Bogotá

28 Feb 2012 - 10:40 p. m.

Un mínimo vital de agua demagógico e inequitativo

Según el columnista, los estratos uno y dos ya estaban recibiendo subsidios y ahora se desatendería a la población desplazada no estratificada.

Guillermo Ángel Reyes*

Sin lugar a dudas la declaración del acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano por parte de la Asamblea General de la ONU a mediados de 2010 y su posterior ratificación por el Consejo de los Derechos Humanos con sede en Ginebra, en el mismo año, es un hito importantísimo en la búsqueda y alcance del acceso universal al agua y al saneamiento en un mundo en el que más del 20 % de su población (más de mil millones de personas) continúan careciendo de un acceso adecuado y seguro a un elemento efectivamente vital.

La disposición del alcalde, Gustavo Petro, de dar cumplimiento a dicha declaratoria a través del otorgamiento de la gratuidad para el denominado consumo básico vital, seis metros cúbicos por mes, a los hogares de los estratos uno y dos, parecería un acierto y una demostración de compromiso social y político incuestionable.

Pero, ¿nos hemos preguntado los bogotanos acerca de si la forma como se ha interpretado y presentado el alcance del derecho es la correcta?; o ¿hemos reflexionado acaso sobre si lo que se ha adoptado atiende adecuadamente los problemas de inequidad que afectan a la ciudad y al país?; ¿hemos pensado, tal vez, sobre sus consecuencias para la ciudad, que tiene muchas necesidades apremiantes en el campo mismo del saneamiento, y sobre las implicaciones de su eventual replicación en otras ciudades y municipios del país?

Parecería conveniente entonces levantar un poco el velo y mirar estos aspectos con un conocimiento un poco más profundo y objetivo.

En primera instancia, y dada la brevedad de este espacio, sólo los aspectos más relevantes del asunto serán planteados en estas líneas. El primero de ellos tiene que ver con la manera facilista de interpretar y promover la satisfacción del derecho al agua.

“Todo derecho humano es gratis”, ha dicho el señor Alcalde y nadie lo ha interpelado ni durante su campaña, ni ahora en funciones. Lo cierto, señor Alcalde y lectores, es que esa afirmación no es correcta, ni corresponde a la realidad. La declaración del derecho humano al agua no implica la gratuidad del suministro de los servicios de agua y saneamiento. La Alta Comisionada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para avanzar en la propuesta de estrategias para su implementación lo ha manifestado.
Lo que sí se precisa como una condición para la satisfacción del derecho al agua es que el agua sea suficiente, segura, accesible y su precio sea asequible para todos. Lo anterior bajo la óptica de sistemas de agua y saneamiento que den igualdad de oportunidades de acceso para todos con especial énfasis en la población que no tiene medios suficientes. Esto se ha de interpretar como que el suministro de un mínimo vital en condiciones de extrema pobreza o imposibilidad de pago no puede ser negado ni suspendido.
¿Será la anterior una situación generalizable en los estratos uno y dos de Bogotá? Los hogares en estos estratos ya reciben un subsidio de 75% y 60%, respectivamente, en el costo de un consumo básico de agua que puede llegar hasta 18 metros cúbicos por mes, y de los cuales las familias utilizan en promedio sólo 11.

En términos reales esto significa que los hogares de estrato uno ya están recibiendo sin costo alguno algo más de ocho metros cúbicos por mes y los de estrato dos no menos de seis metros cúbicos por mes.

En consecuencia, no parece razonable, y luce más bien demagógico, continuar aumentando tales subsidios en detrimento de la atención de otros menos favorecidos y que ni siquiera están estratificados.

Las no menos de 150.000 personas que habitan las zonas rurales del Distrito Capital y su periferia, así como las que los procesos de desplazamiento continúan trayendo hacia la capital, se encuentran por fuera de los índices de cobertura de más del 98% de los que se ufana la ciudad.

Esta población no se beneficia ni de los subsidios actuales, ni mucho menos de la medida una medida adoptada por el Alcalde, en la que tiene previsto gastar casi US$30 millones por año. ¿Es eso equidad?

La medida de gratuidad adoptada no es equitativa ni siquiera para quienes se beneficiarán de ella, en tanto el beneficio será mayor para aquellos hogares ubicados en los niveles más altos. Lo anterior se puede apreciar en los mismos titulares de prensa cuando se indica cómo, mientras el estrato uno ahorrará algo más de $8.463 mensuales, el estrato dos ahorrará $16.926. ¿Qué decir entonces si llevamos esto hasta el estrato seis, como demagógicamente se ha sugerido que debería ser la meta?

 

* Ingeniero civil y consultor del BID en temas de agua. Artículo preparado con la colaboración de Olga Samper y María M Uribe.

Comparte:

Regístrate al Newsletter de hoy

Despierta con las noticias más importantes del día.
Al registrarse, acepta nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
X