El pasado 3 de octubre el Gobierno Nacional presentó la política de drogas que tiene la vocación de regir hasta el 2033. Además del proceso participativo y del evento simbólico de lanzamiento en El Tambo (Cauca) liderado por el presidente, la política incluye algunos elementos novedosos. En esta columna propongo una idea para implementar el eje de transformación territorial como estrategia de la política para eliminar los cultivos de uso ilícito. Desde el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) comentamos el resto de la política en este documento.
A pesar de incorporar aspectos innovadores para el contexto colombiano, como proponer que se permita la sustitución gradual de los cultivos en vez de exigir la erradicación total antes de recibir beneficios, el marco de la política mantiene el objetivo inalcanzable de eliminar la producción de cocaína. Poca novedad en ese aspecto.
Sin embargo, tanto el documento como el presidente, reconocen que no es posible abarcar todas las zonas cocaleras en los próximos tres años por las restricciones operativas y presupuestales del Gobierno. Este reconocimiento es un avance relevante para evitar repetir errores de políticas anteriores, como en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) diseñado en el marco del Acuerdo de Paz con las FARC, y el Ejecutivo tiene una oportunidad para avanzar en su implementación.
En la institucionalidad colombiana existe el Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal (CONPES) que tiene la responsabilidad de diseñar y aprobar las políticas públicas intersectoriales de mediano y largo plazo, y comprometer con acciones concretas a los sectores responsables del Gobierno Nacional. A pesar de las posibles críticas a este instrumento por sus limitaciones para ejecutar lo que queda consignado, existen múltiples virtudes asociadas a esta herramienta para ejecutar las intervenciones de iniciativa gubernamental.
En primer lugar, la aprobación del CONPES implica comprometer con acciones concretas a todos los sectores del Gobierno Nacional puesto que todos participan en el proceso. Este aspecto contribuye a resolver la desarticulación institucional, históricamente presente en la política de drogas, y que no es la excepción en esta administración. En segundo lugar, el análisis técnico demanda una cuantificación de los costos anuales asociados a las intervenciones propuestas, ausente hasta el momento en la política presentada. Tercero, permite un proceso de monitoreo y seguimiento público a las responsabilidades de cada uno de los sectores desde el Departamento Nacional de Planeación, sociedad civil, sector privado, y academia. El monitoreo ayuda a velar por el cumplimiento de la política aun cuando no es jurídicamente vinculante. Cuarto, debe incluir un plan de acción, con hechos y presupuestos, y una ruta de intervención de la política pública, también ausentes actualmente.
Por último, en caso de inversiones de mediano y largo plazo, bajo algunas condiciones, permite comprometer recursos a través de vigencias futuras. Este aspecto fortalecería el documento de política evitando que la siguiente administración tenga la tentación de no respaldarlo.
A pesar de los avances identificados en la política de drogas, aterrizar su implementación a través de herramientas de política pública es esencial, especialmente en un tema con diferencias políticas entre gobiernos e intervenciones que requieren continuidad.
Dos mensajes centrales, textuales, de la intervención del presidente Petro en El Tambo fueron: i) “Espero de los funcionarios la mayor de las audacias. No me interesa el ‘fue que, fue que, fue que’. Se vienen aquí, se reúnen. Ah, ¿que se cayó gordo el uno con el otro? Eso siempre sucede. No. Trabajan en equipo”, y ii) “Tenemos poco tiempo. ¿Cómo sentar las bases de una política más seria y efectiva?” En ese sentido, considero que parte de las respuestas a las demandas hechas por el presidente a sus funcionarios están en un CONPES de transformación territorial -con una focalización limitada en términos territoriales y número de hogares, y con recursos comprometidos para el corto y mediano plazo para avanzar en los cambios territoriales en las zonas priorizadas-.
Además de su carácter técnico y de ser una manera de implementar la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, el trámite de un CONPES de la nueva política de drogas puede consolidar un proceso participativo y ser un hecho político que el Gobierno del presidente Petro no debería dejar pasar.