Bogotá

13 Aug 2013 - 10:00 p. m.

Ya van 27 días y nada...

Los concejales de Bogotá llevan casi un mes resolviendo una recusación interpuesta por la oposición, que tiene retrasado el proyecto distrital.

Camilo Segura Álvarez

Un concejal recibe $950.000 por cada sesión a la que asiste. Se le paga máximo por 20 debates, así vaya a los 30 que pueden ocurrir durante un mes. Es decir que quienes han ido a trabajar durante estos 27 días, en que se ha discutido la recusación de Javier Palacio contra nueve concejales por haber aprobado en comisión el cupo de endeudamiento, ya se ganaron su sueldo mensual sin haber votado una sola vez.

En otras palabras, si los 44 concejales hubieran asistido a todas las sesiones en las que han sido citados para discutir los vericuetos jurídicos de la recusación, a los bogotanos nos estaría costando esta discusión $836 millones.

Pero eso no es todo. Sin decidir la suerte de esa recusación, el Concejo no va a poder votar el cupo de endeudamiento, el proyecto de la Alcaldía para financiar obras clave como los cables aéreos en el sur de la ciudad y Transmilenio por la Avenida Boyacá, entre otros. No puede hacerlo porque se está discutiendo si los nueve concejales que aprobaron la iniciativa en primer debate actuaron con algún “interés particular”.

“En primer momento, el concejal Palacio no se imaginó que con esa recusación lograría retrasar un proyecto fundamental para la ciudad sin proponérselo. Lo único que quería era evitar que el cupo se discutiera en sesiones extraordinarias. Ahora, sobre todo, abrió un boquete jurídico para que cada vez que alguien quiera frenar el trabajo del Concejo, pueda recusar los concejales que quiera por lo que se le ocurra”, dijo el concejal Carlos Vicente de Roux.

El embrollo nació ese día, cuando Palacio presentó la recusación. La presidenta María Clara Name “pudo, como todos los presidentes que han pasado por la corporación, verificar los fundamentos del recurso presentado, que si usted los lee no son objetivos, y en consecuencia, pudo negar la recusación sin someterla a debate. Pero en contraposición, asustada, la mandó a la Procuraduría y el organismo de control ordenó que la Plenaria decidiera”, relata el concejal Diego García.

Una vez acabadas las sesiones extras, si bien no lo argumentó en el texto de la recusación, el concejal Palacio hizo una advertencia en el recinto. Sin que se hayan conocido pruebas contundentes de ello, sostuvo que el secretario de Gobierno Guillermo Jaramillo se paseaba por las localidades afirmando que las bancadas ya estaban “arregladas” para votar favorablemente el cupo. De esa manera, Palacio justificaba su “preocupación por el destino de los recursos que serían aprobados con el cupo”, ya que podían ser objeto de corrupción.

En ese ambiente, la oposición más radical a la administración de Gustavo Petro aprovechó la zozobra. La plenaria no podría discutir la recusación. Por lo menos, no todos los concejales. La razón: los cabildantes no podían decidir contra sus colegas de bancada. Entonces, los cinco partidos que estuvieron en la Comisión de Hacienda saldrían de la discusión de la recusación y no habría quórum para votarla.

El pasado miércoles, la presidenta Name ideó un plan: “se procederá primero a votar los impedimentos por bancada y, posteriormente, las recusaciones”. Es decir, por el Concejo iba a haber una pasarela. Los partidos A y B, votan los impedimentos del partido C. Luego, cuando se voten los del B, lo harán A y C. Y así sucesivamente, para garantizar el quórum en cada una de las votaciones. Luego, cuando se votaran las recusaciones, ocurriría lo mismo. Un entramado leguleyo de colosales proporciones.

El asunto se tornó más enredado aún cuando Darío Fernando Cepeda y Javier Palacio exigieron, antes de votar cualquier cosa, la presencia del secretario de Gobierno para que explicara si hay “negociación de puestos” en el sector movilidad. Teniendo en cuenta que en una publicación periodística aparecen ellos dos como beneficiarios de nombramientos en la secretaría de Movilidad (sector encargado de ejecutar gran parte del cupo), argumentaron que “si dejamos pasar el proyecto, en la administración van a decir que nosotros nos apoderamos de la contratación en ese sector”, dijo Palacio.

“A ella se le salió el Concejo de las manos. Es irresoluta. No sabe qué hace. Tiene que asumir la responsabilidad de este pantano jurídico que formó Palacio”, dice Antonio Sanguino sobre la presidenta María Clara Name, su compañera de bancada. “No nos deja entrar a las sesiones a quienes estamos recusados, pero sí a Palacio. Él también es parte interesada. Como vamos, el único camino que vamos a tener para destrabar el tema de la recusación es pedirle el encarecido favor a Palacio de que retire la solicitud, pues según lo que ha dicho la prensa él está acusado de lo mismo que él sostuvo sobre nosotros”, añadió.

Ayer, en un hecho que provocó vergüenza entre los concejales, la sesión terminó con una votación en empate a ver si se justificaba, o no, invitar al secretario de Gobierno para que explicara si él le había dado declaraciones a la prensa. Hoy, ese empate deberá ser disuelto. Y así, los concejales siguen devengando su salario, día tras día, ahogados en un pantano jurídico y mientras tanto, la ciudad esperando que se vean los frutos de su trabajo a ver si a ella, algún día, sí la logran sacar adelante.

 

csegura@elespectador.com

 

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