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27 Nov 2022 - 9:42 p. m.

El entronque entre la paz y el negocio de tierras

Planeta Paz

No cabe duda que la construcción de la paz exige negociaciones arriesgadas, al fin de cuentas se trata de llegar a acuerdos entre sectores que han intervenido de una u otra manera en conflictos que tienen incidencia en la desestructuración y reestructuración de los territorios, la instauración de poderes fácticos ecosistémicos, la reproducción de la violencia y la ilegalidad, y la subordinación de la población. La paz trata precisamente de cómo tramitar estos conflictos, para que haya soluciones en equidad, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

A la luz de este trámite puede leerse el “Acuerdo para la materialización de la paz territorial. Compra directa de tierras para la construcción de la reforma rural integral”, firmado entre el gobierno de Gustavo Petro y la Federación de Ganaderos -Fedegan-, “para unir al país alrededor de objetivo común de una Paz Total”.

Al respecto llama la atención que, con muy pocas excepciones, los estudios históricos muestran la estrecha relación que ha existido entre acciones de diversos terratenientes y empresarios agropecuarios para el despojo de tierras; el desplazamiento de población colona, campesina, indígena y afro; la sujeción de la mano de obra rural mediante el amedrantamiento, con la complicidad de autoridades y grupos armados ilegales; la desinstitucionalización del Estado con la corrupción de notarías, el falseamiento de títulos y la cooptación de entidades públicas para regularizar escrituras con apariencia de legalidad, y evitar procesos de clarificación de derechos de propiedad en los tribunales, sustituyéndolos por juicios de posesión; el manejo poco claro de recursos públicos como los parafiscales, entre otros.

En muchas ocasiones, la población ha denunciado la intimidación y el asesinato de trabajadores agrarios, campesinos e indígenas para ocupar territorios, con eventos emblemáticos como la incidencia en la violencia de los años 50 del siglo pasado que dejó 300.000 muertos y el despojo y abandono forzado del 11% de las tierras que conformaban la frontera agropecuaria de entonces, hecho que se ha repetido recientemente con un despojo-abandono forzado de aproximadamente el 15% de la frontera agropecuaria actual, incluidos territorios ancestrales.

El control de los baldíos no ha escapado a estas acciones. De hecho, diversos terratenientes y empresarios han accedido gratuitamente a su control, sin estar autorizados, adquiriendo derechos, hasta el punto de que la especulación con la tierra y la cooptación de la política de colonización les ha permitido formar grandes propiedades y obtener cuantiosas rentas para la acumulación y el manejo de la representación política. El control sobre la tierra se ha hecho, en buena medida, sobre conflictos, que han sido reproducidos por una política pública estatal espuria que propicia nuevos conflictos al eludir procesos tanto de clarificación de derechos sobre la tierra como de sanción al despojo y abandono forzado.

Estos hechos han sido una constante desde la conquista y continúan desde la constitución de la república hasta el presente. No hay un solo período en la historia de Colombia en que estos hechos no se hayan presentado, configurando una vulneración permanente de derechos y deberes consagrados en las leyes.

De esta referencia no se debe inferir que todas las acciones de ganaderos y empresarios agropecuarios estén directamente vinculadas con esta vulneración, aunque buen número de ellos han sido víctimas del conflicto armado interno, pero sí ha sido una constante el omitir, tolerar y dejar pasar estos hechos, favoreciendo con ello sus negocios y su posición en los escenarios políticos.

Cabe entonces la pregunta si un buen número de terratenientes, empresarios agropecuarios y sus gremios no deben ser tratados como responsables de los largos e históricos conflictos colombianos y, en consecuencia, demandar de ellos acuerdos sobre la base de verdad, equidad, justicia y reparación integral de víctimas, sin que por ello no se pueda avanzar en acuerdos con múltiples y variados actores de la sociedad.

Si desde un punto de vista histórico surge este tipo de argumentaciones, desde lo jurídico el Acuerdo con Fedegan aboca la reflexión a varias consecuencias y riesgos en términos de la exigencia de la verdad frente a títulos de propiedad, como: asumir la verificación tanto de derechos de propiedad, de la buena fe en torno a los títulos de propiedad, posesión, ocupación y tenencia, como de ocurrencia de invasión de recursos comunes como playones, canales y fuentes de agua, servidumbres y baldíos reservados, para evitar el riesgo de mayores conflictos con las ofertas de tierras, como sucedió en épocas anteriores con el Incora.

Desde el punto de vista político, se asiste a la particular situación en la que para superar el Punto 1 del Acuerdo Final Gobierno – Farc, se acude a un acuerdo económico con otro actor involucrado, al menos indirectamente, en conflictos de todo orden, sin que medien criterios y exigencias que garanticen que el uso de los recursos públicos no servirán para concentrar recursos de otro orden, entre otras, porque el Acuerdo con Fedegan solo llama a la voluntad de los ganaderos que quieran vender sus tierras total o parcialmente.

Desde un punto de vista económico y según un ejercicio econométrico realizado por Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, caben estas aseveraciones:

1. “A mayor concentración de la posesión de tierra a nivel municipal, ceteris paribus, menor relativamente el valor predial (por metro cuadrado), y cuanto mayor la tarifa del impuesto predial, más elevado relativamente el valor predial (por metro cuadrado)”.

2. “A mayor intensidad ganadera, ceteris paribus, relativamente menor el valor predial (por metro cuadrado)”. “Esta relación con el valor predial también se observa, aunque a un nivel de significancia de apenas el 13%, cuando en lugar de la intensidad de los hatos ganaderos se introduce como variable independiente la extensión (en hectáreas) dedicadas a la ganadería a nivel municipal”.

