El ejercicio de construcción de memoria implica una necesaria participación de diversos actores con desiguales recursos. Esto convierte a la memoria en un campo esencialmente político en donde, muchos afirman, que el Estado debe adoptar una postura pasiva para evitar favorecer una versión.
En nuestro caso, la violencia estructural, cultural y directa, ha llevado a que la memoria sea un espacio asimétrico que ha resultado en la ocultación de voces. En consecuencia, sería insostenible asentir a que el Estado colombiano se limite a una pavorosa pasividad. Por el contrario, éste tiene un claro deber de memoria en garantía de los derechos constitucionales de participación e igualdad, así como los fines y espíritu del Acuerdo Final de Paz con las Farc.
Aunque a mediados del siglo XX se hayan privilegiado políticas de olvido, hemos tenido transcendentales vehículos para el esclarecimiento de la verdad que admitirían la existencia tácita de este deber: el grupo de los “violentólogos” en los 80; la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación; la Comisión de la Verdad de los Hechos del Palacio de Justicia; el Centro Nacional de Memoria Histórica; y la Comisión histórica en el marco de los diálogos de paz.
Ahora bien, aún tenemos un largo trayecto que recorrer. La recién creada Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, colige las lecciones aprendidas para afrontar alguno retos sustanciales:
- Tiene un corto periodo de tres años para esclarecer lo sucedido durante “el conflicto”. Con esto, el establecimiento de un criterio de priorización temporal resulta clave para remover la apariencia de su mandato como misión irrealizable.
- Debe evadir, a toda costa, realizar un “copiar y pegar” de lo que ya se ha dicho por quienes lo han dicho, sin perjuicio a que se nutra de lo realizado previamente.
- El conflicto persiste con otros actores armados: vivir entre fuegos, y el temor que esto concibe, ha sido uno de los porqués para que muchos opten por un sigiloso, cauteloso y prudente silencio.
- Correr el velo y descubrir verdades ocultas en este escenario, puede ser un detonante de nuevos ciclos de violencia.
- Con el proyecto de ley recientemente presentado por el Centro Democrático podríamos hablar de un quinto riesgo. Al buscar limitar el acceso a documentación reservada, de inteligencia o de seguridad nacional a la Comisión de la Verdad, así como a la JEP y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, estaríamos ante una clara reducción de competencias que derivaría en una verdad, judicial y extra judicial, completamente fragmentada. Cabe recordar que, partiendo de los principios internacionales sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información (Principios de Tshwane), nuestro propio marco jurídico señala que una tal reserva no es absoluta y que, tratándose de casos de violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, esta no opera.
*Abogada y especialista en Resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana y Maestra en Derecho Internacional Humanitario de la Geneva Academy
El ejercicio de construcción de memoria implica una necesaria participación de diversos actores con desiguales recursos. Esto convierte a la memoria en un campo esencialmente político en donde, muchos afirman, que el Estado debe adoptar una postura pasiva para evitar favorecer una versión.
En nuestro caso, la violencia estructural, cultural y directa, ha llevado a que la memoria sea un espacio asimétrico que ha resultado en la ocultación de voces. En consecuencia, sería insostenible asentir a que el Estado colombiano se limite a una pavorosa pasividad. Por el contrario, éste tiene un claro deber de memoria en garantía de los derechos constitucionales de participación e igualdad, así como los fines y espíritu del Acuerdo Final de Paz con las Farc.
Aunque a mediados del siglo XX se hayan privilegiado políticas de olvido, hemos tenido transcendentales vehículos para el esclarecimiento de la verdad que admitirían la existencia tácita de este deber: el grupo de los “violentólogos” en los 80; la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación; la Comisión de la Verdad de los Hechos del Palacio de Justicia; el Centro Nacional de Memoria Histórica; y la Comisión histórica en el marco de los diálogos de paz.
Ahora bien, aún tenemos un largo trayecto que recorrer. La recién creada Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, colige las lecciones aprendidas para afrontar alguno retos sustanciales:
- Tiene un corto periodo de tres años para esclarecer lo sucedido durante “el conflicto”. Con esto, el establecimiento de un criterio de priorización temporal resulta clave para remover la apariencia de su mandato como misión irrealizable.
- Debe evadir, a toda costa, realizar un “copiar y pegar” de lo que ya se ha dicho por quienes lo han dicho, sin perjuicio a que se nutra de lo realizado previamente.
- El conflicto persiste con otros actores armados: vivir entre fuegos, y el temor que esto concibe, ha sido uno de los porqués para que muchos opten por un sigiloso, cauteloso y prudente silencio.
- Correr el velo y descubrir verdades ocultas en este escenario, puede ser un detonante de nuevos ciclos de violencia.
- Con el proyecto de ley recientemente presentado por el Centro Democrático podríamos hablar de un quinto riesgo. Al buscar limitar el acceso a documentación reservada, de inteligencia o de seguridad nacional a la Comisión de la Verdad, así como a la JEP y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, estaríamos ante una clara reducción de competencias que derivaría en una verdad, judicial y extra judicial, completamente fragmentada. Cabe recordar que, partiendo de los principios internacionales sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información (Principios de Tshwane), nuestro propio marco jurídico señala que una tal reserva no es absoluta y que, tratándose de casos de violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, esta no opera.
*Abogada y especialista en Resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana y Maestra en Derecho Internacional Humanitario de la Geneva Academy