Desminado humanitario, obligación ética y moral: Rafael Colón
Para limpiar los territorios que han sido contaminados con minas antipersonal, es necesario un exitoso proceso de paz entre el Gobierno colombiano, las guerrillas de las Farc y del Eln.
General Rafael Colón*
Los colombianos debemos ser fieles con la nación que soñamos y para que nuestros sueños se hagan realidad existe una condición necesaria: la fidelidad con Colombia.
Para 2020 contaremos con una institucionalidad mucho más fuerte, con capacidad para dar respuesta a la profundización de las políticas públicas que reconstruirán el tejido social de las comunidades rurales.
Aunque cuatro años no son suficientes para consolidar la implementación de los acuerdos con las guerrillas de las Farc, sí es un buen espacio para fortalecer la institucionalidad responsable de la implementación de los acuerdos y de la estabilización de los territorios donde más intenso ha sido el conflicto.
Para limpiar los territorios que han sido contaminados con minas antipersonal, es necesario un exitoso proceso de paz entre el Gobierno colombiano, las guerrillas de las Farc y del Eln. Esa nueva realidad permitirá desminar aquellas áreas históricamente más vulnerables.
La Acción Contra Minas requiere, como acción humanitaria, espacios seguros para que la lógica del Desminado Humanitario facilite trabajar con todos: la población en terreno, las autoridades civiles, el sector privado, la Fuerza Pública y excombatientes de las guerrillas.
Este tipo de operaciones, complejas por su estricto nivel de coordinación, riqueza técnica y diversidad de actores, ya están en marcha. Durante los proyectos piloto de Desminado Humanitario, guerrilleros y militares han compartido espacios lúdicos y técnicos en medio del respeto; existe comprensión de visiones y percepciones.
La presencia de actores armados impide el desarrollo de la acción contra minas y es urgente que durante el posconflcito la institucionalidad ocupe todo el espacio geográfico donde ocurrió la confrontación a las guerrillas. Es preciso innovar, generar desarrollo, cuidar la población, impedir que la ilegalidad conserve incentivos. De lo contrario el crimen organizado podría utilizar minas para la seguridad de sus áreas de influencia.
Colombia registra cerca de 11.400 víctimas por minas y el cuarenta por ciento son pobladores rurales. Para poner el problema en su justa medida, establecimos los 199 municipios en los que existe el mayor nivel de afectación. Para resolverlo estudiamos el tamaño de la contaminación, revisamos la prevalencia de accidentes, incidentes, incautaciones de minas y hallazgos de municiones sin explosionar.
Para el Desminado Humanitario es una obligación ética y moral, concentrar la capacidad nacional durante los próximos cinco años en descontaminar los municipios de mayor afectación.
La Acción Contra Minas brinda la posibilidad de contribuir al desarrollo rural, en apoyo de otras políticas como la asistencia integral de las víctimas y la sustitución de cultivos de uso ilícito.
En todo este proceso la Fuerza Pública jugará un rol de primer orden.
Mientras existan incentivos para la criminalidad, los territorios enfrentarán enormes desafíos para la seguridad de sus ciudadanos; por eso es preciso contar con una Fuerza Pública sólida, que acompañe la institucionalidad que reconstruirá los territorios, donde se mantiene viva la esperanza con cicatrices y dolor.
*Ex-director de Acción Integral Contra Minas Antipersonal
Los colombianos debemos ser fieles con la nación que soñamos y para que nuestros sueños se hagan realidad existe una condición necesaria: la fidelidad con Colombia.
Para 2020 contaremos con una institucionalidad mucho más fuerte, con capacidad para dar respuesta a la profundización de las políticas públicas que reconstruirán el tejido social de las comunidades rurales.
Aunque cuatro años no son suficientes para consolidar la implementación de los acuerdos con las guerrillas de las Farc, sí es un buen espacio para fortalecer la institucionalidad responsable de la implementación de los acuerdos y de la estabilización de los territorios donde más intenso ha sido el conflicto.
Para limpiar los territorios que han sido contaminados con minas antipersonal, es necesario un exitoso proceso de paz entre el Gobierno colombiano, las guerrillas de las Farc y del Eln. Esa nueva realidad permitirá desminar aquellas áreas históricamente más vulnerables.
La Acción Contra Minas requiere, como acción humanitaria, espacios seguros para que la lógica del Desminado Humanitario facilite trabajar con todos: la población en terreno, las autoridades civiles, el sector privado, la Fuerza Pública y excombatientes de las guerrillas.
Este tipo de operaciones, complejas por su estricto nivel de coordinación, riqueza técnica y diversidad de actores, ya están en marcha. Durante los proyectos piloto de Desminado Humanitario, guerrilleros y militares han compartido espacios lúdicos y técnicos en medio del respeto; existe comprensión de visiones y percepciones.
La presencia de actores armados impide el desarrollo de la acción contra minas y es urgente que durante el posconflcito la institucionalidad ocupe todo el espacio geográfico donde ocurrió la confrontación a las guerrillas. Es preciso innovar, generar desarrollo, cuidar la población, impedir que la ilegalidad conserve incentivos. De lo contrario el crimen organizado podría utilizar minas para la seguridad de sus áreas de influencia.
Colombia registra cerca de 11.400 víctimas por minas y el cuarenta por ciento son pobladores rurales. Para poner el problema en su justa medida, establecimos los 199 municipios en los que existe el mayor nivel de afectación. Para resolverlo estudiamos el tamaño de la contaminación, revisamos la prevalencia de accidentes, incidentes, incautaciones de minas y hallazgos de municiones sin explosionar.
Para el Desminado Humanitario es una obligación ética y moral, concentrar la capacidad nacional durante los próximos cinco años en descontaminar los municipios de mayor afectación.
La Acción Contra Minas brinda la posibilidad de contribuir al desarrollo rural, en apoyo de otras políticas como la asistencia integral de las víctimas y la sustitución de cultivos de uso ilícito.
En todo este proceso la Fuerza Pública jugará un rol de primer orden.
Mientras existan incentivos para la criminalidad, los territorios enfrentarán enormes desafíos para la seguridad de sus ciudadanos; por eso es preciso contar con una Fuerza Pública sólida, que acompañe la institucionalidad que reconstruirá los territorios, donde se mantiene viva la esperanza con cicatrices y dolor.
*Ex-director de Acción Integral Contra Minas Antipersonal