en la zona, las autoridades llegaron con un gran operativo que no rindió frutos y terminó en enfrentamiento. Los residentes denunciaron abusos policiales. Los funcionarios, agresiones de algunos habitantes.
Casi tres meses después se realizó el desalojo, que parece definitivo. Según la administración, se les informó con tiempo a los habitantes de Monserrate (desde el 23 de agosto). Ese anuncio llegó con la invitación a una feria en la que les presentaron la oferta institucional, pero pocos aceptaron porque entre las ayudas (que incluían kits de aseo, ofertas de empleo y alternativas asistenciales) ninguna solucionaba su principal necesidad: dónde vivir.
Ayer, finalmente, a las 5:00 a.m. llegó el Esmad de la Policía. A las 8:00 a.m. llegó personal de la Alcaldía Local de Santa Fe, con el acompañamiento de Policía, Defensa Civil, personal del Distrito y del ICBF.
El operativo de nuevo generó un enfrentamiento, pero se impuso la fuerza oficial. Los efectos se sintieron en diferentes zonas de la ciudad, debido a que quedó bloqueada la Circunvalar y se afectó la movilidad en el centro y en la vía a La Calera.
“Llegaron con la orden, nos agruparon, nos bajaron y empezaron a tumbar los ranchos. Piensan que todos los que estamos aquí somos habitantes de calle, del Bronx, drogadictos, asesinos que le hacemos daño a la comunidad. Eso es mentira. Hay víctimas y pobres que necesitamos ayudas serias”, dijo Wilberto Pavajeau, un desplazado de 29 años, oriundo de Valledupar, que vivía en la zona con su esposa y sus dos hijos, de 9 y 11 años.
“Nos dispersaron a la brava. Aunque nos notificaron, estuvimos esperando un diálogo, pero no hubo nada más allá de unas ayudas como mercados, colchonetas, juegos de ollas, pero nadie nos hizo una propuesta de arriendo, un empleo, algo que nos ayude de verdad. Como estamos en son de paz, un diálogo hubiera sido lo más bonito”, agregó Pavajeau, quien precisó que en la colina vivían 110 familias con niños, personas discapacitadas, de la tercera edad y desplazados. “Nada de eso lo tuvieron en cuenta. Hace mucho saben que estamos acá y nunca, siquiera, nos mandaron comisiones de salud”.
Pese a esta crítica, la Secretaría de Integración Social señaló que sí les hicieron ofertas, como bonos canjeables por alimentos, atención en centros de noche para adulto mayor, jardines y comedores comunitarios, entre otros servicios. Sin embargo, ninguno aceptó. Al consultar al Distrito sobre planes para estas 100 familias, no hubo una respuesta concreta. Por ahora, su futuro será un lío más por resolver para la administración.