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Colombia llegó a esta Comisión de Estupefacientes (CND), tal como se llega al final de una carrera: sin aliento.
Desde el inicio del Gobierno Petro, Viena fue uno de los focos centrales de su apuesta de liderazgo internacional en política de drogas. Las dos grandes iniciativas fueron una revisión independiente del sistema de prohibición y la solicitud ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) de revisar la clasificación de la hoja de coca. Ambas cuestionaban las premisas del régimen actual, y entre 2024 y 2025 los esfuerzos diplomáticos se centraron en conseguir los apoyos políticos para sostenerlas.
Para la CND 69, el tablero era otro. La beligerancia de Estados Unidos —su uso de la guerra contra las drogas como herramienta de interferencia geopolítica— dejó poco margen para sostener el impulso reformista. Y desde diciembre de 2025, la decisión de la OMS de mantener la hoja de coca en su clasificación actual cerró otra puerta: una decisión peligrosa que parece poner los intereses políticos por encima de la evidencia científica.
La propia Comisión fue un termómetro del momento que atraviesa el multilateralismo. Se negociaron apenas cinco resoluciones —frente a las quince o veinte habituales— y por segunda vez en la historia, todas fueron a votación. El viejo “espíritu de Viena”, ese consenso que avanzaba a costa de excluir las posiciones más críticas, se resquebrajó. China, India y Estados Unidos pidieron voto en distintas resoluciones, aunque todas terminaron aprobándose con mayoría suficiente. La puerta sigue abierta, en teoría, para temas de salud pública y derechos humanos. Pero el estancamiento es elocuente: muchos países reconocen estos enfoques en el discurso sin aplicarlos ni financiarlos, ni en casa ni mediante la cooperación internacional.
Entre la reforma y la contradicción
Colombia llegó a Viena con una delegación encabezada por el propio presidente Petro, y también, en sentido literal, con los frutos de su política, pues se instaló un stand con cacao, café y productos de comunidades campesinas de Putumayo y Nariño que transitaron hacia economías lícitas.
El discurso presidencial ante la plenaria fue uno de los de mayor carga política del día. Petro describió la cocaína como la “droga del capital” y contrastó ese fenómeno con el fentanilo, al que llamó la “droga de la muerte”, asociada a sociedades marcadas por la soledad y la crisis climática. Reclamó correspondencia de los países consumidores y presentó como logro central las 3.300 toneladas de cocaína incautadas en coordinación con 75 países, cifra con la que también respondió a su inclusión en la lista OFAC, que calificó de paradójica e injusta.
Sin embargo, el discurso tuvo una omisión llamativa. Petro no mencionó el Panel de Expertos, el avance más contundente que su gobierno consiguió en Viena el año anterior, gracias en buena medida a la gestión de la entonces embajadora Laura Gil. Parece que al final del mandato el relato político interno pesó más que la capitalización de los logros diplomáticos reales. La paradoja se profundiza cuando se contrasta el discurso reformista con la política interna: Petro calificó la sustitución de cultivos de “verdadera revolución”, mientras en paralelo ha anunciado la fumigación de glifosato con drones, una medida que contradice ese relato y que la evidencia disponible no respalda.
El panel de expertos: un balance agridulce
En la CND de 2025 la delegación de Colombia tuvo un logro histórico, al aprobar por mayoría una evaluación externa e independiente del sistema de fiscalización de drogas, a través de la conformación de un panel de expertos, que deberá presentar su análisis sobre las brechas y retos de la implementación de los tratados internacionales de drogas a la CND de 2029.
En la jornada de este año se cerró la designación de los expertos, con un balance agridulce: A pesar de que Colombia lideró la resolución y el proceso del panel, y que además aportó una suma importante para su desarrollo, ningún colombiano fue nominado para este grupo. De otro lado, y justo en la recta final, se designaron varios expertos en derechos humanos y con miradas apartadas del prohibicionismo.
En el panel quedaron figuras como Elina Steinerte, de Lituania, quien fue integrante del Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias y lideró uno de los primeros informes que examina el nexo entre el marco legal de la prohibición y los usos excesivos de la detención arbitraria; y Pável Bem, de Chequia, integrante de la Comisión Global de Política de Drogas, quien dirige en su país procesos de reforma hacia la regulación. Pero no todo será sencillo para poder examinar críticamente y desde estándares de derechos humanos: algunos de los expertos designados no tienen ningún conocimiento o experticia en temas de drogas, o en un extremo más peligroso, refuerzan paradigmas de castigo y represión, como es el caso de los representantes de China y Singapur.
¿Qué sigue?
El gobierno que llegue en agosto de 2026 recibirá una herencia mixta. En el activo: un panel en marcha, una voz que —con contradicciones— logró posicionar a Colombia en el debate global, y una sociedad civil que ha demostrado ser interlocutora técnica y política en espacios antes cerrados. En el pasivo: una clasificación de la hoja de coca sin cambios, una política interna que oscila entre la reforma y la represión, y un panel impulsado por Colombia del que Colombia no es parte.
Las prioridades para la próxima administración son claras: monitorear el proceso del panel y asegurar mecanismos de incidencia desde afuera; mantener una voz protagónica pero más coherente, donde el discurso internacional y la práctica interna no se contradigan; y fortalecer el vínculo con la sociedad civil.
Viena no es el escenario donde se transforma la política de drogas. Pero sí es donde se fijan los límites de lo posible. Colombia ha demostrado que esos límites se pueden mover. La pregunta es si el próximo gobierno querrá seguir empujando.
*Coordinadora de política de drogas en Dejusticia
**Directora de Elementa en Colombia
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