Los grises de la prohibición y las promesas incumplidas

El gobierno Petro ha dejado varias promesas incumplidas en la política de drogas, donde el discurso era en principio progresista. La historia ha sido otra y en al menos dos temas no hemos visto los cambios esperados. El primero es en el tratamiento a los cultivadores de coca: no se ha implementado plenamente el programa de sustitución, no se ha llevado a cabo una transformación territorial de estas regiones cocaleras, se ha mantenido abierta la puerta a la fumigación aérea y se reactivó la erradicación terrestre con la compra de 22.000 litros de glifosato.

El segundo tema es la regulación del cannabis de uso adulto y recreativo, donde esperábamos, por fin, ver el mercado regulado. Después de 30 años de descriminalización, no tiene sentido alguno que el mercado sea ilegal. En Colombia permitimos el consumo, el porte, el autocultivo, pero aún no logramos regular el mercado. No hemos eliminado una frase del artículo 49 de la Constitución que impide armonizar la normatividad para implementar el marco jurídico de un mercado regulado. Este gobierno perdió la oportunidad cuando aún contaba con una coalición amplia en el Congreso que habría permitido aprobar el Acto Legislativo liderado en varias ocasiones por el Representante Losada. ¿Nos quedamos entonces sin regular el cannabis de uso adulto? ¿Le dejamos el mercado a los grupos criminales o saltamos como lo han hecho en USA y en Uruguay a que el Estado intente tener el control y comience a reducir el mercado ilegal?

Aún quedan al menos dos caminos posibles en este año que le queda al Gobierno Petro. El primero es un piloto de regulación enmarcado en un estudio científico y supervisado, algo que de nuevo quizás tendría que pasar por el Congreso. El segundo es la regulación de los clubes cannábicos que ya operan en las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali entre otras.

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Uruguay tiene mucho que enseñarnos sobre este tema. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de visitar Montevideo y discutir con expertos y miembros de los clubes sus principales ventajas y aprendizajes. Los clubes, en su idea original, eran grupos de afiliados (amigos o conocidos) que se organizaron en entidades sin ánimo de lucro para producir y tener una provisión segura de cannabis. Una década después, la organización sin ánimo de lucro se mantiene, pero muchos han mutado a dispensarios de facto, donde los socios pagan una membresía y una cuota mensual que les da acceso al producto de calidad (40 gramos máximo-mensuales). Con estos recursos, los dueños del club contratan 3 o 4 empleados para encargarse del cultivo y demás temas operativos. Para operar no requieren pagar una licencia al Estado, solo registrarse y cumplir con unos requisitos básicos en la operación.

En Uruguay hay actualmente casi 400 clubs legalmente registrados, a los cuales solo se les permite un máximo de 99 plantas en floración. En cada club se permiten máximo 45 socios y mínimo 15. La mayoría de los socios son conocedores o expertos en el producto, que, como un club del vino, exigen una calidad, basada en el olor, sabor, y potencia del producto. Los socios no pueden consumir en el local y no pueden tener más de una membresía. Los clubes no pueden hacer publicidad y los locales donde se cultiva y compra no tienen avisos asociados al producto. Parecen clandestinos, pero de hecho reciben las visitas de la institución reguladora varias veces al año sin avisar y son cultivos en su mayoría sofisticados, con sistemas de riego, luz y control de temperatura.

En Uruguay conversé con varios operadores y empleados de los clubes. Jóvenes profesionales gomosos con el cultivo y la planta. Emprendedores y activistas. Obviamente el sistema no es perfecto y probablemente hay desvíos hacia el mercado ilegal (turistas, usuarios no registrados y seguramente el mercado brasilero, entre otros). Pero claramente, se trata de un sistema mejor que comprar de manera clandestina o con un dealer desconocido como se hace en Colombia. En un país donde el autocultivo de 20 plantas por persona es legal, donde el consumo y el porte es legal, no se entiende cómo no hemos podido avanzar en regular el mercado. Dado que el tema de los clubes se puede amparar en el autocultivo (incluso el tope puede ser menor a la sumatoria de las plantas permitidas por persona) y en organizaciones sin ánimo de lucro, quizás no sea necesaria modificar la Constitución—aunque esto se lo dejo a los abogados.

Regular los clubes implicaría sacar del mercado gris a estas organizaciones en Colombia que no tienen vínculos con mafias o crimen organizado, pero que no han podido crecer y salir del closet por estar en esta zona gris de legalidad. Esto no se trataría de promocionar el consumo, sino de garantizar que los consumidores que ya existen sepan de dónde viene el cannabis que legalmente pueden consumir. Además, sería una oportunidad también para discutir la disposición de espacios para el consumo, funcionando como una alternativa a las actuales regulaciones del consumo en espacios públicos. Este sistema, debo decirlo, no solucionaría la situación los cultivos que operan hoy en el Norte del Cauca, pero si formalizaría todo un ecosistema urbano que le puede empezar a quitar rentas al mercado ilegal. Esta regulación de los clubes podría ser un legado concreto que deje la nueva Dirección de Política de Drogas del Gobierno Petro para avanzar en el desmonte de la prohibición. Ya hay muchos ejemplos internacionales de los cuales se puede aprender para no cometer errores, es cuestión de avanzar ordenadamente en el tema.

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