Viene la segunda ola de colegios en concesión para Bogotá

En Bogotá operan 22 de los 25 colegios en concesión que dejó Peñalosa en su primer gobierno / El Espectador

Diecisiete años después de haber implementado el modelo de colegios en concesión en su primera Alcaldía, Enrique Peñalosa coge impulso para lanzar la segunda fase. De los 30 colegios nuevos que planea construir, pretende que 15 operen bajo ese esquema (que no deja de ser foco de debates políticos y académicos), en el que instituciones privadas prestan el servicio en infraestructura construida con dinero público en zonas vulnerables.

Esta política recibió un impulso vital la semana pasada, cuando el Concejo aprobó en último debate el cupo de endeudamiento para el alcalde por $5,1 billones. Aunque las noticias se centraron en los cuantiosos recursos que saldrán para financiar más troncales de Transmilenio ($2,1 billones), también estaban en el paquete $347.000 millones destinados a educación, sobre todo a la construcción de 25 colegios, de los cuales 10 serán concesionados. Para los otros cinco que operarán bajo ese modelo, el Distrito sacará la plata de su bolsillo y no se endeudará.

La Secretaría de Educación precisa que tres de esas 15 instituciones tendrán capacidad para 550 estudiantes, y las otras 12, para 1.100 en promedio. Es decir: allí estudiarán unos 14.850 alumnos. Aunque no ha especificado la ubicación, aclara que “estarán en las zonas con insuficiencia y limitaciones de oferta oficial”, detectadas en un estudio hecho el año pasado, según el cual esos sectores son, sobre todo, el occidente y el sur de Bogotá.

Son las mismas zonas donde se concentran los 22 colegios en concesión ya existentes, que educan a 34.000 estudiantes. En total, en la ciudad quedarán 37 planteles distritales administrados por privados, con capacidad para 48.850 alumnos. Son aproximadamente el 5,5 % de los matriculados en los colegios oficiales de la ciudad.

Claro está que el plan de colegios de Peñalosa es más amplio. Además de la construcción de 30 colegios nuevos, restituirá, terminará o ampliará 32, mejorará la infraestructura en 300 sedes y pondrá en funcionamiento tres centros de la red de innovación del maestro y cuatro de formación y desarrollo local. Con estos últimos, que quedarán en Antonio Nariño, Kennedy, Usme y Engativá, busca ampliar la oferta de educación superior.

La profundización del modelo de colegios en concesión, sin embargo, es un punto aparte por los debates que ha generado y porque durante la campaña Peñalosa llegó a decir que, aunque lo mantendría, no necesariamente lo expandiría.

Avances, pero...

El principal argumento de quienes atacan los colegios en concesión es que son una forma de privatizar la educación. Una vez conocieron las intenciones de Peñalosa, el sindicato de maestros del Distrito marchó en mayo contra los planes de construir 15 de estas instituciones, pero semanas después la iniciativa fue aprobada en el Plan de Desarrollo. Eso demuestra el respaldo político con que cuenta el alcalde para implementar una política que es, precisamente, objeto de pasiones políticas.

En 2014, cuando Gustavo Petro, crítico del modelo, intentó prorrogar con recursos de vigencias futuras la concesión de 17 de los 25 colegios bajo el modelo que funcionaban en ese momento, el Concejo hundió la iniciativa, no sólo con votos del progresismo sino de Cambio Radical y del Partido de la U. Finalmente, logró extenderles el contrato a los 22 que quedan hoy, y ordenó que el Distrito retomara el control sobre tres que, después de una evaluación de la Secretaría de Educación, incumplían con mínimos estándares de calidad. Estos fueron el San Cayetano (Usme), el Don Bosco I La Joya (Ciudad Bolívar) y el Hernando Durán Dussán (Kennedy). Los demás están ubicados en esas localidades, así como en Bosa, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, Engativá, San Cristóbal, Usaquén y Suba. Los administran las organizaciones Alianza Educativa, Cafam, Calasanz, Colsubsidio, Don Bosco, Fe y Alegría, Fenur, Gimnasio Moderno y La Salle.

Para ampliar el modelo, la administración Peñalosa se sustenta en los buenos resultados. “Están en los 100 primeros puestos de los rankings elaborados por la Secretaría de Educación en 2014 y 2015, conforme a sus resultados de pruebas Saber, pruebas SER de ciudadanía, clima escolar, permanencia y aprobación, y considerando las políticas de inclusión que favorecen el aprendizaje y mitigan las condiciones de vulnerabilidad socioeconómicas y afectivas de los estudiantes”, dice la Secretaría en respuesta escrita a este diario. “Los resultados de la evaluación de impacto que realizó la Universidad Nacional evidencian, adicionalmente, mejoras en la participación de la comunidad educativa, uso del tiempo escolar y el acceso a la educación superior”.

De forma independiente, en 2011 el investigador Juan Diego Bonilla realizó un estudio pionero sobre los colegios en concesión de Bogotá como tesis doctoral en la Universidad de Maryland. Allí demuestra, al comparar a los alumnos de estos planteles con los de colegios a cargo del Distrito, que es más probable que los primeros accedan a educación superior, tienen una ligera ventaja para llegar a universidades públicas de calidad, como la Nacional y la Distrital, y mejores resultados en las pruebas del Icfes.

Si esto se suma a las evaluaciones que cita la Secretaría, el viento parece soplar a favor del modelo. En la academia, sin embargo, también hay voces disonantes, como la que expresó el año pasado un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona en el que colaboró la Fundación Escuela para el Desarrollo, con sede en Bogotá e integrada por profesionales de la Universidad Nacional.

La investigación critica que, aunque la mayoría de estos colegios ha seguido las instrucciones para reclutar estudiantes sin criterios discriminatorios (cercanía del colegio y condición socioeconómica), “algunos han seleccionado estratégicamente alumnos con mejores perfiles académicos. No es posible cuantificar la dimensión de esta práctica (…) pero nuestros datos indican que algunos rectores han llevado a cabo entrevistas con padres de familia y estudiantes para analizar su formación académica como una forma de selección”. También cuestiona que varios colegios son muy tradicionales a la hora de inculcar valores religiosos (a pesar de que la educación pública debe ser laica), autoridad y disciplina, aunque tienen en cuenta que muchos padres lo ven como un aspecto positivo.

Tampoco encontró diferencias significativas en los resultados de las pruebas del Icfes al comparar con alumnos de colegios netamente públicos, y cuestiona fuertemente la contratación temporal, y no indefinida, de maestros, que trabajan más horas y por salarios más bajos que los docentes de colegios públicos. Esto lleva a que las tasas de rotación tiendan a ser altas (algo que también resalta el estudio de Bonilla).

Llama la atención, por último, sobre imaginarios surgidos entre ciertos alumnos, que tienden a ver a los de colegios públicos como “ñeros”, mientras éstos los ven a ellos como “gomelos”, en parte por las mejores condiciones de la infraestructura donde estudian.

La administración deberá asumir estas observaciones como retos que la impulsen a afinar esta forma de entender y garantizar el derecho a la educación, para que los peros del modelo no terminen opacando sus virtudes.

En cifras

1,1 billones de pesos invertirá la administración de Enrique Peñalosa en infraestructura educativa.
315.700 millones de pesos aportará el Ministerio de Educación para el plan de infraestructura educativa de Bogotá en estos cuatro años.
7 colegios cuya construcción ya comenzó serán terminados en esta administración.
4 % de los alumnos estudian hoy en colegios en concesión. Son 34.000.
300 sedes educativas serán intervenidas para mejorar su infraestructura.