La vida de los pueblos indígenas de la subregión Bajo Atrato-Darién depende de cuatro principios: territorio, cultura, autonomía y unidad.
Estos principios están siendo amenazados por el control paramilitar del Clan del Golfo. Ya se habla de hombres de las Agc vestidos de civil, prestando guardia en el casco urbano de Riosucio a plena luz del día, señal de la “pax romana” que gozan, en esta subregión, los actores armados ilegales, no así la población civil.
“En vez de desplazarme, me hago matar”, dice un líder embera que no concibe su vida desarraigado de su querencia. Los cultivos de uso ilícito se han multiplicado vertiginosamente en los últimos seis años. La economía de la cocaína, antes en disputa, hoy la domina la empresa paramilitar. Las orillas de las cuencas están sembradas, además, con minas antipersonales. Las niñas están siendo involucradas en la explotación sexual. Los niños se vuelven raspachines desde pequeños por orden del actor armado ilegal. Los viejos caminos ancestrales ven pasar al indígena sometido en su propio territorio. Los jóvenes sin mayores oportunidades son reclutados como mulas, informantes y soldados. Los jaibanás son señalados por el paraco como una potencial amenaza. El poder de la naturaleza que estos médicos tradicionales administran al servicio de las necesidades espirituales de su gente es visto como un arma cuya eficacia temen los cazadores de hombres. Los indígenas temen que sus médicos caigan en la vanguardia de la resistencia. Los cazadores de hombres los llaman “brujos”, calificando de “maleficio” lo más sagrado de un pueblo: el vínculo que lo une con el suelo, con las ranas, con el cielo, con las estrellas, con los cerros, con el agua, con los ríos… El indígena no se entiende sin lo suyo y es eso lo que la estrategia paramilitar quiere destruir.
Una madre de brazos pintados sostiene a su bebé sobre el regazo y dice: “es por él que estamos luchando”. El niño duerme sin darse cuenta de lo que pasa. ¿Cuántos ríos se habrán secado para cuando esté bebé tenga la edad suficiente para cargar el bastón de la guardia indígena? En manos del embera este no es un simple pedazo de madera, sino un mensaje para Colombia: la relación entre el Estado y los pueblos étnicos sigue siendo colonial, la República no es una aliada sino una herramienta de penetración y despojo. ¿Cómo más entender la tolerancia de sectores de la fuerza pública frente al etnocidio?
La soberanía alimentaria del indígena, que depende en gran medida de la pesca y de la cacería, también está bajo amenaza. Abundan el hambre y la desnutrición infantil. El dominio paramilitar le niega a la gente el tránsito por su propia casa y hay un límite impuesto a la cantidad de alimentos que los líderes pueden ingresar a sus comunidades.
Algunas personas denuncian que sectores de la fuerza pública y de la marina se hacen los de la vista gorda cuando los ilegales instalan sus retenes en las cuencas y cuando estos pasan por el Atrato a escasos metros de los puestos de control estatales.
No son las iglesias las que tienen la obligación de investigar el objeto de estas acusaciones, sino los organismos de control estatales cuya inoperancia es una forma de complicidad por omisión.
Oficiales del Ejército están presionando a un puñado de líderes religiosos para que sirvan de informantes en una supuesta guerra entre la fuerza pública y el Clan del Golfo. Estos líderes se han negado a convertirse en actores del conflicto y reafirman su voluntad de atender exclusivamente desde la misericordia una crisis humanitaria que reta la conciencia de todos los colombianos.
Señor presidente Iván Duque, si usted se dice religioso, ¿por qué no sigue el ejemplo del obispo de Quibdó y de sus compañeros? ¿Por qué no obliga a la tropa a poner fin a los ataques contra quienes intentan bajar al indio de la cruz?