El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y siempre es una buena oportunidad para generar reflexiones en torno al estado en que está la garantía de los derechos de esta población, históricamente excluida del debate público.
En el marco de esta fecha, la Jurisdicción Especial para la Paz adelantó un conversatorio con personas que hemos venido trabajando en este tema desde diferentes ópticas. El intercambio resultó ser muy interesante y deja unos elementos clave sobre cómo se ha asumido desde EL Sistema Integral para la Paz el reconocimiento del cruce que existe entre el conflicto armado y la discapacidad.
La Comisión de la Verdad en su informe final no incorporó como una categoría temática especifica la discapacidad. Aunque en efecto hay relatos y referencias al tema a lo largo de los diversos tomos, informes de organizaciones y un texto que se lanzó a fines del año pasado sobre este asunto, lo cierto es que la Comisión perdió la oportunidad excepcional de convertirse en la primera instancia de ese tipo en el mundo que se refiriera de forma puntual y directa a la discapacidad, a pesar de tratarse de una situación de gran frecuencia en los conflictos armados cuyos impactos son particularmente desproporcionados en la vida de las personas que la sufren.
Fue por eso que, dentro de los temas conversados resultó particularmente interesante conocer los esfuerzos que desde la JEP se están haciendo para incorporar en el estudio de los macro casos la perspectiva de discapacidad y cómo esa es una condición que no solo ha sido una consecuencia del conflicto armado, sino que también fue una causal para la selección de víctimas que sufrieron las prácticas conocidas como falsos positivos. El análisis que se está haciendo frente a las circunstancias de este tipo de violencia lleva a concluir que existe una postura particularmente grave y cruel en la cual los perpetradores consideraron que ciertas vidas tenían un menor valor que otras, lo que les facilitaba la práctica y la impunidad a partir de considerar que se trataba de personas menos relevantes, que nadie extrañaría, en unas lógicas capacitistas de limpieza social que muestran ineludiblemente el nivel de ruptura ética que ha caracterizado un conflicto profundamente degradado y deshumanizado.
Sin embargo, en la conversación también fue evidente la dificultad que aún existe en los operadores judiciales para proveer garantías de acceso a la justicia con perspectiva diferencial que reconozcan la capacidad plena de las personas con discapacidad, la necesidad de adoptar ajustes razonables y proveer apoyos para garantizar una participación significativa en los procesos que les conciernen. La necesidad de concientización para derribar barreras actitudinales, adaptar la información y los mecanismos de comunicación a las diversas necesidades que tiene la población con discapacidad, entre otros, siguen representando retos enormes para la administración de justicia.
En los próximos meses el mayor desafío respecto de comparecientes y víctimas con discapacidad será el establecimiento, por parte de la JEP, de sanciones propias y TOAR (trabajos, obras y actividades con contenido restaurador/reparador). Para ello, además de reconocer las particularidades de las discapacidades involucradas, conocer los contextos y las intersecciones de otras formas de vulnerabilidad que confluyen muchas veces en esta población, será fundamental poner en práctica el reconocimiento de la capacidad legal plena que todas las personas con discapacidad tienen tanto para participar en los procesos, como para contribuir a establecer el tipo de sanciones que pueden cumplir, en el caso de los comparecientes, y que se requieren para atender los impactos de la discapacidad, en el caso de las víctimas. El diálogo constructivo entre las partes de estos procesos, con perspectiva restaurativa y transformadora que promueva la no repetición, es un mecanismo indispensable para hacer de las sanciones verdaderas herramientas de construcción de paz.
La forma cómo la justicia transicional se posicione ante un tema de marginación -que en sí mismo ha sido marginado- será también muestra del tipo de sociedad hacia la cual queremos que se mueva Colombia que, en línea con nuestra Constitución y los acuerdos de paz, debe fundarse en la dignidad humana y propender por la convivencia, la tolerancia, la pluralidad y la diversidad. Ello solo podrá ser posible si se le otorga un lugar notorio a la realidad de la discapacidad como efecto evidente de nuestro conflicto, cuyos impactos deben reconocerse y abordarse con perspectiva de derechos humanos. Es indispensable reconstruir, mediante ejercicios colectivos, dialógicos y de base comunitaria, el tejido social que el conflicto creó y cuyas consecuencias quedaron impresas en los cuerpos de tantas personas en Colombia. Además, el Estado, como agente fundamental en la construcción de paz está llamado a generar las condiciones de accesibilidad, de garantía y de protección de la población con discapacidad emergida del conflicto colombiano, llegando con oferta y servicios pertinentes, a esos territorios en los que su abandono permitió los excesos de la guerra.
*Directora PAIIS Universidad de los Andes