¿Memorias excluyentes después de 40 años del Palacio de Justicia?

La memoria histórica es un derecho de toda la sociedad, no sólo de las víctimas, es un deber del Estado según el artículo 143 de la ley de 1448 de 2011. Pero es un derecho vulnerado recurrentemente al abordar los recuerdos de las violencias sociopolíticas y sus efectos trascienden al esclarecimiento de la verdad y a que se logre justicia, como ocurre en el caso del Palacio de Justicia.

Muchos han hablado de las disputas de las memorias, de las memorias excluyentes o sectorizadas, incluso unas memorias de clases sociales. Y es verdad, la memoria histórica está en disputa no sólo por lo que se quiere reconocer y olvidar del pasado, sino y, sobre todo, del futuro que se quiere construir desde esa memoria.

Somos memoria, desde la condición humana que somos, es decir, desde nuestras opciones de vida, clases sociales, opciones políticas. La memoria histórica no se puede ubicar en un pedestal inalcanzable, para ser adorada o admirada o venerada. La memoria histórica es lo que somos en el hoy, el presente. Somos memoria porque lo que ha sido sigue siendo y desde lo que ha sido se labra el porvenir.

A 40 años de la toma y retoma militar al palacio de justicia, nos volvemos a encontrar con memorias sectorizadas y excluyentes, la de los magistrados frente a las demás víctimas, la de los desaparecidos reconocidos en sentencias judiciales frente a los otros desaparecidos, que ni se nombran; o incluso de los desaparecidos civiles frente a los desaparecidos militantes políticos alzados en armas, guerrilleros, así como la de los seis policías y el único militar que falleció en los hechos.

¿Cómo pretender reconciliación, reparación y no repetición, cuando se cuenta una parte de la historia y no toda? Pero aún, cuando esa historia se quiere tergiversar, a pesar de las pruebas, o cuando se busca generar simetrías en las responsabilidades de los hechos, ubicando igualdad de responsabilidad en la toma como en la retoma militar al Palacio de Justicia. ¿Quiénes son las víctimas en los hechos del Palacio de Justicia? En el 2009, el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia planteó que eran 94, pero en ellas se omitieron 18 guerrilleros y 11 desaparecidos, para un total parcial de 123 víctimas. Siempre se habló de 11 desaparecidos entre empleados de la cafetería y visitantes ocasionales, después se incluyó a la duodécima desaparecida, Irma Franco Pineda, militante del M-19.

Pero desde el 2012, con el hallazgo de algunos restos óseos de las guerrilleras Carmen Cristina Garzón Reyes y Mónica Molina Beltrán, todo cambió. Las familias de ambas solicitaron que se entregaran todos los restos, y la única manera de hacerlo era cotejar una a una las más de noventa cajas con restos óseos exhumados en 1998 en la fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá, al tiempo que exhumar a cada una de las víctimas sepultadas en diferentes cementerios del país. Para ello se creó en el 2013 un equipo interdisciplinar en Medicina Legal, quienes, al realizar esta labor, empezaron a hallar a varios de los desaparecidos en la retoma militar y lamentablemente empezaron a parecer nuevos desaparecidos, en su mayoría trabajadores de la rama judicial.

¿Quiénes son realmente los desaparecidos en el Palacio de Justicia? Gracias a la Dra. Ángela María Buitrago, cuando fue Fiscal en la investigación de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la retoma militar al Palacio de Justicia, hoy tenemos una parte de la verdad y lo poco de justicia en el caso. Antes y después de ella, la impunidad ha sido la reina.

A 40 años de la retoma militar al Palacio de Justicia, podemos afirmar que por lo menos 42 personas fueron desaparecidas forzadamente: 8 empleados de la cafetería, 3 visitantes ocasionales, 13 empleados de la rama judicial (Magistrados, Auxiliares, asistentes, escolta de un magistrado), 18 militantes del M-19, incluida Irma Franco Pineda. De ellas siguen desaparecidas por lo menos 10: una visitante ocasional: Norma Constanza Esguerra Forero, 3 empleados de la cafetería: David Suspes Celis, Gloria Stella Figueroa Lizarazo, Carlos Augusto Rodríguez Vera, una militante del M-19: Irma Franco Pineda, 5 trabajadores de la rama judicial: Nury Soto de Piñeros, Rosalba Romero López, Julio César Andrade Andrade, Jorge Alberto Echeverry Correa, María Janeth Rozo, y pueden ser más.

Los otros 32 desaparecidos, que ya fueron hallados, en la mayoría de los casos con osamentas incompletas, son: Luz Mary Portela León, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Ana Rosa Castiblanco Torres, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Isabel Anzola de Lanao. De ellas, sólo algunos restos óseos de Ana Rosa y Lucy Amparo, fueron hallados entre los cuerpos recuperados en el Cementerio del Sur, los demás aparecieron en tumbas de magistrados, quienes pasaron a ser los nuevos desaparecidos después del 2014.

