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Quizá hoy la vida de James Castillo sería diferente si el bar al que acudió en la medianoche del 5 de diciembre de 2015 hubiese contado con una salida de emergencia o un extintor. Para él, sus cicatrices –fruto de quemaduras en cerca del 85 % de su cuerpo– son el reflejo de una posible omisión que aún, después de dos años, sigue sin un responsable. No dejan de ser confusos los recuerdos que Castillo tiene de esa noche cuando, en compañía de algunos allegados, fue a un pequeño bar en el barrio Granada Sur, en San Cristóbal. Lo que sería una charla amenizada por unas cervezas, terminó en tragedia: un sujeto, que habían expulsado del sitio, regresó, derramó gasolina y le prendió fuego al lugar. El saldo: dos muertos (uno de ellos el responsable del hecho) y 35 heridos.
Hoy James, junto a otros 19 afectados, buscan que el Distrito y la Policía les paguen una millonaria indemnización, que asciende a casi $5.000 millones. Según las víctimas –quienes entablaron una acción de grupo que acaba de ser admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca– pese a ser un establecimiento dedicado a la venta de licor, no cumplía con las condiciones de seguridad para funcionar. Reitera que de haber existido una salida de emergencia o un extintor, posiblemente su historia hubiera sido diferente.
Fue esa supuesta falta de vigilancia y control de las autoridades, la que los motivó a demandar a la Alcaldía y a la Policía por ser presuntamente responsables por omisión de sus daños y perjuicios que, dicen, trascienden las lesiones y los daños psicológicos.
Aunque los afectados resultaron con quemaduras hasta de tercer grado, el de James es quizá el caso más complejo. Producto del ataque, terminó con quemaduras en casi todo su cuerpo: su rostro, su pecho, sus manos, sus brazos y pies resultaron afectados. Aunque asume con valentía su nueva imagen, no ignora que su cara está desfigurada, padece constantes dolores y su vida cambió en todo sentido.
“Sin darme cuenta, me alcanzaron a rociar de gasolina y me prendí totalmente. Perdí la conciencia. Cuando reaccioné, no sabía la magnitud de lo que me había pasado. Pedí que no me dejaran morir. Solo veía mis manos y pies destrozados. Estaba casi muerto”, sostiene Castillo, quien fue internado en el Hospital Simón Bolívar donde estuvo en coma inducido dos de los cinco meses que duró hospitalizado. A la fecha le han hecho 37 cirugías.
Desde entonces, se tuvo que acostumbrar a los dolores; a usar un sinnúmero de cremas; a citas médicas, y a tratamientos psicológicos. Aunque algunos procedimientos los asumió su EPS, él tuvo que costear cirugías catalogadas como estéticas, lo que frustró su sueño de tener casa propia, pues sus ahorros –fruto de su trabajo como dragoneante del Inpec– los destinó a pagar parte de su recuperación. Hoy hace rifas para recoger dinero para sus tratamientos.
Ante lo ocurrido, mientras intenta rehacer su vida, clama una reparación. Advierte que hubo fallas en el establecimiento y pese a que ningún monto le devolverá su vida, busca una compensación para garantizar el bienestar de su familia. “Fue duro despertar y saber que era otra persona. Es doloroso saber que no tendré la cara que tenía antes. Ni siquiera mi hijo me reconocía. Por eso pedimos que nos reparen este sufrimiento, para seguir con nuestras vidas. Tenía proyectos, pero mi dinero se ha ido en tratamientos e inyecciones para no quedar como un monstruo”, dice.
Los argumentos
La abogada Claudia Moreno Guzmán representa a 20 de las víctimas. Asumió el caso en mayo de 2016 y ha insistido en las supuestas omisiones del Distrito en este caso, ya que era su obligación velar por el adecuado cumplimiento de las condiciones del bar y que falló al no supervisar ni exigir que el establecimiento contara, por ejemplo, con salidas de emergencia, extintores y sensores de humo.
“El establecimiento tenía autorización del Distrito para funcionar en un barrio que ni siquiera es comercial, sino residencial. Solo había una puerta y no era hacia afuera, sino que había una reja que cercaba la salida. Es tarea del Distrito solicitar correctivos y sancionar este tipo de negocios cuando no cumplen las normas”, dice Moreno.
