Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Las revelaciones de Semana sobre el seguimiento informático realizado durante el año 2019 por unidades del Ejército a por lo menos 130 personas han desatado indignación en el país y en el mundo.
Como educadoras y educadores, hay un aspecto que nos parece de particular gravedad en este episodio sombrío. Entre las víctimas del espionaje informático no se encuentran solo figuras públicas y reconocidos periodistas con gran trayectoria y visibilidad. También hay 18 periodistas –la mayoría menores de 30 años– que hacen parte de “Rutas del Conflicto”, un medio de comunicación alternativo que desde hace seis años investiga e informa acerca del conflicto armado interno en Colombia, su memoria y las comunidades afectadas.
Entre ellos está Fernanda Barbosa, nuestra querida estudiante y colega, a quien le reconocemos grandes habilidades académicas, profesionales y humanas. Fernanda es historiadora y periodista de formación. En 2016 llegó de intercambio en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y actualmente es candidata a doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la misma universidad. Además, ha desarrollado actividades académicas con diferentes instituciones y a través del proyecto “Transformative Memory”, una red internacional de estudios sobre la memoria histórica en contextos de violencia masiva en el mundo.
La “sorpresa y el profundo temor” que Fernanda y sus colegas de Rutas del Conflicto expresan frente a las intimidaciones recibidas no les impedirá seguir trabajando con el mismo ahínco en una de las más brillantes y prometedoras iniciativas de paz en marcha en el país. Sin embargo, hoy nos preguntamos: ¿cuál es el mensaje que este acto de espionaje les envía a las jóvenes generaciones comprometidas con investigar el conflicto para construir un país más justo y contribuir desde la verdad a una reconciliación nacional desde los territorios azotados por la violencia? ¿Cómo es posible que nuestros más brillantes estudiantes sean blanco de “inteligencia militar” por el solo hecho de poner en práctica lo que nosotros mismos les enseñamos en cuanto a rigor académico, métodos de investigación, sentido ético frente a las comunidades y el país? ¿Qué confianza podrán tejer las generaciones jóvenes de periodistas investigativos con un Estado que las vigila por el simple hecho de estar haciendo bien su oficio de información crítica?
El problema no concierne solo a la libertad de prensa. La confianza entre los ciudadanos y el Estado es un bien común particularmente importante en tiempos tanto de post-firma de un acuerdo de paz como de la situación de emergencia por el COVID-19. Pero como lo hemos visto en los últimos tiempos, la confianza es también extremadamente frágil. El mismo Estado que pide entregar nuestros datos en una app de salud pública es también el que espía (de manera ilegal) a quienes investigan, cuestionan, o se oponen a sus actuaciones, en el ejercicio democrático de los derechos. ¿Cómo confiar?
La respuesta depende de que se realice rápidamente una investigación seria que esclarezca lo sucedido e identifique a los responsables del acto de ‘inteligencia’ militar. Y por supuesto, de que se les garantice la vida, la integridad y el libre ejercicio de sus derechos y de su profesión a todas las personas que han sido víctimas de este escalofriante caso.
Firman: Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá); Programa de Doctorado de Ciencias Humanas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá); Red Internacional Transformative Memory, University of Bristish Columbia, Vancouver (Canadá); Departamento de Historia y Geografía, Universidad de los Andes, y Departamento de Historia, Pontificia Universidad Javeriana; Programa de Historia de la Universidad de Rosario.