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El Consejo Nacional Electoral entregó credenciales a quienes liderarán la gestión administrativa en 1.102 alcaldías en todo el país. Entre los más de mil municipios en Colombia, hay un número que no puede pasarse por alto: 170 de ellos son considerados parte del mecanismo de planificación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) diseñado en el Acuerdo de Paz, buscando así garantizar su transformación.
Estos territorios, comúnmente denominados PDET, se dividen en 16 subregiones que incluyen cuatro ciudades capitales: Santa Marta, Valledupar, Florencia y San José del Guaviare. Tienen una densidad demográfica de al menos 6.6 millones de personas y comparten, entre otras cosas, el ser territorios que vivieron décadas en conflicto, albergando el mayor número de víctimas de la violencia y sufriendo los índices más altos de pobreza multidimensional, según el DANE.
Sin embargo, durante los siete años de implementación del Acuerdo Final de Paz, estos municipios no han sido prioridad. No solo persisten las características que justificaron su selección, sino que el Estado ha sido poco efectivo en generar celeridad en las transformaciones estructurales. En la reciente contienda electoral, muy pocos programas de gobierno departamental hicieron mención especial a estos territorios o al proceso de articulación con la Agencia de Renovación del Territorio (ART). De los 19 departamentos que albergan estos municipios, solo tres programas de gobierno presentados - Bolívar, Chocó y Nariño - tienen un alcance sobre la importancia de esta política, especialmente en temas de pobreza, dignificación de las víctimas, o diseño e implementación de mecanismos para la cofinanciación de proyectos priorizados en el Acuerdo de Paz y es, precisamente, el compromiso de cumplimiento de estos programas por parte de los gobiernos electos lo que se convierte en una esperanza para dichas regiones, ya que estos tres departamentos cubren el 24% de los 170 municipios priorizados desde 2016.
Al analizar el panorama local en cada una de estas alcaldías, el escenario se torna más complejo. Para muchos sectores políticos y la ciudadanía, una de las necesidades identificadas era que para lograr una transformación real debería existir una mayor participación e inversión estatal. Como es costumbre, las maniobras electorales permiten que las alianzas se den incluso entre quienes en décadas pasadas era impensable su participación conjunta en política, como ocurrió en Tame, Arauca; Remedios, Antioquia; o Guamo, Bolívar. Esto permitió que partidos como el Liberal obtuvieran 14 alcaldías directamente y participaran en alianzas en 18 más, o el partido Conservador, que también obtuvo 14 alcaldías y 25 en alianza, teniendo presencia en 47 municipios, representando el 27% del total; convirtiéndose en los grandes ganadores de la jornada.
En cuanto a lo que podrían considerarse sectores políticos alternativos o partidos afines al gobierno, colectividades como el partido Verde obtuvieron 6 alcaldías directamente y 11 en alianzas; nuevos partidos como la Fuerza de la Paz obtuvieron 5 y 10 más producto de convergencias; el partido Independientes obtuvo 2, el Pacto Histórico uno, la Colombia Humana uno en el municipio de Teorama, 3 del Polo Democrático y 6 de MAIS, representando apenas el 14% de los municipios que demandan con urgencia una transformación estructural.
Otro factor que afecta a estos territorios son las nuevas conflictividades debido a la presencia de nuevos grupos armados, donde se pensaba que la guerra era cosa del pasado. Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta en Córdoba son zonas de disputa entre las AGC y disidencias por esa gobernanza criminal regional. El incumplimiento de las obligaciones estatales ha sido caldo de cultivo para que renazcan discursos basados en el antiguo modelo de seguridad, donde la solución militar está al orden del día, como se evidencia en los programas de gobierno en algunos municipios PDET en el Meta.
La única salida, si se quiere cumplir con los plazos estimados del programa de desarrollo y ofrecer soluciones palpables, es la implementación integral del Acuerdo Final, pasando por la actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional, superando las denuncias por corrupción, cumpliendo con las obras en marcha, dando mayor participación directa a las comunidades y concretando nuevas fuentes de financiación, incluso más allá del Sistema General de Participaciones (SGP). Sin cambios, la vieja clase política continuará reciclando el modelo clientelar, y los factores de violencia, exclusión y pobreza persistirán.