Además de los que siguen desaparecidos, ya fueron encontrados: Marina Isabel Ferrer de Velásquez, Emiro Sandoval Huertas, Libia Rincón Mora, Jaime Benítez Prieto, Luis Edilberto Cuervo Torres, María Teresa Barrios Rodríguez y Libardo Durán, escolta de Alfonso Reyes Echandía, en cuya tumba aparecieron los restos óseos de dos guerrilleros que estaban desaparecidos. Y el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, cuya desaparición fue de aproximadamente dos días y luego es devuelto al Palacio de Justicia ejecutado extrajudicialmente por los militares.

Los otros desaparecidos son guerrilleros los militantes del M-19, alzados en armas, que ya fueron hallados por sus familias, con acompañamiento de la Fundación Hasta Encontrarlos: Carmen Cristina Garzón Reyes, Mónica Molina Beltrán, Elkin de Jesús Quiceno Acevedo (ejecución sumaria), Orlando Chaparro Vélez, Amalia Sosa Sierra, Fernando Rodríguez Sánchez (ejecución sumaria), Leandro Jesús Molina Pinto. Otros desaparecidos de los Militantes del M-19, que ya también fueron encontrados, son: Alfonso Jacquin Gutiérrez, William Almonacid Rodríguez, Noralba García Trujillo, Ángela María Murillo Salazar (ejecución sumaria), Javier Ulpiano Varela Polanía, Ariel Sánchez Gómez (ejecución sumaria), Edilson Zapata Vásquez, Héctor Arturo Lozano Riveros (ejecución sumaria), Ximena Marcela Clavijo Vergara, Guillermo Helvencio Ruíz Gómez.

Otros miembros del M-19, de los cuales algunos presentan pruebas de ser víctimas de ejecuciones fuera de combate, son: Andrés Almarales Manga (Ejecución sumaria), Luis Francisco Otero Cifuentes, Humberto Lozada Valderrama, Enrique Giraldo Pineda, Diógenes Benavides Martinelli (ejecución sumaria), Fabio Becerra Correa, Constanza Molina, José Domingo Gómez Castiblanco, Francisco Vargas Soto, Jesús Antonio Rueda Velasco (ejecución sumaria), Alberto Nicolás Erazo Murcia (ejecución sumaria), Jesús Antonio Carvajal Barrera, Olga Gracia (Patricia), Nicolás Ortiz Foglia, Josué Marín Peña (Roque) y dos Cuerpos No Identificados (CNI).

Hay una deuda con la humanidad en la retoma militar al Palacio de Justicia, 40 años después las víctimas de este hecho son las más de 160.000 personas desaparecidas a la fecha, crímenes que se hubiesen evitado si la impunidad no reinara en el caso de las 42 personas desaparecidas forzadamente en la retoma del 6 y 7 de noviembre de 1985.

La mayor vergüenza del Estado colombiano es que 40 años después, estos crímenes siguen con por lo menos siete radicados abiertos en la Fiscalía General de la Nación y los militares guardan silencio de lo sucedido dentro del Palacio. Por ello, la urgente necesidad de que sean abiertos los archivos militares, tenemos derecho a conocer la verdad y que cese la impunidad, la única manera de allanar caminos de una memoria histórica que no siga siendo excluyente.

Si las altas Cortes de la rama judicial, quieren que el recién creado Centro de la Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia, que está dentro de sus instalaciones, contribuya a la memoria histórica, deberían por lo menos incluir también los nombres y rostros de los otros desaparecidos forzadamente en la retoma militar al Palacio de Justicia, empezando por Irma Franco Pineda y siguiendo con la totalidad de las 42 víctimas de este crimen. Sumado a la creación de una unidad especial de investigación, que ayude a la Fiscalía a resolver para el 2026, un caso de 40 años de impunidad, una ayuda para ello sería la orden presidencial de entrega de todos los archivos militares relacionados con este caso y resolver la suerte y el paradero de quienes siguen desaparecidos.

Ojalá que, en el 2026, podamos tener una conmemoración sin exclusiones, donde sean recordadas cada una de las 123 víctimas de este holocausto.

*Filósofo, defensor de derechos humanos de la Fundación Hasta Encontrarlos. Miembro de la Comisión Asesora del Sistema Nacional de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas y víctimas de desaparición forzada, designado por el Ministerio de Justicia a través de la Resolución No. 0793 del 05 de junio del 2024 Ministerio de Justicia y del Derecho. Premio Nacional de Derechos Humanos – 2024 – Defensor del año.