Arauca Zona D “No Futuro”

Colombia ha sido catalogado por la ONU como uno de los países donde es más peligroso ser un(a) defensor(a) de Derechos Humanos. Desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, han sido silenciados(as) un total de 1.299 líderes y lideresas. En el departamento de Arauca, tras dos décadas de intervenciones cívico – militares el resultado es la actual crisis humanitaria que suma más de 60 personas asesinadas, según la Fundación para la Observación e Investigación en Derechos Humanos y el Desarrollo-FOIDHD (2022), de las cuales 13 son líderes y lideresas sociales y defensores/as de DDHH, a partir de los datos de Indepaz (2022). Lo que ha dejado cerca de 455 familias desplazadas en el departamento, advierte el defensor del pueblo.

El territorio araucano ha sido históricamente afectado por el conflicto armado colombiano. La presencia de diversos grupos armados ilegales data desde la segunda mitad del siglo XX, lo que ha contribuido a la generación de constantes disputas por el control territorial del departamento, como consecuencia en las últimas dos décadas la respuesta gubernamental ha sido mediante la implementación de políticas de intervención cívico-militares, tales como: Zonas de Rehabilitación y Consolidación y la más reciente, Zonas Estratégicas de Intervención Integral” (ZEII) o “Zonas Futuro”, las cuales han tenido como acción principal la militarización del territorio.

Según la Comisión de la Verdad (2020), “hoy en día están presentes alrededor de 9.000 miembros del Ejército, la presencia de militares más intensa del país en relación con el número de habitantes, el 27% de la fuerza militar se dedica a custodiar los dos oleoductos”. Como resultado, el departamento se ha configurado como un territorio de expulsión de población, según la Unidad de Víctimas alrededor de 86.000 personas han sido desplazadas, y cerca de 21.847 personas han sido asesinadas. Adicionalmente, los líderes, lideresas, defensores y organizaciones sociales y de Derechos Humanos del departamento han sido víctimas de hostigamientos, criminalización, y estigmatización.

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Es así como, a partir de la firma del Acuerdo Final de Paz con las Farc, el departamento de Arauca se enfrentó nuevamente a una reconfiguración del control territorial por parte de los otros grupos armados ilegales presentes, de la fuerza pública nacional e internacional del vecino país en la zona de frontera; así como a las consecuencias de la política de exterior colombiana con Venezuela, la llegada masiva de migrantes venezolanos(as), las economías ilegales, y la presencia de las disidencias de las Farc.

Lo anterior, ha contribuido al incremento de afectaciones y vulneración de los Derechos Humanos de la sociedad civil del departamento, según el FOIDHD (2022), en el primer mes del 2022, más de 60 personas, tanto colombianas como venezolanas, han sido víctimas de los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc. La mayoría de estos hechos se han desarrollado en el municipio de Saravena. Adicionalmente, han ocurrido atentados, ataques por objetivo militar y hacia las instalaciones de la Fuerza Pública.

No obstante, esta crítica y compleja situación en Arauca ha tenido un abordaje superficial, en donde el Gobierno Nacional ha minimizado la situación a un asunto de rentas ilegales y disputa territorial por rutas de narcotráfico y minería, tanto del lado colombiano como en el lado venezolano. Esta idea, solamente logra simplificar el conflicto y se utiliza como justificación del accionar militar del Estado, como la única salida a conflictos sociales, afectando las garantías de participación y protección de los líderes, lideresas, defensores y organizaciones sociales y de Derechos Humanos que le apuestan a la construcción de paz en el departamento.

Vea: “La zozobra de los líderes en Arauca por las detenciones arbitrarias”

Un factor adicional que evidencia una reconfiguración de las dinámicas del conflicto armado es la internacionalización del conflicto en países vecinos, como Venezuela, que ha permitido que los diferentes actores armados ilegales cuenten con corredores estratégicos para el transporte de armas y mercancías ilícitas, así como, establecer áreas para evadir la justicia colombiana.

A partir de lo anteriormente expuesto, se considera que el país podría estar entrando en lo que el académico Francisco Gutiérrez (2020) llama “un nuevo ciclo de conflicto”, ya que se observa un recrudecimiento acelerado de los índices de violencia, así como los niveles de influencia binacional de grupos armados y cada vez se reduce más la capacidad de la sociedad civil y de los líderes y lideresas de la comunidad para des-escalar la violencia.

Por las razones expuestas y otras, hacemos un llamado de alerta a la institucionalidad, Estado colombiano, cuerpo diplomático, Cooperación Internacional, países garantes del Acuerdo Final de Paz y toda la sociedad civil a reafirmar el compromiso con el cumplimiento de la implementación del Acuerdo, el establecimiento de diálogos con los actores armados, asimismo, manejar una política más allá de la militarización que contribuya a la construcción de paz y a que prevalezca y se garantice el respeto a la vida y la protección de la sociedad civil.