Frente al millonario monto de las indemnizaciones, la abogada explica que $3.797 millones corresponden a la reparación por perjuicios morales; $1.121 millones, por daños a la salud, y $23 millones, para cubrir los gastos en tratamientos y procedimientos a los que han sido sometidos los afectados. Todo suma $4.942 millones, monto que se calcula con base en una sentencia del Consejo de Estado, que determinó cómo deben tasarse los daños en este tipo de casos. “La sentencia nos pone límites para tasar los perjuicios. Esto no es algo exorbitante, ni estamos pidiendo una reparación a nuestro antojo. Nuestra petición se ajusta a la norma”, agrega la apoderada de las víctimas.
¿Qué responde el Distrito?
La demanda, las pruebas y sus implicaciones hoy las estudia la administración para fijar el camino jurídico para hacerle frente. Sin embargo, hay claridad en algo: están demandando a la entidad equivocada. Según el Distrito, la ley dice que es labor de los alcaldes locales ejercer controles a establecimientos de comercio, solo frente al uso del suelo y en este caso, dice, el bar funcionaba en un lugar permitido.
Para la administración, en caso de existir alguna omisión, sería responsabilidad del dueño, quien es el llamado a cumplir las normas, pues los únicos establecimientos a los que se hace seguimiento y control es a los clubes. Lo anterior, en opinión de la Secretaría Jurídica, explica que se abran y se cierren todo tipo de establecimientos en cualquier periodo de tiempo.
“Eso hace imposible efectuar un control de todos los negocios que funcionan en una localidad, considerando, además, que San Cristóbal es un territorio de gran extensión”, explica la administración. Precisa, que es función de la Policía ordenar cierres temporales en caso de evidenciar irregularidades.
Frente al funcionamiento del bar donde ocurrieron los hechos, la Secretaría Jurídica manifiesta que no se encontró queja alguna de la comunidad. “En ningún momento se observa incumplimiento de las autoridades administrativas señaladas en la acción, que pueda dar lugar a alguna declaratoria de responsabilidad (…) A nosotros nos demandan por todo, a veces sin argumentos. Por ello, de cada 10 demandas, nueve las ganamos, porque demostramos que no tienen la razón”, puntualiza el Distrito.
El pleito judicial recién acaba de ser admitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que evaluará los argumentos y las pruebas de las partes para tomar una decisión. Mientras la defensa de James Castillo y las otras 19 víctimas insiste en que el Distrito es responsable al no vigilar el funcionamiento del bar, para la administración no tienen la razón. Será un juez el llamado a definir si James y los otros afectados tienen o no derecho a una indemnización.
La postura de Asobares
Según David Contreras, director ejecutivo de la Asociación de Bares de Colombia (Asobares), para la apertura de negocios dedicados al expendio de licor, el Código de Policía establece una serie de condiciones, entre ellas, 1) cumplir con las normas de uso del suelo, 2) pagar derechos de autor, 3) notificar la apertura del sitio ante el comando de estación de Policía de la localidad, 4) garantizar las condiciones de salubridad y seguridad, y 5) adquirir la matricula mercantil.
“Desglosando los requisitos resultan 24 condiciones y son diferentes autoridades las que deben encargarse de la inspección, vigilancia y el control”, explicó Contreras.
En cuanto a la seguridad, el líder gremial asegura que se debe cumplir ante bomberos el plan de emergencias, que implica tener señalización, botiquines, extintores y personal capacitado en primeros auxilios y control y prevención de incendios.
2.055 establecimientos suspendidos
La Secretaría de Gobierno, que realiza en conjunto con la Policía Metropolitana operativos de inspección y vigilancia, informó que desde 2016 ha suspendido temporalmente las actividades de 2.055 establecimientos en 19 localidades, por incumplir requisitos de funcionamiento.
La entidad precisó que es competencia de los comandantes de la estación o del CAI de la zona imponer las medidas correctivas. Las localidades con la mayor cantidad de negocios sancionados son Chapinero, Engativá y Puente Aranda.
jgonzalez@elespectador.com