Conflicto armado y COVID-19, una mezcla letal
Con la ocurrencia de una pandemia hay que adelantar todas las acciones y utilizar los recursos necesarios para preservar la integridad y la vida de cada una de las personas, así como garantizar la salubridad colectiva, en cuyo cometido son concurrentes la solidaridad social y las gestiones decididas y eficaces de las autoridades. Teniendo como referente las vivencias de otros países, con cientos de muertos y miles de enfermos, el Gobierno de Colombia, las autoridades departamentales y municipales tomaron medidas de precaución y protección, se dispuso permanecer en las casas, el aislamiento y cuarentena, todo con el gran compromiso, el trabajo y empeño de los profesionales de la salud; si se hizo oportunamente o no habrá que discutirlo en otro momento. Aunar esfuerzos, sumar voluntades y concentrar la atención para superar el COVID-19 es lo primordial, esto no requiere más explicaciones, es suficiente con acudir al sentido común.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el pasado 23 de marzo de 2020, pidió un alto al fuego inmediato en todos los rincones del mundo, dijo que estamos enfrentados a un enemigo común, el COVID-19, que es hora de poner en encierro los conflictos armados, suspenderlos y centrarnos en la verdadera lucha de nuestras vidas. El llamado del Secretario General infortunadamente contrasta con la violencia, la alienación del conflicto armado y los actos de ciertos Gobiernos, que pisotean cualquier racionalidad, no se detienen con el quebrantamiento de la dignidad humana, la vida o la salud, ni hay miramiento con la indefensión o la vulnerabilidad de las personas; todo eso da cuenta de lo enceguecedor que resulta el poder y las armas.
En Colombia, la degradación del conflicto armado y la violencia criminal no paran, ni ante el COVID-19, ni al parecer, ante nada. Un vehículo, que por la carencia de ambulancias, transportaba a una enferma, en el trayecto entre los municipios de Barbacoas y Tumaco en el departamento de Nariño, fue atacado, dejando dos muertos -el conductor y la paciente-, dos personas civiles heridas y el vehículo incinerado; se ha informado que se trataba de una Misión Médica, de ser así, el personal médico, sanitario y los bienes que les permite cumplir con su cometido profesional están protegidos por las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), pero aun con la discusión si efectivamente era una Misión Médica o no, si estaba debidamente identificada, el DIH obliga a las partes contendientes a aplicar el principio de distinción. Esto es, diferenciar entre los combatientes y quienes no participan en la hostilidades; por tanto, en ambas situaciones el estatus es de personas protegidas que no pueden ser atacadas y si fue así, se cometieron graves infracciones al DIH y en consecuencia crímenes de guerra. Por otro lado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA se refirió al asesinato de ocho líderes sociales en diferentes partes del país; sur de Bolívar, Putumayo, Antioquia y en el pueblo indígena embera en el Valle del Cauca, también tres personas en proceso de reincorporación en zona rural de La Macarena, Meta.
Además, advirtió la Misión, que por causa del conflicto armado y las actuaciones de los grupos ilegales, continúan las amenazas, confinamientos y desplazamientos forzados de comunidades en el Alto Baudó (Chocó), Roberto Payán (Nariño), Argelia y El Tambo (Cauca), así como hostigamientos a estaciones de Policía en el Norte del Cauca, poniendo en riesgo a la población civil. A lo denunciado por la Misión OEA, hay que agregar el asesinato de un campesino, integrante de un movimiento comunitario, junto con sus dos hijos menores de edad, en el municipio de Piamonte Cauca. Todos estos actos criminales se perpetraron en medio de las restricciones del COVID-19.
Por si lo anterior fuera poco, el Gobierno de Estados Unidos libra enfrentamientos contra el gobierno de Venezuela, acusa a la dirigencia de ese país de realizar actividades de narcotráfico, ofrece recompensas, amenaza con sus tropas; lo inaudito es que todo esto se produce en momentos de pandemia y de crisis.
