Viviendas de interés social no cumplen estándares de calidad: Personería

Luego de un trabajo de campo realizado por la Personería de Bogotá, se determinó que las viviendas de interés social no cumplen con los estándares mínimos de calidad exigidos por la ley. Según el ente de control, de 21 proyectos urbanísticos visitados en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy y Usme sólo uno cumple con el área mínima del terreno y de construcción exigida por las normas para que una familia habite en condiciones dignas.

Según el Decreto 2060 de 2004 las viviendas de interés social con subsidio deben construirse en un terreno de superficie no inferior a 36 metros cuadrados y un área construida de 39 metros cuadrados, para ser adjudicadas. “No obstante, en los proyectos se encontraron áreas de terreno hasta de menos de la mitad (18 m2), como es el caso de la Agrupación Alicante Tercera Etapa de Bosa, y otras viviendas con área construida de tan sólo 34 m2, como se evidenció en la Agrupación Buenavista 1 de Usme”.

La Personería, para determinar las irregularidades de construcción de las viviendas de interés social tipos I y II al sur de la Capital, formuló un diagnóstico que se aplicó a cada proyecto con el fin de evaluar la calidad física y del entorno de las viviendas.

El estudio encontró que estos proyectos de vivienda no cumplen con las normas mínimas de calidad, “por lo cual no alcanzan puntajes aceptables”. Según la evaluación, estos deben superar los 85 puntos; sin embargo, el mejor escasamente obtuvo 52.

“La vivienda de interés social que se ha construido en los últimos 5 años toma las medidas mínimas establecidas en la normatividad como máximas y reduce las áreas hasta en 63%, limitando la posibilidad de sus habitantes de contar con una vivienda amplia y cómoda. Además de esto, los espacios entregados no son lo suficientemente amplios para las familias beneficiarias. Se ofrecen proyectos de vivienda con un sólo dormitorio y una posibilidad de ampliación a uno o dos niveles”, dice el informe de la Personería.

Según la investigación, los grupos familiares que adquieren este tipo de vivienda están conformados en promedio por cuatro personas; “los propietarios de éstas estarían sometidos a un hacinamiento crítico, superando el ideal de dos personas por habitación y limitando la posibilidad de su separación por género y por edad. Las áreas de los terrenos donde se construyeron los proyectos son mínimas, las viviendas son pequeñas y sus espacios internos no son funcionales, lo cual afecta la privacidad y comodidad de los habitantes”.

Así mismo, dice la Personería, la oferta en obra negra y en la modalidad de desarrollo progresivo, en vez de representar una garantía para la adquisición de vivienda adecuada para las familias de menos recursos en Bogotá, se convierte en un factor negativo para éstas, puesto que el hecho de hacer entrega de una vivienda incompleta y sin acabados implica que, adicionalmente a las altas cuotas hipotecarias que soportan los propietarios, estos deben considerar gastos adicionales para la construcción de los espacios necesarios en su vivienda y la adecuación de los mismos.

“Los acabados de las zonas comunes presentan mala calidad, los andenes, pisos, basamento, rejas y, en general, todos los elementos de las zonas comunes, presentan un rápido deterioro a causa de la humedad y agrietamiento provocado porque estos no están construidos con materiales que soporten el uso al cual están destinados. Las áreas recreativas de los conjuntos son mínimas y en la mayoría no existen. Este factor es importante si se tiene en cuenta que la población infantil es significativamente alta entre los ocupantes de este tipo de viviendas”.

“Faltan rutas de transporte y vías que conecten los proyectos con las avenidas principales de las localidades. Sus habitantes se ven obligados a recorrer grandes distancias para transportarse o a generar gastos adicionales para llegar a sus lugares de empleo o de estudio”.

Con respecto a la sismoresitencia, dice el informe, que las construcciones que se adelantan en zonas periféricas de la ciudad presentan algún tipo de riesgo ya sea por inundación o remoción en masa.

“Se evidencian hundimientos, grietas y dilataciones tanto en las unidades de viviendas como en los accesos peatonales y zonas de parqueaderos. Además no cumplen con las normas de sismorresistencia y se logró establecer que la distribución del espacio es una de las variables que más afecta a los habitantes por el riesgo que les genera la cercanía de las habitaciones con la cocina. Por esa razón la empresa Gas Natural se negó a proveer el servicio; las viviendas no poseen buena ventilación y la ubicación de las conexiones es mala”.

El diagnóstico hecho por la Personería fue producto del estudio de las variables e indicadores nacionales e internacionales para el análisis de la calidad de la vivienda establecidas por las Naciones Unidas en la Conferencia sobre los Asentamientos Humanos, las variables de la Organización Mundial de la Salud para Vivienda Saludable, la Calidad de las Condiciones de la vivienda y calidad de vida, los indicadores de calidad de vivienda Housing Quality Indicators del Ministerio del Medio Ambiente, Transporte y Regiones de Inglaterra de 1998, y la Metodología de Diseño y Evaluación de Proyectos de Vivienda de Interés Social, desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Económico y el Viceministerio de Desarrollo Urbano, Dirección de Vivienda, Suelo y Construcción de 1998 (Decreto 2060 de 2004).
 