3. “A mayor concentración de la posesión de tierra a nivel municipal, ceteris paribus, menor relativamente el valor predial rural (por metro cuadrado)”.

4. Sobresale “la estrecha relación estadística positiva, en términos estadísticos significativos al 99.99% de nivel de confianza, entre la ocurrencia de desplazamiento forzado y la intensidad de ganadería a nivel municipal, lo cual implica que podría haber una importante conflictividad y disputa de derechos sobre la tierra en aquellos territorios con elevada intensidad ganadera”.

Cuestiones problemáticas

En los términos del Acuerdo con Fedegan, se abre una especie de cogobierno en lo rural, al cederle a este gremio la capacidad de proponer los enfoques de ganadería sostenible formulando proyectos, incluida su financiación, tanto de ganadería como de compensación ambiental, mientras al tiempo se apoya su fortalecimiento político, asociativo y gremial, y de veeduría ciudadana, en tanto se pone a su disposición la asesoría a quienes resulten beneficiarios del Acuerdo. Es decir, Fedegan sería asesor y veedor al mismo tiempo. Sin duda, de esto se desprende que Fedegan fortalecerá su control del fondo parafiscal ganadero, sin que el Acuerdo deje en claro responsabilidades frente a hechos ya denunciados por la Contraloría General y la posición de los otros gremios de ganaderos. Es obvio que el Acuerdo no da carta blanca, pero el empoderamiento político que logra Fedegan deja muchos interrogantes sobre una sensación de tabla rasa generalizada que genera el Acuerdo.

Por supuesto que es deseable que todos los actores sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales participen en la construcción de la paz. Pero no todos los actores son iguales. La propuesta de Paz Total del Gobierno, siendo loable en sus propósitos, manifiesta que establece diferenciaciones en cuanto al tratamiento de dichos actores. También que sus instrumentos tendrán como finalidad garantías de no repetición y estándares que eviten la impunidad y garanticen –en el mayor nivel posible- los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

El Acuerdo con Fedegan, que es efectivamente una compra directa de tierras, no configura necesariamente una “verdadera” política redistributiva de la tierra derivada de la desactivación del conflicto por su concentración, sino de la compra de tierra a precio comercial por parte del Estado con recursos públicos para luego repartirla a campesinos. El negocio permitiría entregar tierras a una muestra de familias rurales, pero no garantiza la desconcentración de la propiedad y de la constelación de poder terrateniente, de la que hablaba Antonio García Nobsa. Tampoco el avance hacia una reforma rural democrática.

El Acuerdo tiene un poder simbólico, pero por si solo no estrictamente redistributivo. Es decir, en términos de construcción de paz, la redistribución deviene del comportamiento de los actores al concurrir con verdad y reparación integral para generar equidad y justicia. La pregunta es si se está frente a un caso paradójico en el que un negocio de compra de tierras tendrá el suficiente poder para desactivar comportamientos históricos de caracterizada conflictividad alrededor de la tierra en provecho de intereses fácticos poderosos.

En acuerdo con Garay y Espitia, “como lección de economía política se constataría que el valor predial rural actual a nivel municipal guarda una relación inversa, significativa en términos estadísticos, con la concentración Gini de la posesión de tierra y la intensidad de la actividad ganadera, y sin observar ninguna relación estadística significativa con la tarifa del impuesto predial, lo que al menos en un principio podría insinuar -aunque sujeto a una corroboración empírica complementaria- un importante poder de injerencia de latifundistas, entre ellos ganaderos con explotaciones extensivas, para conseguir una relativa subvaloración predial de sus propiedades y una relativamente baja tarifa predial en aquellos municipios de su influencia”.

Propuestas

Solicitar a Fedegan que contribuya con su saber y entender cívico al esclarecimiento de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición alrededor de la conflictividad de la tierra en el país en términos de veracidad de derechos de propiedad, posesión, tenencia u otras formas, tanto individual como en cabeza de sociedades. Ello aceleraría los procesos de restitución y reparación, y de clarificación de derechos de propiedad, entre otros. Y sería también una demostración fehaciente de la voluntad de Fedegan de contribuir a la construcción de la paz.

De acuerdo con Garay y Espitia, “Actualizar el valor catastral con base en una metodología comprensiva del tipo de un catastro multipropósito que tome en debida consideración factores como el valor estratégico y la aptitud del suelo en una perspectiva duradera ante los impactos previsibles del cambio climático y la búsqueda de la resiliencia socio-ecológica y la potenciación de la Naturaleza en los territorios. El catastro tiene una especial relevancia a la hora de una eventual negociación del precio de compra de tierras por parte del Estado colombiano con fines de redistribución a campesinos sin tierra, como se establece en el reciente acuerdo del gobierno actual con Fedegan, ante los presuntos sesgos de sub-valoración predial y de imposición efectiva predial de tierras extensivas altamente

concentradas, aparte de la necesidad imperiosa de haber dirimido de manera definitiva los derechos de propiedad sobre los predios con antelación a poder ser elegibles como objeto de eventual negociación, so pena de incurrir en injustificadas transferencias de cuantiosos recursos públicos a poderosos agentes privados que se habrían venido beneficiando de tratos ostensiblemente preferenciales a su favor y de llegar a legitimar “indebida e ilegalmente” derechos de propiedad a favor de terceros y en contra de presuntas víctimas de abandono o despojo de tierras”.

*Documento de Planeta Paz

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