En la mitad de este enfrentamiento está Colombia, entre la espada y la pared por problemas humanitarios y jurídicos, no por falta de definición sobre a quién se apoyará, pues es claro que el gobierno Duque decidió romper relaciones con el gobierno de Maduro y reconoció como presidente al señor Guaidó, quien goza de la aceptación del presidente Trump, aunque su “investidura” y capacidad para ayudar en la solución de las enormes necesidades de ambas naciones es nominal. Respecto a los problemas humanitarios, las medidas de prevención, atención, confinamiento, de salubridad para los venezolanos son muy difíciles, y precisamente, cuando se busca colaboración, flexibilización o restablecimiento de las relaciones diplomáticas, lo dispuesto por las autoridades norteamericanas en nada contribuye con este propósito, por el contario, hace que aumente la tensión diplomática y política entre Colombia y Venezuela. En cuanto a los problemas jurídicos, estamos frente a un asunto de soberanía y de atribuciones del ejecutivo, el territorio de un Estado es inviolable y un Gobierno no puede coartar a otro en el marco del Derecho Internacional Público, por más poderío económico y militar que tenga.
El Gobierno colombiano no puede apoyar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, ni hacer acuerdos para la guerra, sin autorización del Congreso de la República; ni disponer el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional sin permiso del Senado; el Gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado, no solo para el tránsito de tropas extrajeras, sino para la estación, tránsito de buques o aeronaves extranjeras de guerra en aguas o espacio aéreo colombiano. Del mismo modo, está prohibida la acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado; la Asamblea General de la ONU, instó a los Estados a que se abstengan de todo acto de agresión y de cualquier uso de la fuerza contrario a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados.
La preservación de la salud y la vida de las personas es preeminente para contrarrestar una pandemia que está golpeando al mundo, su antípoda es el conflicto armado interno y las acciones de los violentos, así como las decisiones de mantener o promover la guerra; estos son actos de barbarie insultantes para la conciencia de la humanidad, derivados del desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos, tal como lo señala el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento donde también se considera esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. En las actuales circunstancias de nuestro país, el Congreso de la República, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado deben ejercer sus funciones a plenitud, los controles políticos y jurídicos permiten garantizar que el poder del Presidente no se desborde o caiga en el autoritarismo; desde la sociedad civil hay que insistir con medios pacíficos, con el control ciudadano y de opinión para que los violentos y guerreristas no continúen con sus acciones demenciales.
Con la ocurrencia de una pandemia hay que adelantar todas las acciones y utilizar los recursos necesarios para preservar la integridad y la vida de cada una de las personas, así como garantizar la salubridad colectiva, en cuyo cometido son concurrentes la solidaridad social y las gestiones decididas y eficaces de las autoridades. Teniendo como referente las vivencias de otros países, con cientos de muertos y miles de enfermos, el Gobierno de Colombia, las autoridades departamentales y municipales tomaron medidas de precaución y protección, se dispuso permanecer en las casas, el aislamiento y cuarentena, todo con el gran compromiso, el trabajo y empeño de los profesionales de la salud; si se hizo oportunamente o no habrá que discutirlo en otro momento. Aunar esfuerzos, sumar voluntades y concentrar la atención para superar el COVID-19 es lo primordial, esto no requiere más explicaciones, es suficiente con acudir al sentido común.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el pasado 23 de marzo de 2020, pidió un alto al fuego inmediato en todos los rincones del mundo, dijo que estamos enfrentados a un enemigo común, el COVID-19, que es hora de poner en encierro los conflictos armados, suspenderlos y centrarnos en la verdadera lucha de nuestras vidas. El llamado del Secretario General infortunadamente contrasta con la violencia, la alienación del conflicto armado y los actos de ciertos Gobiernos, que pisotean cualquier racionalidad, no se detienen con el quebrantamiento de la dignidad humana, la vida o la salud, ni hay miramiento con la indefensión o la vulnerabilidad de las personas; todo eso da cuenta de lo enceguecedor que resulta el poder y las armas.
