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Carolina Pinzón Gómez*
La semana pasada, Bogotá se convirtió en el epicentro mundial de una conversación que durante años ha sido marginada, distorsionada o silenciada (al menos en nuestra región), sobre la necesidad de avanzar hacia políticas de drogas centradas en la vida, los derechos humanos y el cuidado. La Conferencia Internacional de Reducción de Daños 2025 no solo fue un hecho histórico por su realización en América Latina, sino que marcó un punto de inflexión: Colombia ya no puede retroceder en su compromiso con la reducción de daños.
Por primera vez, los liderazgos del Sur Global ocuparon el centro del escenario para denunciar que la llamada “guerra contra las drogas” ha sido, en realidad, una guerra contra las personas: racista, clasista, sexista, homofóbica, misógina, colonial y patriarcal. Ha sido una guerra “injustificada, incomprensible, retrógrada y absurda”, cuyos impactos se han socavado los derechos de las comunidades históricamente excluidas: pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, juventudes, mujeres, personas LGBTIQA+ y, de forma sistemática, de quienes usan o dependen de sustancias psicoactivas.
La participación de más de mil asistentes de todo el mundo, incluyendo investigadores, profesionales de la salud, líderes comunitarios y representantes de gobiernos, sirvió como punto de encuentro para reflexionar colectivamente sobre lo aprendido, lo avanzado y, sobre todo, lo que aún falta por construir.
El legado técnico y político de HR25
Más allá de la potencia simbólica, la conferencia dejó un legado técnico y estratégico que Colombia debe asumir con responsabilidad. La conferencia puso en evidencia cómo el modelo prohibicionista ha fracasado en su objetivo de proteger la salud pública, mientras que profundizó en la necesidad de diversificar los modelos de atención y avanzar hacia enfoques más acogedores, integrales y comunitarios. Además, permitió visibilizar el valor de los enfoques innovadores que han emergido desde contextos históricamente marcados por la desigualdad, la violencia y los efectos colaterales de la guerra contra las drogas.
Uno de los avances más importantes fue el fortalecimiento del enfoque comunitario como pilar de la reducción de daños. La experiencia de organizaciones sociales en Colombia y otros países de la región demuestra que las soluciones más eficaces, humanas y sostenibles surgen cuando se reconoce la autonomía, el conocimiento y la dignidad de las personas que usan drogas. Este enfoque, lejos de ser asistencialista, reconfigura el cuidado como un acto político y colectivo.
Además, la conferencia ofreció espacios de intercambio metodológico, evaluación de intervenciones y análisis de casos exitosos en reducción de riesgos y daños. También se discutieron los desafíos de la medición de resultados y la necesidad de avanzar hacia sistemas de monitoreo más robustos pero sencillos de implementar, sensibles a los contextos locales y capaces de integrar indicadores sanitarios, sociales y comunitarios.
Los desafíos que persisten
Sin embargo, no todo es avance. La conferencia también puso en evidencia las resistencias estructurales que aún persisten en nuestro país y en general en la región, especialmente la politización de la reducción de daños, que en algunos espacios sigue siendo interpretada desde el miedo, el desconocimiento o la desinformación.
Otro de los temas más debatidos fue el financiamiento. Depender exclusivamente de la cooperación internacional o del sector salud es insuficiente. Es urgente que en los diferentes estados asuman el financiamiento de la reducción de daños como una obligación en salud pública y justicia social, integrando además al sector social y comunitario como actores clave en su implementación.
El liderazgo de Colombia
La presencia de Colombia como anfitriona de HR25 no fue solo por su peso en la agenda internacional de drogas. Fue sede porque tiene hoy la posibilidad y la responsabilidad de convertirse en referente técnico, ético y político en América Latina. Somos el país que más ha sufrido las consecuencias de una guerra que nunca fue nuestra, pero también somos hoy un referente regional con una política de drogas que reconoce el enfoque de reducción de daños y la necesidad de regular las plantas.
Ahora bien, ser sede de la conferencia no es suficiente. El verdadero legado será medido por nuestra capacidad de sostener y profundizar estos compromisos en el tiempo. Por nuestra disposición a destinar recursos públicos para garantizar abordajes eficaces y dignificantes. Por nuestra voluntad de escuchar y trabajar junto a las comunidades que han sido históricamente marginadas. La investigación, la formación profesional, el trabajo colaborativo con la sociedad civil y la garantía de recursos financieros adecuados son condiciones necesarias para no retroceder.
*Directora del Área de Consumo de Drogas, Salud Pública y Educación del CESED - Universidad de los Andes