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Cada 9 de abril el país hace una pausa para recordar a las víctimas. Pero recordar no es reparar. Y conmemorar, cuando no se tiene en el horizonte la reparación integral, corre el riesgo de darle la espalda a las víctimas. El Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas se ha consolidado como un espacio necesario de reparación simbólica en Colombia, un recordatorio anual de las profundas heridas que aún marcan.
Sin embargo, detrás de los discursos oficiales, la actuación del Estado ha contribuido a que esta reparación, en algunos casos, se estanque en lo superficial. Mientras el sistema de justicia transicional busca esclarecer los hechos, la política criminal y exterior opera en contravía, alejando a los máximos responsables del escrutinio nacional. Esta contradicción que sacrifica la verdad de las víctimas para cumplir con cuotas de persecución del narcotráfico en el extranjero, tiene un nombre propio: la extradición.
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El envío sistemático de máximos victimarios del conflicto armado para que respondan en tribunales extranjeros, casi exclusivamente por delitos de tráfico de drogas, ha bloqueado de tajo el acceso a la verdad. Esta práctica ha impedido que las medidas para las víctimas trasciendan de lo simbólico hacia una reparación integral. De poco nos sirve el diseño de un andamiaje de justicia transicional, si las víctimas no pueden acceder efectivamente a la verdad, carecemos como país, de condiciones reales para que los victimarios contribuyan al esclarecimiento de los hechos cuando son subidos a un avión con un expediente que reduce décadas de barbarie a un kilo de cocaína.
Sin embargo, allí donde el Estado no presta atención, las víctimas interponen su resistencia. Su dignidad se ha convertido en una lucha constante para que sus historias pesen más que los acuerdos diplomáticos. Ya la experiencia nos habla de que mediante el uso de la tutela buscaron evitar la extradición, realizaron acciones jurídicas en Estados Unidos, e incluso visitaron a los extraditados para recabar los testimonios que en alguna medida lograran aportar a la garantía de sus derechos.
Esa misma dignidad se materializó en el caso reciente de alias “Otoniel”, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022. Sus víctimas, lejos de resignarse al silencio que impone la distancia física y la judicial, aportaron al proceso testimonios directos en los que narran las atrocidades sufridas bajo el mando de quien ahora respondía exclusivamente por narcotráfico ante una corte estadounidense.
Lo que revelan esos testimonios es un mapeo concreto de derechos humanos violentados que el Estado tiene la obligación de garantizar y que la extradición contribuye a invisibilizar.
El derecho a la vida fue arrebatado sin contemplación. David fue ejecutado por miembros del Clan del Golfo. John Gelber Rojas Colmenares murió por un artefacto explosivo que le destrozó cabeza y abdomen. Milton Eliecer Flórez Arcila fue asesinado ejerciendo sus funciones como policía de la DIJIN. Tres vidas, un solo responsable que hoy rinde cuentas en un idioma que sus víctimas no hablan, por un delito que no nombra sus nombres.
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Después de la muerte quedan las familias rotas. La compañera de David y sus dos hijos perdieron el centro de su núcleo. La esposa de Rojas Colmenares describe cómo su hija perdió la oportunidad de crecer con su padre. La familia de Flórez Arcila lo resume sin necesidad de interpretación jurídica: “no acabó con una vida sino con la vida de todos”. Padres, hermanos, hijos e infancias quedaron fragmentadas.
La conmemoración de esta semana debería recordarnos los fines de la reparación y la verdad: las víctimas. Estas que al alzar sus voces no pedían un milagro sino ser escuchadas, que se reconocieran las violaciones cometidas bajo su mando y que se abriera alguna puerta hacia la verdad que la extradición les cerró de golpe.
Este es un llamado al Estado colombiano. La conmemoración no puede agotarse en lo simbólico. Las medidas de satisfacción no transforman. La reparación integral exige trascender los discursos hacia acciones que busquen restablecer a las víctimas. Mientras el Estado siga subiendo victimarios a aviones con expedientes que reducen masacres a gramos, la reparación seguirá siendo efímera.
*María Alejandra Saavedra, investigadora de Elementa DDHH
**Esteban Linares, investigador de Elementa DDHH
***Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.
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