De ofertas y demandas

Después de un mes y medio del alevoso paro de transportadores que nos perjudicó al generar alzas injustificadas en los precios de los productos básicos y, de nuevo, nos encerró en las ciudades por temor a los bloqueos y las amenazas en las carreteras, como en las épocas nefastas de las mal llamadas “pescas milagrosas” de las FARC, es necesario hacer algunas reflexiones.

Hemos sostenido que de firmarse el acuerdo de La Habana las protestas sociales y los paros como este serán una constante en nuestra vida diaria, ya que ese mecanismo será el favorito del nuevo movimiento político que surja dada la experiencia de los miembros actuales de las guerrillas.

Para enfrentar democráticamente estas estrategias será necesario, entre otras cosas, hacer pedagogía económica, para que la gente se apropie de los conceptos básicos de la economía de mercado.

Hoy muchos que por estar mal informados justifican las actitudes erradas de algunos. También, debo decir que cuando en las Universidades abordamos con nuestros alumnos el estudio de las causas que dificultan la eliminación de la pobreza, encontramos muchos equívocos por creer en un gran número que el Estado es solo proveedor soluciones.

En el caso que nos ocupa, debe quedar claro que los transportadores de carga se equivocaron al pensar que logarían rápidamente obtener su cometido.  Entendieron mal lo ocurrido con otras parálisis recientes, en las que el gobierno precipitadamente firmó acuerdos para evitarse mayores deterioros en sus índices de aprobación ciudadana.

No comprendieron que sus pretensiones de establecer tablas de fletes van en contravía de las leyes de la oferta y la demanda, además de vulnerar la libertad de empresa. Quisieron presentarse como los defensores de una mejor remuneración para los pequeños propietarios y desearon obtener respaldo popular para su proceder, pero fracasaron rotundamente.

El gobierno no puede aceptar tan absurdos planteamientos. De hacerlo, rompiendo elementales leyes de la economía, terminaría trasladando injustamente al consumidor final los costos de una falacia como esa.

Los transportadores obtendrían mayores ingresos deteriorando los bolsillos de las  familias y elevarían los costos del sector productivo haciéndolo menos competitivo.

Ojalá comprendieran para siempre, que el negocio que los ocupa es uno al que nadie los obligó a entrar y que, quienes se dediquen a él deben hacerlo entendiendo que la fijación del precio de su actividad dependerá siempre de la capacidad y calidad del servicio ofrecido, en función de la cantidad de carga a trasladar de un lugar a otro. Que los peajes, los precios del combustible, llantas y repuestos, variables que determinan su costo, solo  deben tenerlas presentes al negociar con el generador de la carga. Pero sobre todo que el Estado no tiene por qué intervenir en los acuerdos entre particulares.

La función del Estado para este caso, debe limitarse a otros aspectos, como la regulación de relaciones laborales justas entre los dueños de los vehículos y sus conductores, además de mantener razonablemente controlados los precios fijados por él y propiciar una buena infraestructura vial. Pero nada más.

Sea esta también está la oportunidad para advertir que la pedagogía económica debe extenderse a otros frentes, como los que impulsan las actividades de los emprendedores y el de la lucha contra los que promueven oligopolios y manipulan el mercado.

La fijación de los precios por el libre juego de la oferta y la demanda, además de la promoción de una sana competencia y el respeto sagrado a la propiedad privada, deben ser entendidas por todos.

Es la falta de aplicación de estos principios lo que tiene sumida a Venezuela en la calamitosa situación a la que hoy se enfrenta.