Uribe y la brocha que no puede tapar la verdad de los ‘falsos positivos’

Álvaro Uribe con brocha en mano no solo pretende borrar la verdad y la memoria en los estrados judiciales, sino que ahora censura la libertad de expresión de las víctimas. Más allá de la coyuntura electoral, del cálculo político y de la retórica de la polarización, existe una verdad inamovible: no se puede ocultar la atroz criminalidad de Estado desplegada contra miles de civiles inocentes, que ha permitido identificar el asesinato de más de siete mil jóvenes indefensos, civiles que jamás estuvieron involucrados en las hostilidades.

Las paredes de uno de los puentes vehiculares de Llano Grande, en el municipio antioqueño de Rionegro, fueron cubiertas con la memoria colectiva de cientos de víctimas que plasmaron el nuevo y doloroso umbral revelado de lo ocurrido; se ha actualizado la infame estadística de las ejecuciones extrajudiciales, transitando de las 6.402 almas inicialmente documentadas a un registro de horror que suma 1.435 víctimas más. Hoy son 7.837 seres humanos que fueron víctimas de lo que comúnmente se conoce como falsos positivos.

Así Uribe pretenda responsabilizar de estas acciones a la campaña de Cepeda y busque instaurar una narrativa según la cual este hecho fue una afrenta contra su familia, lo cierto es que la fotografía que quedó instalada en la memoria colectiva no fue el silencio respetuoso ni la compasión, sino el acto visceral de la censura y la acción de borrar el mural. El muralismo devuelve la identidad a los desaparecidos y asesinados, quitándoles el número de expediente judicial para devolverles su rostro, su nombre y su dignidad ante la sociedad que han pretendido sumir en la amnesia colectiva.

De acuerdo con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación a las víctimas de crímenes de lesa humanidad debe ser integral. Restablecer el daño moral implica disputar el espacio estético. Cuando el arte popular toma la calle, el dolor privado se transforma en una demanda de justicia pública. Este acto de resistencia visual encarna una ruptura del ciclo de la victimización al que han sido sometidas las familias de los “falsos positivos”.

Por otra parte, el derecho a la ciudad y la prohibición de la censura son pilares de cualquier sociedad que se pretenda democrática; el espacio público es para muchos el lienzo colectivo, no el feudo privado de un caudillo que decide qué verdades se pueden exhibir y cuáles deben ser borradas. La emancipación de las víctimas ante esta situación implica negarse a ser solo víctimas pasivas de una impunidad pactada. Las familias de las víctimas de crímenes de Estado en Colombia ya no aceptan ese libreto de sumisión.

Uribe no solo borró una capa de pintura en Rionegro; intentó borrar la memoria viva de un país. Es gracias al Acuerdo Final de Paz que las compuertas se abrieron para que la verdad fluyera de forma irreversible. Blanquear una pared podrá limpiar un bien público, pero jamás lavará la responsabilidad histórica frente a un clamor de justicia que ya pertenece a la conciencia de miles de víctimas.

El arte popular y la memoria viva no son herramientas de confrontación, sino puentes indispensables para transitar hacia un país donde la diferencia se resuelva en paz. Es en el reflejo de los rostros de las víctimas de Estado y en la voluntad inquebrantable de abrir caminos de entendimiento donde se edifica la única paz duradera: aquella que nace del respeto profundo por la dignidad humana y del compromiso colectivo con un futuro donde la verdad nunca más sea censurada. Borrar de manera forzada un muro no logra borrar el mandato ético de una sociedad que ha decidido sanar a través de la palabra y el arte.

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