Luego de un trabajo de campo realizado por la Personería de Bogotá, se determinó que las viviendas de interés social no cumplen con los estándares mínimos de calidad exigidos por la ley. Según el ente de control, de 21 proyectos urbanísticos visitados en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy y Usme sólo uno cumple con el área mínima del terreno y de construcción exigida por las normas para que una familia habite en condiciones dignas.

Según el Decreto 2060 de 2004 las viviendas de interés social con subsidio deben construirse en un terreno de superficie no inferior a 36 metros cuadrados y un área construida de 39 metros cuadrados, para ser adjudicadas. “No obstante, en los proyectos se encontraron áreas de terreno hasta de menos de la mitad (18 m2), como es el caso de la Agrupación Alicante Tercera Etapa de Bosa, y otras viviendas con área construida de tan sólo 34 m2, como se evidenció en la Agrupación Buenavista 1 de Usme”.

La Personería, para determinar las irregularidades de construcción de las viviendas de interés social tipos I y II al sur de la Capital, formuló un diagnóstico que se aplicó a cada proyecto con el fin de evaluar la calidad física y del entorno de las viviendas.

El estudio encontró que estos proyectos de vivienda no cumplen con las normas mínimas de calidad, “por lo cual no alcanzan puntajes aceptables”. Según la evaluación, estos deben superar los 85 puntos; sin embargo, el mejor escasamente obtuvo 52.

“La vivienda de interés social que se ha construido en los últimos 5 años toma las medidas mínimas establecidas en la normatividad como máximas y reduce las áreas hasta en 63%, limitando la posibilidad de sus habitantes de contar con una vivienda amplia y cómoda. Además de esto, los espacios entregados no son lo suficientemente amplios para las familias beneficiarias. Se ofrecen proyectos de vivienda con un sólo dormitorio y una posibilidad de ampliación a uno o dos niveles”, dice el informe de la Personería.

Según la investigación, los grupos familiares que adquieren este tipo de vivienda están conformados en promedio por cuatro personas; “los propietarios de éstas estarían sometidos a un hacinamiento crítico, superando el ideal de dos personas por habitación y limitando la posibilidad de su separación por género y por edad. Las áreas de los terrenos donde se construyeron los proyectos son mínimas, las viviendas son pequeñas y sus espacios internos no son funcionales, lo cual afecta la privacidad y comodidad de los habitantes”.

Así mismo, dice la Personería, la oferta en obra negra y en la modalidad de desarrollo progresivo, en vez de representar una garantía para la adquisición de vivienda adecuada para las familias de menos recursos en Bogotá, se convierte en un factor negativo para éstas, puesto que el hecho de hacer entrega de una vivienda incompleta y sin acabados implica que, adicionalmente a las altas cuotas hipotecarias que soportan los propietarios, estos deben considerar gastos adicionales para la construcción de los espacios necesarios en su vivienda y la adecuación de los mismos.

“Los acabados de las zonas comunes presentan mala calidad, los andenes, pisos, basamento, rejas y, en general, todos los elementos de las zonas comunes, presentan un rápido deterioro a causa de la humedad y agrietamiento provocado porque estos no están construidos con materiales que soporten el uso al cual están destinados. Las áreas recreativas de los conjuntos son mínimas y en la mayoría no existen. Este factor es importante si se tiene en cuenta que la población infantil es significativamente alta entre los ocupantes de este tipo de viviendas”.

“Faltan rutas de transporte y vías que conecten los proyectos con las avenidas principales de las localidades. Sus habitantes se ven obligados a recorrer grandes distancias para transportarse o a generar gastos adicionales para llegar a sus lugares de empleo o de estudio”.

Con respecto a la sismoresitencia, dice el informe, que las construcciones que se adelantan en zonas periféricas de la ciudad presentan algún tipo de riesgo ya sea por inundación o remoción en masa.

“Se evidencian hundimientos, grietas y dilataciones tanto en las unidades de viviendas como en los accesos peatonales y zonas de parqueaderos. Además no cumplen con las normas de sismorresistencia y se logró establecer que la distribución del espacio es una de las variables que más afecta a los habitantes por el riesgo que les genera la cercanía de las habitaciones con la cocina. Por esa razón la empresa Gas Natural se negó a proveer el servicio; las viviendas no poseen buena ventilación y la ubicación de las conexiones es mala”.

El diagnóstico hecho por la Personería fue producto del estudio de las variables e indicadores nacionales e internacionales para el análisis de la calidad de la vivienda establecidas por las Naciones Unidas en la Conferencia sobre los Asentamientos Humanos, las variables de la Organización Mundial de la Salud para Vivienda Saludable, la Calidad de las Condiciones de la vivienda y calidad de vida, los indicadores de calidad de vivienda Housing Quality Indicators del Ministerio del Medio Ambiente, Transporte y Regiones de Inglaterra de 1998, y la Metodología de Diseño y Evaluación de Proyectos de Vivienda de Interés Social, desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Económico y el Viceministerio de Desarrollo Urbano, Dirección de Vivienda, Suelo y Construcción de 1998 (Decreto 2060 de 2004).