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La paz no es un acto, es la suma de muchos actos, compromisos, voluntades, esfuerzos e iniciativas que conducen a las sociedades a tramitar sus conflictos en escenarios de participación que fortalecen la democracia. Los seis años de persistencia por la implementación del Acuerdo Final de Paz de La Habana, firmado en el Teatro Colón en Bogotá por el presidente de la república (como representante del Estado Colombiano) Juan Manuel Santos, y Rodrigo Londoño en su condición de último comandante y jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, han demostrado que efectivamente se avanza en el fortalecimiento de la democracia, en términos de la superación de las viejas formas de exclusión política.
Los seis años de lucha por la implementación integral del Acuerdo de paz, ha sido un despertar de la nación que ha potenciado dinámicas de nuevas ciudadanías movilizadas como sujetos políticos activos; estas poderosas dinámicas de nuevas ciudadanías superaron y le hicieron frente al impacto político por la pérdida del plebiscito, adicionalmente en términos de la movilización para el fortalecimiento de la democracia, su contenido y alcance como irruptor de cambios políticos, desencadenó en la elección del gobierno actual, que reivindicó la bandera de la paz como eje central de su proyecto de nación.
En términos de cumplimiento integral de lo pactado hay un estancamiento de cuatro años, lo ha sentenciado así la Corte Constitucional en el Estado de Cosas Inconstitucionales; no se ha avanzado en aspectos reales de lo acordado en cuanto a Reforma Rural Integral, Planes Nacionales Sectoriales, Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, participación política dado que las circunscripciones de paz se implementaron tardíamente, sustitución de cultivos de uso ilícito que se paralizó para darle prelación a fórmulas desgastadas y derrotadas para enfrentarlo que en definitiva terminan fomentando el crecimiento del fenómeno; finalmente el asesinato de firmantes de paz, que al momento suman 352, pero también el de líderes sociales que sobrepasan los 1.250.
La implementación del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición SIVRNR, ha permitido avanzar el debate nacional frente a las responsabilidades de todos los actores en el conflicto, incluyendo al Estado, así no se haya abierto aún el macrocaso sobre su responsabilidad siendo imputable. Las claridades sobre el involucramiento del Estado y todos los demás actores, fuera de la narrativa oficial basada en responsabilizar únicamente a la insurgencia, ha permitido el crecimiento de una conciencia pública de rechazo a la guerra, que en términos políticos, posibilitó la elección democrática del gobierno alternativo como proyecto de vida y estado social y ambiental de derechos encabezado por el presidente Petro; esto fue además un rechazo contundente al proyecto autoritarista que representa a los sectores más retardatarios de la sociedad colombiana.
El Acuerdo movilizó amplios procesos sin referente en nuestra historia, como el plebiscito anticorrupción, las movilizaciones de noviembre de 2019 contra las viejas políticas de seguridad caracterizadas por la brutalidad policial; y contra la reforma tributaria y a la salud en 2020, la participación sostenida en el paro nacional que permitió dinamizar los procesos de reformas institucionales, y que hoy empiezan a surtir cambios cualitativos en la democracia empujados desde el actual gobierno.
Se derrumbó el mito de la amenaza terrorista, hay evidencias permanentes en el movimiento de ruptura con las lógicas impuestas por partidos y gobiernos autoritarios y guerreristas. La movilización le hizo un quiebre a la narrativa que señalaba como único responsable de la crisis económica, social, política y ambiental a la insurgencia. El Acuerdo va desactivando ese discurso, ya los jóvenes no creen ni multiplican la palabra de odio que estigmatiza y excluye.
El Acuerdo de Paz es un hecho histórico de ruptura, en tanto potenció el ejercicio de la expresión política y la movilización de sectores subalternos; el desligue de la lucha armada y de la guerra contrainsurgente de la agenda pública, ha visibilizado temas centrales referentes a la deuda histórica del Estado con amplios sectores de la sociedad, especialmente en la dimensión ambiental y en el sector urbano, que empoderó a núcleos especialmente de las generaciones más jóvenes, traduciéndose en una inédita participación política en el debate electoral de respaldo a la opción que hoy lidera la agenda de gobierno y Estado.
Los acuerdos de paz son pactos políticos que posibilitan cambios dirigidos a superar las causas que originan los conflictos armados; para ser exitosos, pasan por cumplir los compromisos adquiridos por parte del Estado hacia las partes contratantes, pero ante todo, garantizar las transformaciones sociales que reclama el conjunto de la nación para erradicar las desigualdades. Parar la guerra es empezar a derrotar la muerte, dignificar la vida en toda su amplitud, es romper los ciclos de victimización y sufrimiento de amplios sectores de la población. Ese es el compromiso que tenemos como nación y que este gobierno de la paz total se ha alzado a sus hombros