Colombia ha sido catalogado por la ONU como uno de los países donde es más peligroso ser un(a) defensor(a) de Derechos Humanos. Desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, han sido silenciados(as) un total de 1.299 líderes y lideresas. En el departamento de Arauca, tras dos décadas de intervenciones cívico – militares el resultado es la actual crisis humanitaria que suma más de 60 personas asesinadas, según la Fundación para la Observación e Investigación en Derechos Humanos y el Desarrollo-FOIDHD (2022), de las cuales 13 son líderes y lideresas sociales y defensores/as de DDHH, a partir de los datos de Indepaz (2022). Lo que ha dejado cerca de 455 familias desplazadas en el departamento, advierte el defensor del pueblo.

El territorio araucano ha sido históricamente afectado por el conflicto armado colombiano. La presencia de diversos grupos armados ilegales data desde la segunda mitad del siglo XX, lo que ha contribuido a la generación de constantes disputas por el control territorial del departamento, como consecuencia en las últimas dos décadas la respuesta gubernamental ha sido mediante la implementación de políticas de intervención cívico-militares, tales como: Zonas de Rehabilitación y Consolidación y la más reciente, Zonas Estratégicas de Intervención Integral” (ZEII) o “Zonas Futuro”, las cuales han tenido como acción principal la militarización del territorio.

Según la Comisión de la Verdad (2020), “hoy en día están presentes alrededor de 9.000 miembros del Ejército, la presencia de militares más intensa del país en relación con el número de habitantes, el 27% de la fuerza militar se dedica a custodiar los dos oleoductos”. Como resultado, el departamento se ha configurado como un territorio de expulsión de población, según la Unidad de Víctimas alrededor de 86.000 personas han sido desplazadas, y cerca de 21.847 personas han sido asesinadas. Adicionalmente, los líderes, lideresas, defensores y organizaciones sociales y de Derechos Humanos del departamento han sido víctimas de hostigamientos, criminalización, y estigmatización.

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Es así como, a partir de la firma del Acuerdo Final de Paz con las Farc, el departamento de Arauca se enfrentó nuevamente a una reconfiguración del control territorial por parte de los otros grupos armados ilegales presentes, de la fuerza pública nacional e internacional del vecino país en la zona de frontera; así como a las consecuencias de la política de exterior colombiana con Venezuela, la llegada masiva de migrantes venezolanos(as), las economías ilegales, y la presencia de las disidencias de las Farc.

Lo anterior, ha contribuido al incremento de afectaciones y vulneración de los Derechos Humanos de la sociedad civil del departamento, según el FOIDHD (2022), en el primer mes del 2022, más de 60 personas, tanto colombianas como venezolanas, han sido víctimas de los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc. La mayoría de estos hechos se han desarrollado en el municipio de Saravena. Adicionalmente, han ocurrido atentados, ataques por objetivo militar y hacia las instalaciones de la Fuerza Pública.

No obstante, esta crítica y compleja situación en Arauca ha tenido un abordaje superficial, en donde el Gobierno Nacional ha minimizado la situación a un asunto de rentas ilegales y disputa territorial por rutas de narcotráfico y minería, tanto del lado colombiano como en el lado venezolano. Esta idea, solamente logra simplificar el conflicto y se utiliza como justificación del accionar militar del Estado, como la única salida a conflictos sociales, afectando las garantías de participación y protección de los líderes, lideresas, defensores y organizaciones sociales y de Derechos Humanos que le apuestan a la construcción de paz en el departamento.

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Un factor adicional que evidencia una reconfiguración de las dinámicas del conflicto armado es la internacionalización del conflicto en países vecinos, como Venezuela, que ha permitido que los diferentes actores armados ilegales cuenten con corredores estratégicos para el transporte de armas y mercancías ilícitas, así como, establecer áreas para evadir la justicia colombiana.

A partir de lo anteriormente expuesto, se considera que el país podría estar entrando en lo que el académico Francisco Gutiérrez (2020) llama “un nuevo ciclo de conflicto”, ya que se observa un recrudecimiento acelerado de los índices de violencia, así como los niveles de influencia binacional de grupos armados y cada vez se reduce más la capacidad de la sociedad civil y de los líderes y lideresas de la comunidad para des-escalar la violencia.

Por las razones expuestas y otras, hacemos un llamado de alerta a la institucionalidad, Estado colombiano, cuerpo diplomático, Cooperación Internacional, países garantes del Acuerdo Final de Paz y toda la sociedad civil a reafirmar el compromiso con el cumplimiento de la implementación del Acuerdo, el establecimiento de diálogos con los actores armados, asimismo, manejar una política más allá de la militarización que contribuya a la construcción de paz y a que prevalezca y se garantice el respeto a la vida y la protección de la sociedad civil.