Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Cuando el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, me invitó a acompañarlo en la Dirección de DD. HH. y DIH del Ministerio, me comprometí con varios objetivos. Uno de ellos, contribuir a acercar a la Fuerza Pública con las comunidades donde aún habita la desconfianza e incomprensión mutua. Avanzar en esa búsqueda nos conduciría a un horizonte transformador y humano: de un lado, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional alcanzarían la legitimidad suficiente para permanecer en territorios aún complejos, y quitarles espacio a los grupos armados ilegales. De otro, las comunidades sentirían a la Fuerza Pública como suya y no como “invasora”.
En ese camino, los pasos no se han detenido. A los y las uniformadas, desde el Alto Gobierno y Ministerio de Defensa, se les ha dignificado como personas valiosas, con derechos humanos y, en consecuencia, se ha fortalecido su bienestar, especialmente a los grados inferiores, tal y como se conoce ampliamente.
También se actualizó la política de DD. HH. y DIH del Ministerio de Defensa. Este documento cuenta con un conjunto de lineamientos sistematizados y con estándares internacionales, que contribuye a tener mayor claridad, al evidenciar los límites inequívocos en DD. HH. y DIH, para la actuación de la Fuerza Pública, sin que se afecte su misionalidad.
Esfuerzos realizados por el sector Defensa contra la corrupción, con especial énfasis desde la administración del ministro Iván Velásquez, y refrendado por el entrante, Pedro Arnulfo Sánchez, también aportan a mejorar los índices de confianza en la Fuerza Pública. La revisión exhaustiva de hojas de vida para los llamados a ascenso, el retiro de uniformados vinculados con redes o actos de corrupción, han sido frecuentes.
En el entretanto, las estadísticas hablan por sí solas: según el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (enero de 2025), las alegaciones de privaciones arbitrarias de la vida que habrían cometido integrantes de la fuerza pública en el 2024 bajaron en un 39% respecto a las recibidas en el 2023. Conocemos extraoficialmente que en los primeros dos meses de 2025 no se recibió ninguna.
Por otra parte, ante la arremetida violenta del ELN en el Catumbo a comienzos del año, con un saldo de 98 homicidios, 8 firmantes de paz desaparecidos y 56 mil desplazados, el comportamiento de la Fuerza Pública es de resaltar.
Por un lado, fue determinante y decisivo en la acción humanitaria para salvar vidas. Las unidades militares de Tibú, Ocaña y Cúcuta sirvieron de acogida temporal de personas en alto riesgo. 755 campesinos fueron evacuados de manera helicoportada de la región. La Fuerza Aeroespacial ha transportado más de 1.200 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de instituciones nacionales. Tampoco se ha recibido denuncias, quejas o alegaciones por presuntas violaciones a los DD. HH. por parte de la Fuerza Pública, a pesar de la intensificación de operaciones militares contra el ELN y la Conmoción Interior decretada en la región.
Esto y muchos más planes y estrategias se desarrollan en pro de una Fuerza Pública sólida, íntegra y humana y, por ende, con mayor legitimidad. Sin embargo, esto es insuficiente para el horizonte trazado como objetivo. En este sentido, también se requiere dar pasos desde la sociedad.
De acuerdo con las estadísticas del sector Defensa, las Fuerzas Militares sufrieron 90 asonadas entre el 2021 y la actualidad. La mayoría en el Cauca (65), seguidas de Nariño (13), Valle del Cauca (4), Norte de Santander (3), Meta (3), Antioquia (1) y Bolivar (1).
La Policía, mucho más, 125, solo en el 2024. Cifras elevadas para poder cumplir con la misionalidad constitucional encomendada a la Fuerza Pública y avanzar en el control territorial desde el Estado. Destacar que, en los anteriores casos, los uniformados no han respondido con la fuerza, respetando los DD. HH. y previniendo el escalonamiento de la tensión con las comunidades.
Las asonadas son rechazadas por el derecho internacional y nacional, al estar en contravía del régimen convencional y constitucional que reconoce y protege a las autoridades legítimas de un Estado, como lo reza el artículo 95 de la Constitución Política.
Ahora bien, los cambios culturales son complejos y requieren de paciencia y mirada de largo aliento. Quedan muchos desafíos y retos, pero lo andado en el sector Defensa frente a los DD. HH. es detarminante para contribuir a la armonización de los territorios. Pero falta la otra parte: las comunidades.
Es claro que, durante décadas, los grupos armados ilegales mantuvieron el control territorial (económico, político, social y, hasta cultural) en vastas regiones del país. En la actualidad, esas dinámicas han cambiado de manera importante, pero aún persisten zonas con control de algunos grupos ilegales, quienes amenazan y constriñen a sus habitantes.
Bajo esa comprensión es que, desde el gobierno nacional, se busca empoderar a las comunidades, abrigarlas y protegerlas, y avanzar en la legitimidad del Estado. En ese camino, aportaría mucho el papel que puedan cumplir las organizaciones de DD. HH. y humanitarias que acompañan a muchas de ellas.
Avanzar hacia ese horizonte, de armonía y empatía entre comunidades y Fuerza Pública es, sin duda, un destello de luz en medio de la bruma. El sector Defensa lo viene haciendo. Ojalá el ethos comunitario, copie.
*Diana Sánchez Lara es directora de DD. HH. y DIH del Ministerio de Defensa Nacional