Por Sergio Ruano*
Durante los últimos meses, la situación del proceso de reincorporación social y económica para excombatientes de las FARC-EP ha sido compleja. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, un manto de dudas persiste en los antiguos Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR-, que perdieron vigencia el pasado 15 de agosto. Las principales incógnitas se pueden agrupar en: vigencia de los espacios, seguridad y adquisición de tierras para el desarrollo de los procesos productivos.
Además, el nuevo contexto nacional exhibe, a su vez, nuevos riesgos para garantizar el proceso de reincorporación. La declaración de Márquez, Santrich y el Paisa, a partir de la necesidad de reclutar miembros para la nueva guerrilla, es quizá el hecho que representa mayor preocupación frente a la garantía de seguridad, por represalia de la guerrilla, o a la reincidencia de excombatientes.
Iván Duque, presidente de la república, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización -ARN-, en cabeza de Andrés Stapper y el Consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, han enviado mensajes confusos. Inicialmente, justo después del vencimiento de los ETCR, el presidente Iván Duque precisó que los mecanismos para que los ETCR hagan tránsito a la legalidad se mantenían, por el tiempo que fuera necesario. Sin embargo, Andrés Stapper y Archila no han aclarado los puntos de traslado a la opinión pública.
En esta confusa historia, el pasado 9 de septiembre, apareció un supuesto rayo de luz. El Departamento Administrativo de la Presidencia expidió el Decreto 1629, por medio del cual se adicionaron funciones a la ARN para garantizar los procesos de reincorporación en los antiguos ETCR. Este decreto facultó a la ARN para: “administrar los inmuebles que requiera la Fuerza Pública (…)” y, para “administrar los bienes y servicios, así como establecer los suministros necesarios para adelantar el proceso de reincorporación (…)”.
La incertidumbre parecía acabar. Sin embargo, las dudas persistieron, principalmente por dos razones. Primero, el decreto aclara la competencia de la ARN para mantener la seguridad de los ETCR, garantizando la permanencia de la fuerza pública en los territorios donde se encuentran actualmente o donde serán reubicados, hecho que genera confianza para aquellos excombatientes que pueden sufrir amenazas a su seguridad. Sin embargo, el decreto nunca aclaró la vigencia de esta administración.
De esta forma, a pesar de que el objetivo de garantizar mínima seguridad se cumple y la administración de la ARN facilitaría la coordinación con la fuerza pública, el no aclarar la vigencia, redunda en mayor incertidumbre y limita su alcance. El gobierno nacional se comprometió a adelantar la vigencia de estos espacios hasta 2020, pero es solo una declaración que carece de fuerza vinculante pues no ha sido desarrollada jurídicamente, tal como la promesa de que los ETCR se incorporarían a los municipios. En últimas, todo se ha reducido a promesas.
En segundo lugar, frente a la facultad de administrar los bienes por parte de la ARN, el alcance del decreto también es limitado a los bienes existentes: Víveres secos y frescos, arriendo predios ETCR, saneamiento básico, inmuebles para ubicar a FFMM y servicios públicos. En el decreto nunca se aclaró la responsabilidad de adquirir nuevos terrenos para adelantar los proyectos productivos que no lograron avanzar, desde hace un par de años, por problemas sobre la titularidad de la tierra. De hecho, algunos ETCR presentaban dificultades con la tierra cuando los espacios se traslapaban con resguardos indígenas, territorios colectivos, zonas de reserva o simplemente cuando era imposible negociar el terreno por parte del gobierno nacional.
Así las cosas, no hay claridad sobre cuáles son los ETCR que deberán ser reubicados; ni el proceso para que se incorporen a los municipios como veredas, corregimientos o centros poblados rurales; ni el tiempo por el cual permanecerán (en este momento ni siquiera tienen nombre); ni cómo adquirir nuevos terrenos para adelantar proyectos productivos inconclusos; ni cómo se va a entregar los terrenos adquiridos por ARN a los excombatientes, entre otras múltiples inquietudes. Y el decreto, no logró resolver esas dudas.
No obstante, creo también necesario resaltar que ese escenario de incertidumbre ha permitido “el surgimiento de procesos de autogestión y articulación entre diferentes actores en pro de la reincorporación”, en palabras del informe Instituto Kroc. Por ejemplo, los excombatientes, en algunos ETCR, para adelantar sus proyectos productivos, han negociado la tierra con gobernaciones, concejos, empresas y hasta sacerdotes. Los alcaldes, gobernadores, empresas y algunos particulares han demostrado estar interesados y han apoyado estas iniciativas. Hechos que nos dejan con una duda resuelta, los excombatientes buscan seguir adelante con el proceso de reincorporación.
No quiero decir con esto que el gobierno nacional no haya mostrado interés en el proceso de reincorporación social y económica de excombatientes, por el contrario, si lo ha hecho. Sin embargo, su apoyo se ha quedado solo en promesas, a veces contradictorias. En conclusión, quiero resaltar que persiste una necesidad apremiante de entregar un marco regulatorio claro que permita suplir, de algún modo, la incertidumbre para aquellos excombatientes comprometidos con la paz.
