30 Jun 2021 - 7:36 p. m.

Don Jaime se fue sin saber la verdad

La última vez que vi a don Jaime Peña fue apenas hace unas semanas, en la misa por los 23 años de la masacre del 16 de mayo en Barrancabermeja. Por primera vez en varios años lo vi agotado y envejecido. Me dijo que estaba perdiendo la esperanza de encontrar a su hijo, que faltaba mucha verdad y justicia, que había que insistir para saber quiénes habían ordenado la matanza.

Don Jaime murió la noche del 24 de junio, luego de esperar casi dos días por una cama UCI. Se fue sin encontrar el cuerpo de su muchacho, Jaime Yesid Peña; sin que el Estado lo reconociera como víctima del conflicto; sin que los militares y policías, cómplices de la masacre, fueran condenados por los asesinatos y las desapariciones.

Por buscar a los desaparecidos y reclamar justicia, desde la masacre, han sido asesinados siete familiares de las víctimas. Como don Jaime, al menos otros ocho han muerto por enfermedades, en medio de la incertidumbre por la búsqueda de verdad y reparación.

Han pasado 23 años de una enorme incapacidad estatal para responder a las familias de las 32 víctimas de esa noche de sábado de mayo de 1998. Los paramilitares recorrieron varios barrios de Barrancabermeja para matar a siete personas y llevarse a otras 25, entre ellas, Jaime Yesid, que tenía solo 16 años. Lo hicieron en complicidad con militares del Batallón Nueva Granada y con el departamento de Policía del Magdalena Medio.

Lo que se sabe, por el proceso de Justicia y Paz, es que fue una acción conjunta entre paramilitares y la fuerza pública para atacar a las FARC y el ELN, que tenían una fuerte presencia en la ciudad. También se sabe que los muertos y desaparecidos no tenían nada que ver con las guerrillas, sino que fueron escogidos aleatoriamente.

Según testimonios de desmovilizados en Justicia y Paz, a las víctimas que se llevaron, las retuvieron en una finca en los límites entre los municipios de Sabana de Torres y Rionegro para asesinarlas durante las siguientes semanas y desaparecer sus cuerpos. Con las confesiones de los ‘paras’, se han podido recuperar fragmentos de nueve cuerpos.

Don Jaime, junto a sus compañeras y compañeros del Colectivo 16 de Mayo, gastó su vida y los pocos recursos que tenía para tratar de encontrar a su hijo. Hace cuatro años, cuando comenzó el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, don Jaime y los otros familiares tuvieron la esperanza de que por fin podrían encontrar a los suyos. Pero con la pandemia, todo volvió a la lentitud de siempre.

El tiempo pasa y los familiares se hacen cada vez más viejos y vulnerables a enfermedades como el covid. Los victimarios que saben la verdad también han ido muriendo y la zona donde pueden estar los cuerpos de los desaparecidos ha ido cambiando. Gran parte del terreno que las víctimas tienen identificado para buscar los restos está apunto de volverse un enorme cultivo de palma aceitera y maíz. Como ha ocurrido en otros lugares del país, la alfombra verde de algún negocio agroindustrial se extiende para desaparecer otra vez a los desaparecidos, sin que el Estado haga algo para hacer valer los derechos de las víctimas.

A la crueldad de sufrir los duros efectos de la desaparición forzada de sus familiares, hay que sumar la falta de reparación. Los miembros del Colectivo 16 de Mayo insisten en que no deben volver a contar todo lo que han pasado ante la Unidad de Víctimas, ya que lo han hecho varias veces ante la Fiscalía. Este gesto de dignidad les ha costado que los mantengan excluidos del registro de víctimas del Estado y por lo tanto de las garantías que les da la ley.

Y tampoco ha habido verdad ni justicia. El jefe paramilitar Guillermo Cristancho, alias ‘Camilo Morantes’, uno de los responsables de los crímenes, fue asesinado el año siguiente, en 1999, por orden de Carlos Castaño. Lo poco que se sabe, lo han dicho los ‘paras’ que se desmovilizaron. Marío Jaimes Mejía, alias ‘el Panadero’, dijo en el proceso de Justicia y Paz que policías, militares y miembros del extinto DAS, participaron en la masacre.

En 2013, la justicia expidió orden de captura contra el coronel Joaquín Correa, director del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Duró más de cinco años prófugo, hasta que fue capturado en 2019, e inmediatamente solicitó el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP lo admitió, pero le negó la libertad en tres ocasiones, hasta que no se comprometiera a hacer aportes significativos a la verdad. Correa murió hace tres semanas, la primera semana de junio de 2021, sin contar lo que sabía.

Quedan varios militares del Ejército en la JEP que pueden aportar verdad, entre ellos el mayor retirado Oswaldo Prada Escobar y capitán retirado Antonio Enrique Daza Camacho.

Aunque hay señalamientos a políticos y empresarios de la ciudad, no se sabe prácticamente nada sobre su participación en estos crímenes que abrieron la puerta al paramilitarismo. Falta mucho por conocer de los responsables de esta masacre, de los restos de las víctimas y el tiempo sigue pasando en contra de los familiares de los asesinados y desaparecidos.

El pasado 16 de mayo, don Jaime y sus compañeros y compañeras, entre ellas las valientes Luz Almanza y Rocío Campos, volvieron a organizar una ceremonia para recordar a los suyos. Como todos los años rebuscaron algunos recursos con mucho esfuerzo para mantener viva la memoria de sus familiares, para que sus nombres y sus vidas no se olviden. Don Jaime me contó que estaba buscando dinero para renovar el monumento con los rostros de las víctimas y tener la tranquilidad de que la ciudad siempre los recordara. Se fue sin lograr tantas cosas, pero dejando una vida ejemplar de liderazgo que resistió ante la indolencia y abandono del Estado.

Dedicada a mi amigo, Jaime Peña, a su familia y a todos los miembros del Colectivo 16 de Mayo. Pueden escuchar su historia de su propia voz en Rutas del Conflicto.

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