Los señores de la guerra

Nuevamente los vientos de la guerra se imponen sobre el deseo de concretar un proceso de paz concebido erróneamente en la cabeza del Ejecutivo. La decisión del presidente Gustavo Petro de suspender el cese bilateral al fuego con las disidencias farianas del llamado Estado Mayor Central en Cauca, Nariño y Valle, era cuestión de tiempo.

Hoy, cuando aquellos señalados en el pasado de ser los señores de la guerra en nuestro país siguen a rajatabla las órdenes de su comandante en jefe y están totalmente maniatados por el MinDefensa a la hora de maniobrar en los territorios donde se libra la confrontación armada, conviene preguntar: en esta ocasión, ¿a quién le echarán la culpa del fracaso de la paz?

Es obvio que de esta debacle se debe exculpar a las fuerzas de seguridad del Estado, pues las tropas están confinadas en sus estaciones, cuarteles y bases de patrullaje. Ni las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional en estos departamentos y en el resto del país tienen la iniciativa operacional, ni los medios suficientes para contraponerse a los violentos con la misma efectividad de hace menos de una década.

Para nadie es un secreto, verbo y gracia, que las aeronaves de ala fija y de ala rotatoria –vitales para el transporte de uniformados, pertrechos y vituallas–, presentan problemas por la falta de repuestos para su mantenimiento. A esta limitante se suma otra igualmente grave: la escasez de combustible Jet A-1, evidencia irrefutable de los recortes presupuestales en las partidas para la seguridad y la defensa.

Quisiera entonces responder el interrogante planteado en las líneas iniciales de este escrito. La responsabilidad primaria recae en los verdaderos señores de la guerra en Colombia, que no son otros distintos que los cabecillas de las organizaciones armadas ilegales. Siempre ha sido así, si bien se estila presentarlos como las víctimas de un sistema oprobioso del pasado y que privilegiaba la guerra sobre la paz

Bien sea que se trate de las ex-Farc, el ELN, la Segunda Marquetalia o el Estado Mayor Central, los cabecillas de estas organizaciones alzadas en armas siempre han utilizado los escenarios de paz para consolidar nuevos territorios, afinar las economías ilícitas que les proveen millonarios recursos, aceitar su máquina de guerra y crecer el número de sus soldados a través del reclutamiento forzado, en especial de niños, niñas y adolescentes.

Dicho en otras palabras, los procesos de paz son asumidos por los verdaderos señores de la guerra colombianos como treguas que les permiten respirar y tomar un segundo aire. Lo he escrito en más de una oportunidad, así se me tilde de guerrerista por mi pasado como militar, pero no creo en la voluntad de paz de ninguno de los grupos con los que negocia el establishment.

El otro gran responsable es precisamente el Gobierno Nacional, en cabeza de Iván Velásquez, el ecléctico ministro de Defensa de Petro, y de los Comisionados de Paz, Danilo Rueda y ahora José Otty Patiño. Ninguno de estos funcionarios entiende que, para allanar el camino de la paz, el Estado jamás puede ceder el control territorial y la vigencia del imperio de la ley y dejar en manos de delincuentes abyectos a la “Colombia profunda” de la que tanto se pregona en los pasillos gubernamentales.

Craso error a la hora de pactar ceses de fuego bilateral con aquellas organizaciones criminales que buscan pista en la política de Paz Total, por cuanto no existen mecanismos de monitoreo idóneos que permitan hacerle un seguimiento a la actividad que dichas estructuras desarrollan en los territorios bajo su control.

Está claro que ninguna autoridad u organización que ofrezca sus servicios de garante puede controlar lo que pasa en los pueblos y veredas donde, en teoría, se pactan estos ceses al fuego bilaterales. Esa es tierra de nadie o, mejor decirlo así, tierra donde la boca del fusil se impone sobre los anhelos de paz de las comunidades.

A futuro, estos acuerdos deberían estar blindados con unas muy bien definidas líneas rojas, que, de ser trasgredidas, generen graves consecuencias para los responsables. Si esa consecuencia se traduce en retirar la oferta de paz y combatirlos sin tregua, pues que así sea, pero jamás negociando la majestad del Estado para obtener migajas.

