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Un frasco de vidrio, un porro, o una bolsita que pasa de mano en mano no es una simple transacción material; en el contexto adecuado, es un pacto. En un país que se acostumbró a perseguir la planta, a militarizar el debate sobre las drogas y a estigmatizar a quien las consume, cultivar y abastecerse en colectivo es un acto de resistencia íntima. Los clubes cannábicos no son simples dispensarios ni salas de estar donde la gente se sienta a ver pasar el tiempo envuelta en humo. Son circuitos cerrados de confianza. Son redes donde se intercambia conocimiento sobre la tierra, donde se comparte una cosecha libre de sangre y donde, casi sin darse cuenta, se teje un andamiaje de protección mutua.
Estos espacios operan hoy en la penumbra, no gracias a una regulación estatal, sino a pesar de su ausencia. En Colombia, la política de drogas atraviesa una transición dolorosamente lenta: mientras en los foros internacionales se avanza y las cortes emiten sentencias progresistas, en las calles el peso del prohibicionismo sigue funcionando como una máquina de daño social que margina a los usuarios y los empuja a disputar el espacio público y hacia el mercado ilegal. Frente a este rezago institucional y a la lentitud de un sistema al que le cuesta pasar del castigo a la protección, los clubes cannábicos no son un simple capricho, sino un salvavidas ciudadano que se ha adelantado a ofrecer las garantías que el Estado aún no termina de consolidar.
En estos escenarios, el cuidado entre pares ha dejado de ser una simple consigna comunitaria para convertirse en una práctica política radical. Lo que ocurre al interior de estas redes de abastecimiento colectivo va mucho más allá de garantizar que una flor esté libre de pesticidas, hongos o metales pesados, aunque eso, por sí solo, ya constituye una práctica de salud pública que el Estado se niega a proveer. Lo que se cultiva en el fondo de estos espacios es la dignidad humana.
Para entender la dimensión de este fenómeno, basta con mirar las dinámicas desde abajo que se están gestando al margen del mercado ilícito y de los reflectores políticos. Pensemos en las redes barriales que, tras el encuentro en un parque, encontraron en el cultivo compartido la excusa perfecta para reconstruir el tejido social fracturado de sus calles. Pensemos en aquellos modelos de abastecimiento colectivo que comprendieron que la salud y el bienestar son integrales, y hoy rotan entre sus miembros no solo el cannabis, sino también alimentos, semillas y otras plantas medicinales. O detengámonos en los espacios diseñados por y para mujeres madres, quienes cargan sobre sus hombros el doble peso del estigma social y la amenaza institucional, y que encuentran en estas redes un refugio seguro para el consumo cuidadoso, libre del juicio asfixiante de una sociedad profundamente conservadora.
¿De qué sirve un Estado que afirma proteger la salud pública si en la práctica empuja a sus ciudadanos a la ilegalidad? Los clubes cannábicos responden a esta contradicción haciendo, en el silencio de la cotidianidad, lo que la política pública debería hacer a plena luz del día. Implementan estrategias reales de reducción de riesgos y daños, gestionan la información de manera horizontal y garantizan el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin sacrificar la seguridad de los usuarios. Han demostrado que la autonomía no es sinónimo de descontrol, sino la base para un consumo responsable.
Mientras el Congreso y los concejos municipales se enfrascan en debates circulares sobre cómo expulsar a los consumidores del espacio público, reviviendo los ecos más oscuros de la “guerra contra las drogas”, la ciudadanía cannábica se ha organizado para protegerse a sí misma. Han entendido que la prohibición está destinada a caer por su propio peso de contradicciones y violencias, y han decidido no esperar a que las leyes sean perfectas para empezar a cuidar la vida.
Este 4/20, las redes sociales se llenarán de hojas verdes, campañas de mercadeo y consignas festivas. Veremos las plazas congregando a miles de personas en un rito colectivo que desafía abiertamente la inercia del castigo. Es un ejercicio válido y necesario de visibilidad ciudadana. Pero conmemorar, si nos quedamos únicamente en la superficie festiva de la fecha, puede convertirse en una forma sofisticada de miopía.
La verdadera transformación no está en la nube de humo que se eleva y se disipa una tarde de abril en un parque de Bogotá o Medellín. Está en las manos que germinan, cuidan, cosechan y distribuyen de manera solidaria durante los otros 364 días del año, navegando en un sistema que todavía los castiga por inercia. Mientras llega la protección institucional definitiva para un fenómeno social irreversible, los clubes cannábicos seguirán siendo esa barricada silenciosa donde el cuidado es la ley primaria y la dignidad, sin duda alguna, la cosecha más importante.
* Esteban Linares, investigador de Elementa DDHH
**Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.