En Colombia, la degradación del conflicto armado y la violencia criminal no paran, ni ante el COVID-19, ni al parecer, ante nada. Un vehículo, que por la carencia de ambulancias, transportaba a una enferma, en el trayecto entre los municipios de Barbacoas y Tumaco en el departamento de Nariño, fue atacado, dejando dos muertos -el conductor y la paciente-, dos personas civiles heridas y el vehículo incinerado; se ha informado que se trataba de una Misión Médica, de ser así, el personal médico, sanitario y los bienes que les permite cumplir con su cometido profesional están protegidos por las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), pero aun con la discusión si efectivamente era una Misión Médica o no, si estaba debidamente identificada, el DIH obliga a las partes contendientes a aplicar el principio de distinción. Esto es, diferenciar entre los combatientes y quienes no participan en la hostilidades; por tanto, en ambas situaciones el estatus es de personas protegidas que no pueden ser atacadas y si fue así, se cometieron graves infracciones al DIH y en consecuencia crímenes de guerra. Por otro lado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA se refirió al asesinato de ocho líderes sociales en diferentes partes del país; sur de Bolívar, Putumayo, Antioquia y en el pueblo indígena embera en el Valle del Cauca, también tres personas en proceso de reincorporación en zona rural de La Macarena, Meta.
Además, advirtió la Misión, que por causa del conflicto armado y las actuaciones de los grupos ilegales, continúan las amenazas, confinamientos y desplazamientos forzados de comunidades en el Alto Baudó (Chocó), Roberto Payán (Nariño), Argelia y El Tambo (Cauca), así como hostigamientos a estaciones de Policía en el Norte del Cauca, poniendo en riesgo a la población civil. A lo denunciado por la Misión OEA, hay que agregar el asesinato de un campesino, integrante de un movimiento comunitario, junto con sus dos hijos menores de edad, en el municipio de Piamonte Cauca. Todos estos actos criminales se perpetraron en medio de las restricciones del COVID-19.
Por si lo anterior fuera poco, el Gobierno de Estados Unidos libra enfrentamientos contra el gobierno de Venezuela, acusa a la dirigencia de ese país de realizar actividades de narcotráfico, ofrece recompensas, amenaza con sus tropas; lo inaudito es que todo esto se produce en momentos de pandemia y de crisis.
En la mitad de este enfrentamiento está Colombia, entre la espada y la pared por problemas humanitarios y jurídicos, no por falta de definición sobre a quién se apoyará, pues es claro que el gobierno Duque decidió romper relaciones con el gobierno de Maduro y reconoció como presidente al señor Guaidó, quien goza de la aceptación del presidente Trump, aunque su “investidura” y capacidad para ayudar en la solución de las enormes necesidades de ambas naciones es nominal. Respecto a los problemas humanitarios, las medidas de prevención, atención, confinamiento, de salubridad para los venezolanos son muy difíciles, y precisamente, cuando se busca colaboración, flexibilización o restablecimiento de las relaciones diplomáticas, lo dispuesto por las autoridades norteamericanas en nada contribuye con este propósito, por el contario, hace que aumente la tensión diplomática y política entre Colombia y Venezuela. En cuanto a los problemas jurídicos, estamos frente a un asunto de soberanía y de atribuciones del ejecutivo, el territorio de un Estado es inviolable y un Gobierno no puede coartar a otro en el marco del Derecho Internacional Público, por más poderío económico y militar que tenga.
El Gobierno colombiano no puede apoyar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, ni hacer acuerdos para la guerra, sin autorización del Congreso de la República; ni disponer el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional sin permiso del Senado; el Gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado, no solo para el tránsito de tropas extrajeras, sino para la estación, tránsito de buques o aeronaves extranjeras de guerra en aguas o espacio aéreo colombiano. Del mismo modo, está prohibida la acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado; la Asamblea General de la ONU, instó a los Estados a que se abstengan de todo acto de agresión y de cualquier uso de la fuerza contrario a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados.
La preservación de la salud y la vida de las personas es preeminente para contrarrestar una pandemia que está golpeando al mundo, su antípoda es el conflicto armado interno y las acciones de los violentos, así como las decisiones de mantener o promover la guerra; estos son actos de barbarie insultantes para la conciencia de la humanidad, derivados del desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos, tal como lo señala el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento donde también se considera esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. En las actuales circunstancias de nuestro país, el Congreso de la República, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado deben ejercer sus funciones a plenitud, los controles políticos y jurídicos permiten garantizar que el poder del Presidente no se desborde o caiga en el autoritarismo; desde la sociedad civil hay que insistir con medios pacíficos, con el control ciudadano y de opinión para que los violentos y guerreristas no continúen con sus acciones demenciales.