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La violencia no se detiene en Colombia, menos aún, en el Caribe. A ocho meses de la propuesta de la ‘Paz total’ del Gobierno de Petro, el derramamiento de sangre no para. Además, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera –firmado por el gobierno nacional de Santos y las FARC-EP– quedó en promesas por cumplir.
El saldo de implementación de los acuerdos que hipotéticamente permitiría garantizar la paz territorial es angustiante. Para el 2021 solo el 30% estaba cumplido, según el Instituto Kroc. Y las recientes declaraciones del presidente Petro sobre el carácter “incompleto” del Acuerdo de Paz son preocupantes.
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con los que se pretenden estabilizar y desarrollar de manera integral oportunidades para superar el conflicto, se convirtieron en letra muerta. Según Raúl Delgado, director nacional de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en el país sólo el 12.7% de las 33 mil iniciativas PDET se encuentran en ejecución y de las cuáles el 30% presentan dificultades de financiación. La situación es crítica, ya que el 36% del territorio nacional donde viven 6.6 millones de colombianos es zona PDET.
Particularmente, en Montes de María, donde Foro Nacional por Colombia y Foro Costa Atlántica, lideran procesos comunitarios, encontramos que los líderes y lideresas sociales temen por la repetición de la guerra y sus nefastas consecuencias en la cotidianidad rural. En está subregión se demostró que el conflicto nunca se detuvo; solo mutó.
Esta crítica situación se evidencia en las extorsiones, secuestros y asesinatos que adelanta la guerrilla. Segundo, en la mal llamada “Pacificación” de los grupos paramilitares, que, con masacres, desplazamientos y alianzas con las administraciones locales, cooptaron la institucionalidad territorial.
Ante el vacío generado por la inoperancia del Estado y la salida de escena de las FARC, el poder político se ha reconfigurado en el territorio nacional. En el Caribe existen 5 grandes focos de conflictos en la actualidad: el sur de Bolívar, Montes de María, sur de Córdoba, Sierra Nevada y centro del Cesar. Los cuatro primeros son zonas PDET, donde nuevos actores armados han entrado en escena como el Clan del Golfo.
De las 34 masacres registradas por Indepaz en 2023, 11 ocurrieron en el Caribe. Una muestra de guerra cruenta que libran las estructuras locales heredadas de los rezagos del paramilitarismo. Las disputas están relacionadas con las rutas del narcotráfico y nuevas rentas ilegales como la extorsión y microtráfico. En los Montes de María nuevamente se viven dificultades para la movilidad de los ciudadanos y fuertes amenazas a líderes sociales y actores políticos. Un número significativo de familias han decidido que sus hijos salgan de la zona por temor al reclutamiento forzado del Clan del Golfo, quien ejerce el monopolio de la violencia local.
Mientras tanto, la política de Paz Total se mantiene en el limbo. En medio de la poca claridad sobre su implementación y discusión en el Congreso, la violencia cabalga y continua la presencia armada de grupos violentos, quienes buscan posicionarse en la mesa política, acrecentar su poder mientras se discute y posicionarse de cara a las elecciones locales.
Sin duda alguna, en el Caribe colombiano el conflicto se ha focalizado y en algunos casos con una intensidad preocupante ¿Esperaremos regresar a la confluencia de gobiernos locales y actores violentos?
Las anteriores elecciones fueron las más violentas en los últimos 10 años, según la MOE. Tal como van las cosas, el conflicto puede escalarse aún más de aquí al mes de octubre, fecha de cierre del ciclo electoral del 2023.
Además de lo anterior, la apertura democrática desordenada de nuevas franquicias políticas, puede ser un peligroso espacio en donde se cuelen políticos financiados por grupos irregulares y aumente el riesgo de violencias políticas locales. Es un ciclo que no hemos podido romper en nuestra democracia.
Nos jugamos mucho en las próximas elecciones: la consolidación del cambio nacional en los territorios, el fin de los clanes políticos locales y la posibilidad de concretar una mejor gobernabilidad para el desarrollo de los planes nacionales centrados en fuertes transformaciones sociales, sobre todo en la ruralidad.
La posibilidad de tener un gobierno alternativo debería permitir la apertura democrática, así como las garantías que permitan transformar los territorios y profundizar la paz. Es por eso que más de crear una brecha entre La Habana y la Paz Total, se requieren acciones concretas que hagan plausible las expectativas ciudadanas.
El reciente timonazo del gobierno para reconfigurar su acción pública, como lo señaló el presidente Petro: un gabinete de emergencia, debe permitir una acción en los territorios agobiados por el conflicto. Pero también, el trabajo de la sociedad civil organizada que visibilice y acompañe los esfuerzos de paz.
Gran parte de las ONGS que participamos en la Habana le apostamos a la implementación de los acuerdos. Es por eso que vemos la necesidad de armonizar la Paz Total con los acumulados históricos que entre todos y todas hemos consolidado para lograr la gran paz para Colombia.
*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).