Nuevamente los vientos de la guerra se imponen sobre el deseo de concretar un proceso de paz concebido erróneamente en la cabeza del Ejecutivo. La decisión del presidente Gustavo Petro de suspender el cese bilateral al fuego con las disidencias farianas del llamado Estado Mayor Central en Cauca, Nariño y Valle, era cuestión de tiempo.

Hoy, cuando aquellos señalados en el pasado de ser los señores de la guerra en nuestro país siguen a rajatabla las órdenes de su comandante en jefe y están totalmente maniatados por el MinDefensa a la hora de maniobrar en los territorios donde se libra la confrontación armada, conviene preguntar: en esta ocasión, ¿a quién le echarán la culpa del fracaso de la paz?

Es obvio que de esta debacle se debe exculpar a las fuerzas de seguridad del Estado, pues las tropas están confinadas en sus estaciones, cuarteles y bases de patrullaje. Ni las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional en estos departamentos y en el resto del país tienen la iniciativa operacional, ni los medios suficientes para contraponerse a los violentos con la misma efectividad de hace menos de una década.

Para nadie es un secreto, verbo y gracia, que las aeronaves de ala fija y de ala rotatoria –vitales para el transporte de uniformados, pertrechos y vituallas–, presentan problemas por la falta de repuestos para su mantenimiento. A esta limitante se suma otra igualmente grave: la escasez de combustible Jet A-1, evidencia irrefutable de los recortes presupuestales en las partidas para la seguridad y la defensa.

Quisiera entonces responder el interrogante planteado en las líneas iniciales de este escrito. La responsabilidad primaria recae en los verdaderos señores de la guerra en Colombia, que no son otros distintos que los cabecillas de las organizaciones armadas ilegales. Siempre ha sido así, si bien se estila presentarlos como las víctimas de un sistema oprobioso del pasado y que privilegiaba la guerra sobre la paz

Bien sea que se trate de las ex-Farc, el ELN, la Segunda Marquetalia o el Estado Mayor Central, los cabecillas de estas organizaciones alzadas en armas siempre han utilizado los escenarios de paz para consolidar nuevos territorios, afinar las economías ilícitas que les proveen millonarios recursos, aceitar su máquina de guerra y crecer el número de sus soldados a través del reclutamiento forzado, en especial de niños, niñas y adolescentes.

Dicho en otras palabras, los procesos de paz son asumidos por los verdaderos señores de la guerra colombianos como treguas que les permiten respirar y tomar un segundo aire. Lo he escrito en más de una oportunidad, así se me tilde de guerrerista por mi pasado como militar, pero no creo en la voluntad de paz de ninguno de los grupos con los que negocia el establishment.

El otro gran responsable es precisamente el Gobierno Nacional, en cabeza de Iván Velásquez, el ecléctico ministro de Defensa de Petro, y de los Comisionados de Paz, Danilo Rueda y ahora José Otty Patiño. Ninguno de estos funcionarios entiende que, para allanar el camino de la paz, el Estado jamás puede ceder el control territorial y la vigencia del imperio de la ley y dejar en manos de delincuentes abyectos a la “Colombia profunda” de la que tanto se pregona en los pasillos gubernamentales.

Craso error a la hora de pactar ceses de fuego bilateral con aquellas organizaciones criminales que buscan pista en la política de Paz Total, por cuanto no existen mecanismos de monitoreo idóneos que permitan hacerle un seguimiento a la actividad que dichas estructuras desarrollan en los territorios bajo su control.

Está claro que ninguna autoridad u organización que ofrezca sus servicios de garante puede controlar lo que pasa en los pueblos y veredas donde, en teoría, se pactan estos ceses al fuego bilaterales. Esa es tierra de nadie o, mejor decirlo así, tierra donde la boca del fusil se impone sobre los anhelos de paz de las comunidades.

A futuro, estos acuerdos deberían estar blindados con unas muy bien definidas líneas rojas, que, de ser trasgredidas, generen graves consecuencias para los responsables. Si esa consecuencia se traduce en retirar la oferta de paz y combatirlos sin tregua, pues que así sea, pero jamás negociando la majestad del Estado para obtener migajas.