*Investigador de Dejusticia
Por Sergio Ruano*
Durante los últimos meses, la situación del proceso de reincorporación social y económica para excombatientes de las FARC-EP ha sido compleja. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, un manto de dudas persiste en los antiguos Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR-, que perdieron vigencia el pasado 15 de agosto. Las principales incógnitas se pueden agrupar en: vigencia de los espacios, seguridad y adquisición de tierras para el desarrollo de los procesos productivos.
Además, el nuevo contexto nacional exhibe, a su vez, nuevos riesgos para garantizar el proceso de reincorporación. La declaración de Márquez, Santrich y el Paisa, a partir de la necesidad de reclutar miembros para la nueva guerrilla, es quizá el hecho que representa mayor preocupación frente a la garantía de seguridad, por represalia de la guerrilla, o a la reincidencia de excombatientes.
Iván Duque, presidente de la república, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización -ARN-, en cabeza de Andrés Stapper y el Consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, han enviado mensajes confusos. Inicialmente, justo después del vencimiento de los ETCR, el presidente Iván Duque precisó que los mecanismos para que los ETCR hagan tránsito a la legalidad se mantenían, por el tiempo que fuera necesario. Sin embargo, Andrés Stapper y Archila no han aclarado los puntos de traslado a la opinión pública.
En esta confusa historia, el pasado 9 de septiembre, apareció un supuesto rayo de luz. El Departamento Administrativo de la Presidencia expidió el Decreto 1629, por medio del cual se adicionaron funciones a la ARN para garantizar los procesos de reincorporación en los antiguos ETCR. Este decreto facultó a la ARN para: “administrar los inmuebles que requiera la Fuerza Pública (…)” y, para “administrar los bienes y servicios, así como establecer los suministros necesarios para adelantar el proceso de reincorporación (…)”.
La incertidumbre parecía acabar. Sin embargo, las dudas persistieron, principalmente por dos razones. Primero, el decreto aclara la competencia de la ARN para mantener la seguridad de los ETCR, garantizando la permanencia de la fuerza pública en los territorios donde se encuentran actualmente o donde serán reubicados, hecho que genera confianza para aquellos excombatientes que pueden sufrir amenazas a su seguridad. Sin embargo, el decreto nunca aclaró la vigencia de esta administración.
De esta forma, a pesar de que el objetivo de garantizar mínima seguridad se cumple y la administración de la ARN facilitaría la coordinación con la fuerza pública, el no aclarar la vigencia, redunda en mayor incertidumbre y limita su alcance. El gobierno nacional se comprometió a adelantar la vigencia de estos espacios hasta 2020, pero es solo una declaración que carece de fuerza vinculante pues no ha sido desarrollada jurídicamente, tal como la promesa de que los ETCR se incorporarían a los municipios. En últimas, todo se ha reducido a promesas.
En segundo lugar, frente a la facultad de administrar los bienes por parte de la ARN, el alcance del decreto también es limitado a los bienes existentes: Víveres secos y frescos, arriendo predios ETCR, saneamiento básico, inmuebles para ubicar a FFMM y servicios públicos. En el decreto nunca se aclaró la responsabilidad de adquirir nuevos terrenos para adelantar los proyectos productivos que no lograron avanzar, desde hace un par de años, por problemas sobre la titularidad de la tierra. De hecho, algunos ETCR presentaban dificultades con la tierra cuando los espacios se traslapaban con resguardos indígenas, territorios colectivos, zonas de reserva o simplemente cuando era imposible negociar el terreno por parte del gobierno nacional.
Así las cosas, no hay claridad sobre cuáles son los ETCR que deberán ser reubicados; ni el proceso para que se incorporen a los municipios como veredas, corregimientos o centros poblados rurales; ni el tiempo por el cual permanecerán (en este momento ni siquiera tienen nombre); ni cómo adquirir nuevos terrenos para adelantar proyectos productivos inconclusos; ni cómo se va a entregar los terrenos adquiridos por ARN a los excombatientes, entre otras múltiples inquietudes. Y el decreto, no logró resolver esas dudas.
No obstante, creo también necesario resaltar que ese escenario de incertidumbre ha permitido “el surgimiento de procesos de autogestión y articulación entre diferentes actores en pro de la reincorporación”, en palabras del informe Instituto Kroc. Por ejemplo, los excombatientes, en algunos ETCR, para adelantar sus proyectos productivos, han negociado la tierra con gobernaciones, concejos, empresas y hasta sacerdotes. Los alcaldes, gobernadores, empresas y algunos particulares han demostrado estar interesados y han apoyado estas iniciativas. Hechos que nos dejan con una duda resuelta, los excombatientes buscan seguir adelante con el proceso de reincorporación.
No quiero decir con esto que el gobierno nacional no haya mostrado interés en el proceso de reincorporación social y económica de excombatientes, por el contrario, si lo ha hecho. Sin embargo, su apoyo se ha quedado solo en promesas, a veces contradictorias. En conclusión, quiero resaltar que persiste una necesidad apremiante de entregar un marco regulatorio claro que permita suplir, de algún modo, la incertidumbre para aquellos excombatientes comprometidos con la paz.
*Investigador de Dejusticia