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Este 3 de agosto entran en vigor dos acuerdos muy importantes alcanzados en la mesa de conversaciones entre el ELN y el Gobierno Nacional: el cese al fuego bilateral nacional y temporal y la instalación del comité nacional de participación.
Estos acuerdos, que en principio versan sobre temas distintos están íntimamente relacionados entre sí, en tanto que buscan que el silencio de los fusiles pactado inicialmente por seis meses genere las condiciones adecuadas para incentivar la participación ciudadana en los tres primeros puntos de la agenda de conversaciones pactada y dicho sea de paso también sirvan para aumentar el respaldo político al conjunto del proceso de paz.
En síntesis, de lo que se trata es de bajarle el volumen al ruido de la guerra y subir el de las voces de todos los sectores sociales y territorios que tienen múltiples propuestas para la construcción de paz. Menos guerra, más deliberación política.
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En este sentido, el cese al fuego que empieza a operar esta semana, así como las órdenes ya impartidas para su cumplimiento, no sólo dan cuenta del nivel de seriedad con la que ambas partes están asumiendo la mesa, sino también la aplicación de lecciones aprendidas en otros procesos, la construcción de protocolos claros de verificación y de resolución de controversias, el acompañamiento de la comunidad internacional y una novedosa participación de las organizaciones sociales en la verificación local del cese bilateral son muestras de ello.
Lograr que este cese al fuego inicialmente pactado por seis meses pueda prorrogarse en el tiempo es no solo importante para el mejor desenvolvimiento de la mesa, sino para lograr el fin de la guerra entre el Estado y el ELN.
Para lo anterior es indispensable que en estos seis meses se produzcan avances considerables en la mesa, que el comité nacional de participación cumpla cabalmente su labor, que ambas partes ejerzan un riguroso control sobre sus tropas, que se sepan sortear las acciones armadas que seguramente pueden ocurrir por parte de sectores internos que quieran sabotear el cese y por ende al proceso, que funcionen adecuadamente los mecanismos de monitoreo y verificación, que se exija por parte del Gobierno y la sociedad a los demás actores armados no aprovechar este cese para atentar contra el ELN, que el cese al fuego paulatinamente se vaya convirtiendo también en un cese de hostilidades.
La posible prórroga del cese también puede tener consecuencias colectivas e individuales al interior del ELN que no pueden menospreciarse, cuando la máquina de la guerra se apaga por un tiempo considerable volverla a prender no es tan fácil, los y las combatientes empiezan a vincularse más al ejercicio político, a tener más relación con su base social, a recuperar sus lazos familiares, hasta a tener hijos e hijas, a vislumbrar cómo podría ser un futuro por fuera de la guerra.
Este 3 de agosto también entra en funcionamiento el Comité Nacional de Participación conformado por 80 delegados de treinta sectores de la sociedad, que tiene como labor fundamental diseñar un plan y un método que permita la más amplia participación de la ciudadanía en los tres primeros puntos de la agenda de este proceso de paz: 1) Participación de la sociedad en la construcción de paz. 2) Democracia para la paz. 3) Transformaciones sociales para la paz.
El lanzamiento y la puesta en marcha de este comité es importante en tanto evidencian el papel preponderante que tanto el Gobierno Nacional como el ELN le dan a la participación ciudadana y como entienden que este proceso de paz más que buscar un desarme puntual, sin demeritar su importancia, tiene como horizonte estratégico contribuir en la construcción de un gran acuerdo nacional en el que los más diferentes sectores políticos y económicos logren una visión común sobre las transformaciones que requiere el país.
En este sentido la participación al interior de este comité nacional de participación de ACORE, ACOPI, el Consejo Nacional Gremial, el instituto de Ciencia Política, entre otros, junto a organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, afros, juveniles, de mujeres y de víctimas puede contribuir no solo al diseño del proceso de participación, sino también en la práctica puede convertirse en un comité de impulso del proceso de paz en su conjunto y del mismo acuerdo nacional.
La creación del Comité Nacional de Participación y la puesta en marcha del proceso participativo le dan a las organizaciones sociales la posibilidad de convertirse en una contraparte en la mesa de conversaciones y de llevar el conjunto de sus propuestas y reivindicaciones a un mecanismo de posibles transformaciones institucionales democráticas como lo han sido buena parte de los procesos de paz de las últimas décadas.
Lo que sucede este 3 de agosto no es cualquier cosa. Que haya menos balas, más política y más acuerdos.