Por Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Los cantos de las mujeres alabaoras de Bojayá (Chocó) –una de las zonas más golpeadas por la violencia – fueron una de las demostraciones de apoyo a este proceso.
Las alabaoras son un símbolo de resistencia pacífica y su presencia en el histórico momento de la firma fue un sólido mensaje de reconciliación. En sus alabanzas, tan llenas de dolor como de esperanza, incluyeron llamados para la no repetición de hechos violentos en sus territorios y elevaron sus voces para pedir no olvidar a las víctimas del conflicto armado en el país.
Pero también resuenan las palabras de una valiente mujer defensora de los derechos humanos del Chocó en referencia a la lenta implementación del Acuerdo. Insistía que “aquí no todo es color de rosa”. Esa “paz completa”, que las víctimas del conflicto armado han apoyado y han construido poco a poco, aún es lejana.
Las zonas rurales, históricamente, han sido las principales afectadas por conflicto armado en Colombia y continúan experimentando muchas formas de violencia sin que medie una respuesta decidida del actual gobierno para poner fin a esta situación. Cada vez es mayor la desesperanza. Las autoridades siguen dando la espalda a las víctimas día a día. Tras dos años desde la firma del Acuerdo, el avance ha sido lento y son cada vez mayores las trabas para responder a los pedidos de las víctimas.
Por una parte, el presidente Duque manifiesta que mantendrá la implementación del Acuerdo, siempre y cuando se revisen algunos puntos. Esta decisión se refleja automáticamente en la débil respuesta de autoridades nacionales y locales para ponerlo en marcha. Por su parte, el Congreso está enquistado por poderes políticos que responden a intereses privados de aquellos que continúan defendiendo el statu quo y pretenden blindar a los altos mandos militares de su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos.
Parece que en Colombia las autoridades priorizan los debates estériles antes que volcar todos sus recursos para proteger la vida de las personas y las comunidades. Esta protección significa no solo garantizar la seguridad individual de las personas amenazadas, sino que las autoridades tengan como prioridad los derechos fundamentales a la salud, la educación, el trabajo digno y todas aquellas condiciones que permitan materializar la vida digna y con justicia social, tal como lo establece la Constitución de 1991 y se reitera en el texto del Acuerdo de Paz.
El balance es negativo. Seguimos siendo testigos de la matanza de personas que defienden los derechos humanos en sus territorios. A la vez, el desplazamiento forzado de personas continúa cobrando víctimas, como es el caso de las más de mil personas que dejaron sus tierras en Catatumbo por combates entre la guerrilla del ELN y el EPL y la falta de respuesta decidida del Estado. Los grupos paramilitares continúan por su parte, como antaño, operando en total impunidad. Las cifras no logran retratar el daño que esto ocasiona al tejido social en el país.
En este punto es importante hacer un llamado a no bajar la guardia. Los movimientos sociales deben seguir clamando por justicia. Los y las estudiantes deben mantener su ímpetu. Los Pueblos Indígenas del Chocó, que organizaron su Minga (una convocatoria amplia de Pueblos Indígenas para manifestarse frente a algún tema colectivo) por la vida, no deben desfallecer, y las alabaoras nos deben seguir inspirando en la lucha por la justicia y reparación integral de las víctimas.
El Acuerdo de Paz únicamente simbolizó el inicio de la construcción de paz en el país. Aún tenemos un largo camino por recorrer y nuestro faro es y seguirá siendo la garantía de los derechos de las víctimas.
Por Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Los cantos de las mujeres alabaoras de Bojayá (Chocó) –una de las zonas más golpeadas por la violencia – fueron una de las demostraciones de apoyo a este proceso.
Las alabaoras son un símbolo de resistencia pacífica y su presencia en el histórico momento de la firma fue un sólido mensaje de reconciliación. En sus alabanzas, tan llenas de dolor como de esperanza, incluyeron llamados para la no repetición de hechos violentos en sus territorios y elevaron sus voces para pedir no olvidar a las víctimas del conflicto armado en el país.
Pero también resuenan las palabras de una valiente mujer defensora de los derechos humanos del Chocó en referencia a la lenta implementación del Acuerdo. Insistía que “aquí no todo es color de rosa”. Esa “paz completa”, que las víctimas del conflicto armado han apoyado y han construido poco a poco, aún es lejana.
Las zonas rurales, históricamente, han sido las principales afectadas por conflicto armado en Colombia y continúan experimentando muchas formas de violencia sin que medie una respuesta decidida del actual gobierno para poner fin a esta situación. Cada vez es mayor la desesperanza. Las autoridades siguen dando la espalda a las víctimas día a día. Tras dos años desde la firma del Acuerdo, el avance ha sido lento y son cada vez mayores las trabas para responder a los pedidos de las víctimas.
Por una parte, el presidente Duque manifiesta que mantendrá la implementación del Acuerdo, siempre y cuando se revisen algunos puntos. Esta decisión se refleja automáticamente en la débil respuesta de autoridades nacionales y locales para ponerlo en marcha. Por su parte, el Congreso está enquistado por poderes políticos que responden a intereses privados de aquellos que continúan defendiendo el statu quo y pretenden blindar a los altos mandos militares de su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos.
Parece que en Colombia las autoridades priorizan los debates estériles antes que volcar todos sus recursos para proteger la vida de las personas y las comunidades. Esta protección significa no solo garantizar la seguridad individual de las personas amenazadas, sino que las autoridades tengan como prioridad los derechos fundamentales a la salud, la educación, el trabajo digno y todas aquellas condiciones que permitan materializar la vida digna y con justicia social, tal como lo establece la Constitución de 1991 y se reitera en el texto del Acuerdo de Paz.
El balance es negativo. Seguimos siendo testigos de la matanza de personas que defienden los derechos humanos en sus territorios. A la vez, el desplazamiento forzado de personas continúa cobrando víctimas, como es el caso de las más de mil personas que dejaron sus tierras en Catatumbo por combates entre la guerrilla del ELN y el EPL y la falta de respuesta decidida del Estado. Los grupos paramilitares continúan por su parte, como antaño, operando en total impunidad. Las cifras no logran retratar el daño que esto ocasiona al tejido social en el país.
En este punto es importante hacer un llamado a no bajar la guardia. Los movimientos sociales deben seguir clamando por justicia. Los y las estudiantes deben mantener su ímpetu. Los Pueblos Indígenas del Chocó, que organizaron su Minga (una convocatoria amplia de Pueblos Indígenas para manifestarse frente a algún tema colectivo) por la vida, no deben desfallecer, y las alabaoras nos deben seguir inspirando en la lucha por la justicia y reparación integral de las víctimas.
El Acuerdo de Paz únicamente simbolizó el inicio de la construcción de paz en el país. Aún tenemos un largo camino por recorrer y nuestro faro es y seguirá siendo la garantía de los derechos de las víctimas.